PGR solapa la impunidad; extradición de César Duarte lleva un año sin resolverse: Santiago Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto denunció que a más de un año que esa dependencia obtuvo la orden de aprehensión de un juez federal contra el exgobernador César Duarte Jáquez y se solicitó su extradición, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha desarrollado el trámite para concretarla.

“Yo creo que esto, en buen español, se llama corrupción, se llama solapar la impunidad”, dijo en el Encuentro Nacional Anticorrupción que se desarrolla en la ciudad de Chihuahua.

El exfuncionario participó en la mesa panel Corrupción y elecciones, junto con María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama y Pamena San Martín; Luis Carlos Ugalde, de Integralia Consultores, así como Agustín Basave Benítez, representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, quien fue moderador.

Santiago Nieto en el Encuentro Nacional Anticurrupciión. Foto: Twitter @SNietoCastillo

Santiago Nieto en el Encuentro Nacional Anticurrupciión. Foto: Twitter @SNietoCastillo

Santiago Nieto ha sido propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el encuentro dijo que el caso de Duarte evidencia que la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tienen el monopolio para decidir si solicitan o no la extradición y al ejercer su función a discrecionalidad y sin rendición de cuentas, el resultado es corrupción.

Refirió que la solicitud de extradición la presentaron de manera formal el 12 de septiembre del año pasado, así como una ficha roja cuando obtuvieron la orden de aprehensión federal, unos días después de que el gobierno de Chihuahua la solicitó también ante la PGR.

La corrupción inicia en las campañas

El panelista detalló que no todos los actos de corrupción inician durante las campañas políticas, pero existe un vínculo indisoluble en los casos de negociación política con grupos empresariales, para el desvío de recursos o financiamientos que impactan en el modelo de relación entre unos y otros, entre la campaña electoral y la corrupción.

Hizo énfasis en la existencia de tribunales electorales sometidos que se evidencian cuando interpretan la ley electoral en contrasentido a la rendición de cuentas y la transparencia.

“Me parece que debemos, por lo menos, de tener un enfoque de crítica hacia los órganos de naturaleza jurídica, de competencia jurisdiccional. No entiendo cómo El Bronco, -Jaime Rodríguez Calderón- pudo ser candidato a la presidencia de la República, dada la falta de certeza con respecto a 16 mil firmas que el Tribunal Electoral validó”, criticó.

Mencionó otros ejemplos que elevan los niveles de la corrupción, como los controles discrecionales, un Poder Judicial débil o fiscalías no autónomas.

Sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) opinó que ha tenido logros en materia de fiscalización, pero se ha sobresaturado con atribuciones en la materia porque los sistemas anticorrupción no funcionan.

“Hoy no tenemos Fiscalía, ni fiscal anticorrupción, ni magistrados, ni un diseño institucional que permita el flujo de información para combatir estos fenómenos que trascienden las fronteras del país”, señaló.

En su turno, Amparo Casar mencionó que la corrupción alcanza una norma social no escrita porque los grupos ciudadanos aceptan la corrupción como un modus vivendi; un empresario, un político, un presidente de alguna asociación civil, puede usar sus influencias para beneficio propio.

 

Luis Carlos Ugalde dijo que las campañas políticas se han convertido en una manera de enriquecimiento personal para muchos, gracias a que hay un sistema inefectivo de fiscalización. Defendió que no es culpa del INE, ya que no se trata de un tema de regulación.

En México se ha invertido demasiado para fortalecer las reglas electorales, pero para reducir los niveles de corrupción, criticó San Martín en su intervención.

Ciro Murayama reconoció que en el país se ha desestimado el voto ciudadano como un tema estrictamente de financiamiento ilegal, porque se da a entender que la gente que vota en razón del dinero que se invierte en las campañas, cuando hay más elementos más para entender por qué vota la ciudadanía.

 

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