La CNDH encuentra 15 evidencias que revelan “graves deficiencias” en Paso Exprés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró 15 evidencias “que revelan graves deficiencias de planeación y construcción” y que provocaron el socavón del libramiento de la autopista México-Cuernavaca, donde perdieron la vida cuatro personas.

Los hechos se atribuyeron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Banobras y cuatro empresas involucradas.

Durante la presentación de la recomendación 34/2017, el segundo visitador del organismo, Enrique Guadarrama López, dio cuenta de las anomalías en que incurrieron las dependencias, que terminaron con cuatro vidas, y acusó que la SCT proporcionó información seis meses después de la solicitud que hizo la CNDH, lo que retrasó la emisión de la recomendación.

El visitador resaltó que a la fecha el caso del socavón del Paso Exprés se mantiene en la impunidad, porque sólo fueron procesadas administrativamente nueve personas, sin que hasta ahora se hayan fincado las respectivas responsabilidades penales.

“El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente”, señaló el visitador.

Para atender el caso, la CNDH emitió recomendaciones puntuales al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; a los directores generales de Banobras y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alfredo Vara Alonso y Roberto Ramírez de la Parra, respectivamente, así como al gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y a los integrantes del ayuntamiento de Cuernavaca.

Las dependencias y autoridades deberán reparar el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, incluida una compensación, así como la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, ofrecer “una disculpa pública institucional a las víctimas y a sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, y se publique en su página web oficial por un periodo de un año”.

Tras sostener que las irregularidades derivaron en violaciones a los derechos humanos por la muerte de dos personas, Guadarrama hizo una extensa relatoría sobre las inconsistencias en contratos, que implicaron la elevación de costos.

“Todos los contratos fueron modificados por lo menos en una ocasión, y en un caso hasta cuatro veces, mediante nueve convenios modificatorios, lo que implicó el cambio de fechas, los montos de pago (incrementándose 67.94%, de mil 134 millones 215 mil 941 pesos a mil 669 millones 286 mil 406 pesos), y en dos casos los plazos de prestación de los servicios (210 días aproximadamente)”, destacó el visitador.

Entre las irregularidades graves detectadas por la CNDH, tres de las empresas elevaron en 25% sus costos, sin que la SCT solicitara autorización a la Secretaría de la Función Pública (SFP), como era su obligación.

Para el organismo, “la negligencia y la posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, atribuibles a la SCT y Banobras, fueron el origen de la mencionada oquedad que costó la vida a dos personas –padre e hijo– que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo vehículo cayó en ella, y a dos personas más en diferentes situaciones”, una al circular en motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, y la otra cayó de un paso peatonal sin baranda ni señalamiento de peligro alguno”.

De acuerdo a la investigación, la CNDH solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que “investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en todos los componentes que provocaron la falla, tanto de la empresa como de las personas servidoras públicas involucradas, ya que, salvo nueve servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente por falta de rendición de cuentas”.

El visitador destacó que en la investigación de la CNDH se acreditaron transgresiones al “derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información de sus familiares”.

Además, confirmó la “falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción, por la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no ocho como originalmente se había previsto”.

Para colmo, la obra “no contempló todos los cruces de agua y drenaje que podían afectarla; muchos permisos fueron solicitados una vez adjudicada la licitación, durante la ejecución de los trabajos, o no fueron tramitados”.

Por ello, el organismo encontró responsabilidad en la Conagua, “al no informar a la SCT de todos los puntos de afectación hidráulica por la obra del Paso Exprés, en particular donde se abrió el socavón, y por no realizar visita de verificación y aplicar sanciones a los responsables de la ejecución de la obra sin los permisos respectivos”.

Sumado a las acciones de reparación a favor de víctimas, la CNDH recomendó a las dependencias públicas “generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas respetar derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren, y se colabore con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores público e involucrados responsables de los hechos”.

El organismo también recomienda capacitación al personal de las dependencias federales, estatales y municipales sobre los “Principios rectores sobre las empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas”, así como atender a los vecinos de las zonas afectadas, garantizando la seguridad a los habitantes y usuarios de la zona, y que los servidores públicos “se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la legalidad de su actuación antes de contar con los resultados de la investigación sin demérito al derecho a la información”.

De manera específica, se recomendó al director general de Banobras “generar mecanismos para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos e incorporar sanciones en caso de incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de financiamiento a empresas privadas se ajuste a las sanas prácticas y usos bancarios para que acrediten la factibilidad de derechos humanos; capacitar a su personal” en los lineamientos respectivos de la ONU y en las “Normas de desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional” del Banco Mundial”.

El director de Conagua, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, deberá “identificar los puntos de riesgo hidráulico del Paso Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un registro específico”.

Además, el gobernador de Morelos y el ayuntamiento de Cuernavaca “deberán realizar mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos perturbadores”, así como mejorar el equipamiento y la capacitación de su personal.

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