El falso “Rana”, a punto de ser liberado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Erick Uriel Sandoval Rodríguez, acusado ilegalmente por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, podría dejar de forma definitiva el Centro Federal de Readaptación Social 14, de Gómez Palacio, Durango, por un ordenamiento del Poder Judicial Federal.

Este lunes 8, el magistrado Arturo Morales Serrano, titular del Segundo Tribunal Unitario, ordenó al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, revocar el auto de formal prisión por el delito de secuestro impuesto a Sandoval Rodríguez,  así como reponer el procedimiento iniciado en su contra.

El resolutivo, al que tuvo acceso la reportera, tiene como eje central la primera parte de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas, que cuestiona la licitud de las declaraciones de los indiciados por la desaparición de los 43, al existir alegatos de tortura por parte de algunos de los detenidos, sobre todo en los que se basó la “verdad histórica”.

Como en su dictamen del 25 de septiembre, en el que se decretó revocar la orden de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, y dictar una nueva sentencia, Morales Serrano no tomó en cuenta el argumento central de la defensa de Sandoval Rodríguez, de que la PGR mantiene en prisión a la persona equivocada (Proceso 2187).

El primero de octubre, el juez del Primer Distrito de Procesos Penales Federales, David Calderón Blanc, ordenó auto de libertad “bajo las reservas de ley” a Erick Sandoval Rodríguez, por el delito de delincuencia organizada, ante la “falta de elementos para procesar”.

De acuerdo con el abogado de Sandoval Rodríguez, Víctor Manuel Aguilar Trejo, “si se sigue la dinámica del resolutivo anterior, el juez de Distrito tendrá que liberar a Erick, y aunque fuera con las reservas de ley, Erick librará esos procesos en libertad”.

Aunque Erick Sandoval es conocido como “La Rana”, no es la persona a quien la PGR atribuye responsabilidad en la desaparición de los jóvenes, según la “verdad histórica”, error que ha sido ampliamente documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que entregó al Poder Judicial un amicus curiae a favor del detenido, documento que tampoco fue tomado en cuenta por el magistrado Morales Serrano.

Al relacionar el caso con los amparos resueltos 203/2017 al 206/2017, por el Tribunal Colegiado, Morales Serrano razonó que “es factible sostener que en el caso particular existe infracción a las normas del debido proceso, que por ahora imposibilitan a este tribunal examinar a fondo del problema jurídico planteado, pues el auto de formal prisión se sustentó en las declaraciones de diversas personas, quienes eventualmente sufrieron transgresión a sus derechos fundamentales, lo que pudiera acarrear como consecuencia la ilicitud de tales probanzas”.

El magistrado secundó al tribunal colegiado al considerar que “se está ante un escenario en el que, entre otros aspectos, se han dejado de recabar pruebas con la debida oportunidad, no se han agotado líneas lógicas de investigación, y existen múltiples cuestionamientos de tortura en las confesiones que sostienen la teoría de caso de la Fiscalía, además de la desacreditación por expertos independientes de reconocimiento internacional, de la versión tocante a la incineración en el basurero de Cocula, en los términos en que fue planteada”.

El magistrado trae a colación que para acusar a “La Rana” de participar en la desaparición, la PGR fundamentó el caso en las declaraciones de decenas de personas, entre presuntos sicarios e integrantes del cartel de Guerreros Unidos, así como de policías de Iguala y Cocula, todos acusados de haber secuestrado y desaparecido a los 43 normalistas de Ayotzinapa y que “refirieron haber sido objeto de golpes y violencia física y psicológica”.

Entre las declaraciones que la PGR incluyó como material probatorio están las de Miguel Ángel Ríos Sánchez, Osvaldo Ríos Sánchez, Ramiro Ocampo Pineda, Carlos Pascual Cervantes Jaimes, David Cruz Hernández, o David Hernández Cruz, Honorio Antúnez Osorio, Rosario Manuel Borja, Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés, Darío Morales Sánchez, Agustín García Reyes, además de Juan de La Puente Medina, Roberto Pedrote  Nava, Nelson Román Rodríguez, Julio César Mateo Rosales, Jesús Parra Arroyo, Arturo Reyes Barrera, Alberto Aceves Serrano, Joaquín Lagunas Franco, Wilber Barrios Ureña, Óscar Valerios Segura, César Yáñez Castro, Jorge Luis Manjarrez Miranda, María Elena Hidalgo Segura, Magali Ortega Jiménez, César Miguel Peñaloza Santana, Verónica Bahena Cruz, Cidronio Casarrubias o Sidronio Casarrubias Salgado, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber.

El magistrado retoma la observación del Primer Tribunal Colegiado de Reynosa de que no hay indicios de que “se hubiera ordenado en el proceso una investigación de oficio, inmediata, imparcial, independiente y minuciosa que permitiera conocer y determinar las afectaciones a la integridad personal alegadas”.

En ese sentido, coincide en que la falta de esclarecimiento de los señalamientos de tortura constituye “una infracción que amerita ser reparada”, pues de esas declaraciones “se recabaron datos incriminatorios en perjuicio del inculpado (…) que llevaron al resolutor a dictar auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro, por lo que en consonancia con lo resuelto por el Tribunal Colegiado se estima que la omisión respectiva ocasiona agravios al apelante que deben repararse”.

Apunta que de confirmarse los agravios al emitir las declaraciones, “es indudable que éstas se encontraran viciadas y por ende no podrían ser susceptibles de merecer valor probatorio por tratarse, en su caso, de pruebas ilícitas”.

De la misma manera que lo hizo en el anterior resolutivo respecto a la revocación de la formal prisión en contra de Sandoval Rodríguez por delincuencia organizada, el magistrado Morales Serrano ordena que se notifique a los representantes de las víctimas de los 43 normalistas, así como a los deudos de los fallecidos y a los heridos  la noche del 26 de septiembre de 2014.

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