LIMA, Perú (apro).- El juez de Lavado de Activos en Perú, Richard Concepción Carhuancho, ordenó la “detención preliminar” por diez días contra Keiko Sofía Fujimori Higuchi, hija del expresidente Alberto Fujimori. Con Keiko Fujimori fueron detenidas otras 19 personas involucradas en el caso denominado “cocteles” --por presunto lavado de dinero-- y por las aportaciones hechas a la constructora Odebrecht (actualmente bajo juicio penal en Brasil por investigación de una red de corrupción en América que ha alcanzado también a México). De acuerdo con medios peruanos, en 2016 el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación por el caso “cocteles” para seguir el rastro de los recursos que los fujimoristas recaudaron en la campaña presidencial de 2011, cuando Keiko Fujimori contendió por la presidencia de Perú. El fiscal José Domingo Pérez tomó ese caso y el de Odebrecht en noviembre de ese año y solicitó al juez las órdenes preliminares --prisión policial para continuar la investigación-- previas a la prisión preventiva. El juez las otorgó y esta mañana se cumplimentaron. La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, dio a conocer a medios de comunicación locales que su clienta fue citada a declarar por los aportes que recibió su partido (Fuerza Popular) para la campaña presidencial de 2011, y denunció que la detención fue arbitraria. De acuerdo con el diario El Comercio, la orden de detención indica que Keiko Fujimori constituyó una organización criminal en Fuerza Popular, que influye e interfiere en el Congreso y en el Poder Judicial. Este último vive una crisis institucional por señalamientos de corrupción, que mantienen cesados o en prisión a varios de sus integrantes. El Comercio tuvo acceso a la resolución del juez, y este miércoles publicó una parte: “El presente caso evidencia grave peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (Hoy Fuerza Popular), que tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”. Los detenidos son: Keiko Sofía Fujimori Huiguchi; los exministros Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Camere, Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, Ytalo Ulises Pachas Quiñones, Ángela Berenis Bautista Zeremeico, Daniel Mellado Correa, Luis Alberto Mejía Lecca, Mayra Alexandra Castañón Dávila, Liz Document Manriquez, Marizol Valles Chong (esposa del congresista fujimorista Rolando Reátegui), Pedro Abel Velazayrce Llanos, Rafael Alejandro del Castillo Reategui, Lluith Sánchez Bardalez, Giancarlo Bertin Vivanco, Patricia Coppero del Valle, Erick Giovanni Matto Monge, Arturo de Jesús Torrejón Riva y Walter Renifo Saavedra. Y quitan indulto a su padre El pasado miércoles 3, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo de Hugo Núñez Julca, declaró infundado el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre del año pasado, y ordenó su captura. En un video, Fujimori pide al presidente actual, Martín Vizcarra, y a las autoridades judiciales de su país, que no lo maten porque su corazón ya no resistiría regresar a prisión. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori horas antes de la Noche Buena, lo que generó una indignación masiva social y una serie de manifestaciones constantes, principalmente de las víctimas del exmandatario. Kuczynski renunció a la presidencia en marzo pasado por señalamientos de corrupción. El magistrado Hugo Núñez fue el encargado de emitir la decisión de gracia presidencial aquella tarde, y ayer declaró fundada la petición de la parte civil (representación de las víctimas) de no aplicación del indulto humanitario en favor de Fujimori. El Poder Judicial informó ayer que giró las órdenes de ubicación y captura en contra del exmandatario para que reingrese al penal que determine la autoridad penitenciaria. La Corte Interamericana saludó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Perú por anular el indulto, porque cumple con los estándares internacionales de memoria, verdad y justicia, combate la impunidad y cumple con la garantía de justicia para víctimas de crímenes de lesa humanidad. Ayer marcharon ciudadanos y familias de las víctimas de Fujimori para que se haga justicia y se respeten las sentencias dictadas al expresidente. El 8 de enero de 2015, Fujimori fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de peculado en el caso Diarios Chicha, que consistió en pagar a periódicos para salvaguardar su imagen en el último periodo de su gestión. De ese caso fue absuelto en agosto del año pasado. En 2009 lo condenaron a seis años de prisión por corrupción, por actos cometidos contra dirigentes políticos y periodistas, y luego sentenciado a siete años y seis meses de cárcel por peculado. El 7 de abril de ese mismo año fue condenado a 25 años por las matanzas en los casos Cantuta y Barrios Altos, y por diversos secuestros. Antes, en 2007, lo condenaron a otros seis años por usurpación de funciones y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años. El 14 de septiembre de 2000, Fujimori fue evidenciado como perpetrador de diferentes delitos a través de videos, los Vladivideos. En noviembre envió su renuncia por fax, desde Japón. Posteriormente, en noviembre de 2005, llegó a Chile para preparar su campaña política, pero fue detenido y extraditado a Perú, luego de lo cual quedó recluido. En 2012 sus hijos solicitaron el indulto humanitario al expresidente Ollanta Humala por un cáncer en la lengua, pero les fue negado. En 2016 Alberto Fujimori solicitó de nuevo el indulto a Humala, antes del cambio de gobierno, y de nueva cuenta se le negó. En un tercer intento, el 18 de diciembre del año pasado, solicitaron el indulto ante el Ministerio de Justicia y anexaron un acta de la junta médica. El 24 de diciembre Kuczynski se lo otorgó. En junio de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó la evaluación del indulto a las autoridades de Perú, que resolvieron revocarlo. “No me maten” En un video distribuido a través de su cuenta oficial de Facebook, Alberto Fujimori grabó desde el hospital un video dirigido al presidente Martín Vizcarra y a las autoridades de su país, en el que pide: "Quiero decir hoy a las autoridades y a los políticos: por favor no me usen como arma política, porque ya no tengo fuerza para resistirlo. "Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: por favor no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. "Ya no doy más".