GUANAJUATO, Gto., (apro).- En una sala civil del Poder Judicial del estado inició el juicio que acumula siete demandas del empresario televisivo Jorge Rodríguez Medrano en contra del activista Roberto Saucedo Pimentel y el periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas, acusados de daño moral. Rodríguez Medrano es dueño de Canal TV8, que se transmite a través de una empresa de televisión por cable y que adeuda al gobierno de este municipio más de 87 millones de pesos. Información solicitada por el activista Saucedo Pimentel --a través de la Unidad de Acceso a la Información de los gobiernos municipal y estatal-- y publicada por el periodista Arnoldo Cuéllar y diversos medios de comunicación, entre ellos Proceso, reveló el adeudo de TV8 desde que inició sus operaciones en esta ciudad. El gobierno municipal incluso suspendió la señala durante una semana tras clausurar la conexión no sólo por el adeudo, sino por la falta de permisos para la instalación, por parte de Telecable. Sin embargo, la empresa interpuso un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa (en proceso), que deberá afrontar la nueva administración municipal presidida por el alcalde panista Alejandro Navarro Saldaña. Las otras dos empresas de triple play que operan en la ciudad pagaron los permisos, pero tampoco habían pagado derechos. Una de ellas, Total Play, ya cubrió el adeudo a raíz de los requerimientos judiciales del gobierno municipal, que privilegió a Telecom y a Canal TV8 y no había requerido el cobro, hasta que el adeudo se hizo público por la información que difundió el activista ahora demandado. A través de solicitudes al gobierno del estado también se conoció el aumento de montos por publicidad que, por medio del exdirector de Comunicación Social, Enrique Avilés Pérez, se proporcionó a la empresa de Rodríguez Medrano a partir de 2017. Y lo mismo hizo el propio gobierno de la capital y el Sistema Municipal de Agua Potable, mientras la cablera se negaba a pagar un peso por la conexión del cableado y el derecho por el uso de la vía pública. Según Rodríguez Medrano, la difusión de la información sobre el adeudo le causó un daño moral a él y a su familia, incluida su esposa, Silvia Rocha Miranda, regidora por el PRD en el anterior ayuntamiento, así como a sus hijos, uno de ellos empleado del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag), quienes también recibieron contratos de manera directa por eventos y difusión tanto del propio organismo como del gobierno municipal. Rodríguez Medrano, su esposa, sus dos hijos y su nuera interpusieron demandas ante la autoridad judicial civil por daño moral, seis de las cuales son contra Roberto Saucedo y una en contra del periodista Arnoldo Cuéllar. Previamente, el empresario demandó por amenazas y presunto robo a la corresponsal de Proceso, Verónica Espinosa, y al periodista Alfonso Machuca Trejo, a quien acusó públicamente de “robarle dos facturas y cobrarlas en gobierno del estado”, aunque en la acusación penal expuso hechos distintos. Este martes inició el desahogo de pruebas en una sala civil del Poder Judicial del estado, en el proceso acumulado 255/2018, en el que se inspeccionaron audios y videos presentados por el activista y el periodista sobre señalamientos e insultos hechos públicamente por Rodríguez Medrano en su canal de televisión.