Juez otorga suspensión contra granja porcícola en Homún, Yucatán

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Para proteger a la infancia del pueblo maya de Homún, el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Mérida, concedió la suspensión definitiva de la mega granja porcícola instalada en ese municipio, donde se encuentra la principal zona de recarga de los cenotes de la entidad.

El juicio de amparo, cuyo expediente es el 1128/2018 fue presentado el 28 de septiembre pasado por 6 niños y adolescentes de Homún, reclamando la violación a sus derechos por el funcionamiento de la mega granja porcícola, con capacidad para 49 mil cerdos.

El grupo defensor de los derechos humanos Indignación y la agrupación civil Ka’anan Ts’onot | Equipo Indignación A.C., en la que se constituyeron los pobladores de Homún para defender sus recursos naturales, informaron que la juez federal Miriam Cámara ordenó paralizar el funcionamiento de la mega granja en tanto se resuelve el juicio de amparo.

Explicaron que en la audiencia incidental del pasado 9 octubre, y después de una inspección judicial efectuada por funcionarios del Juzgado Cuarto de Distrito a la mega granja porcícola asentada en Homún, la juzgadora resolvió que tanto el gobernador Mauricio Vila Dosal como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) debían ordenar la inmediata paralización de la granja.

Las instalaciones porcícolas motivo del conflicto son propiedad de la empresa “Producción Alimentaria Porcícola”, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

Los informantes explicaron la resolución judicial se basa en tres aspectos fundamentales.

La juez consideró que la suspensión busca garantizar el interés colectivo en la preservación del medio ambiente sano, el derecho a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico.

De acuerdo con los inconformes, la juez evaluó que, de continuar el funcionamiento de la granja, se podrían provocar “perjuicios de difícil reparación” sobre todo por los derechos en juego que son extremadamente sensibles”.

Destacaron que uno de los elementos que se pudo corroborar durante la inspección judicial fue que la planta de tratamiento de aguas se encontraba inconclusa.

Añadieron que esa situación podría significar un riesgo inminente de afectación al medioambiente, pues podrían descargarse aguas contaminadas en una zona especialmente sensible como lo es la denominada reserva geohidrológica “anillo de los cenotes”, declarada área natural protegida.

Dijeron que aunque existe la “presunción de que la granja operaba con los permisos necesarios”, es prioritario hacer efectivo el principio de prevención y precaución para garantizar que no se generará peligro de daño grave o irreversible para el medioambiente o la salud.

“Dicho riesgo se corroboró con diversos estudios científicos ofrecidos por los representantes legales de la comunidad de Homún, que señalan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de contaminación de las aguas subterráneas de la Península de Yucatán”, resaltaron.

“La juez incluso advirtió que, de no cumplirse con el principio de precaución, se podría generar responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano”, acotaron.

El tercer aspecto que tomó en cuenta la juzgadora en su resolutivo, consiste en que en ninguno de los permisos y autorizaciones al proyecto se respetó el derecho a la consulta y participación, establecido tanto la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La juez dio un plazo de tres días al gobernador y a la Seduma para que informen de las acciones emprendidas para acatar el mandato judicial.

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