CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, podría pasar otros 14 años en la cárcel, hasta 2032, si el juez Hugo Núñez, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, confirma que debe terminar de cumplir su condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Este viernes la Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó suspender el reingreso en prisión del expresidente mientras se resuelve la apelación presentada por su abogado a la anulación de su indulto. Núñez dio a la defensa de Fujimori un plazo de cinco días para presentar los fundamentos de la apelación a su sentencia que anulaba el indulto que el exmandatario gozaba desde la Navidad pasada, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se lo concedió bajo serias sospechas de tratarse de un acuerdo político. El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, acusó al juez Núñez de actuar sin humanidad con el expresidente por no atender el efecto de dejar suspendida la ejecución de la sentencia emitida el miércoles 3 en primera instancia hasta que una instancia superior resuelva la apelación. “Le solicitábamos al juez que, en vías de una aplicación progresiva, se atendiera el hecho de que estamos ante una persona de edad avanzada y patologías diversas”, comentó Pérez en el Canal N. No obstante, consideró que el magistrado sí actuó de manera humanitaria al atender el recurso contra el indulto presentado por los familiares de los crímenes por los que fue condenado Fujimori y además hacer suyos sus argumentos en esta sentencia. El letrado indicó que Fujimori regresará a la prisión “en la medida que los médicos así lo establezcan”, y advirtió que “su salud es débil y su vida corre peligro”. El expresidente permanece hospitalizado desde el mismo miércoles en el que salió la sentencia, aparentemente por una descompensación sufrida al enterarse que debía volver a la cárcel, lo que reavivó su cuadro de fibrilación auricular paroxística, uno de los males crónicos que padece. En 2009, Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina, y de los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti. (Con información de la agencia EFE)