CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En lugar de realizar un trabajo de fortalecimiento comunitario que permita a las personas que viven en situación de calle tener una convivencia armónica con las personas vecinas, se ha optado por confrontar a las partes para ganar el espacio público, acusó la Comisión de Derechos Humanos del  Distrito Federal (CDHDF). En un comunicado, el organismo informó que emitió las recomendaciones 14/2018 y 15/2018, en las que documentó violaciones a derechos humanos de personas que viven en situación de calle en la capital del país. En la recomendación 14/2018 se investigaron dos casos ocurridos en 2016. En el primero, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina se negó a trasladar a un hospital a una persona atropellada para que pudiera recibir atención de urgencia, lo que puso en riesgo su integridad y vida. En el segundo caso, la comisión documentó que otra persona en situación de calle sufrió un accidente del cual derivó una fractura y también le fue negada la atención de manera adecuada por parte de personal adscrito al Hospital Balbuena, dependiente de la Secretaría de Salud. La CDHDF recordó que, en la recomendación 08/2015, señaló a esas mismas autoridades actos violatorios de los derechos humanos, similares a los ahora documentados; “no obstante, a un año después de su aceptación, actos de discriminación volvieron a ocurrir”. En la recomendación 15/2018 se documentaron nueve casos de 2012 a 2017, en el que se cuenta con 76 víctimas directas y una víctima indirecta, por actos de criminalización contra las personas que viven en situación de calle. Las autoridades señaladas como responsables por la CDHDF son las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud, y Procuraduría General de Justicia, y delegaciones todas de la Ciudad de México. La comisión detalló que se investigaron retiros forzosos de las personas en situación de calle en sitios de pernocta (Ciudadela, Artículo 123, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tasqueña), sin llevar a cabo los procesos de prevención y atención que señala la normatividad aplicable. En varios de los lugares, según el comunicado, estaban personas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres –una de ellas embarazada–, y en algunos casos, personas pertenecientes a pueblos indígenas que migraron a la Ciudad de México. En la recomendación “se demostró el uso de la fuerza desproporcionado en contra de personas que fueron retiradas de estos lugares, y la destrucción de sus pertenencias, y como las entonces autoridades delegaciones señalaron en su oportunidad que los operativos eran de limpieza. En otros puntos de reunión la autoridad optó por amenazarlas y ejercer violencia contra ellas, así como remitirlas a juzgados cívicos”. En ese contexto la comisión recomendó reparar el daño, medidas de rehabilitación, restitución y satisfacción; atención médica y/o psicológica en caso de ser requerida; actos de reconocimiento de responsabilidad; un programa de capacitación para el personal del ERUM y de la Secretaría de Salud; y restituir los bienes sustraídos durante los desalojos, entre otros. Subrayó que las autoridades deben aplicar la normatividad para atender a ese sector de la población, reconocido en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México como grupo de atención prioritaria. De acuerdo con el censo que realizó en 2017 el Instituto de Asistencia e Integración Social, en la Ciudad de México se calcula que 6 mil 754 personas viven en situación de calle (87.27% hombres y 12.73% mujeres); 4 mil 354 personas en espacios públicos, mientras que 2 mil 400 habitan en albergues públicos y privados; y más del 90% son personas en las que su edad oscila entre 18 y 59 años.