LIMA (apro).- Con los votos de la bancada de Fuerza Popular (fujimoristas) que tiene mayoría en el Congreso de Perú, ayer aprobaron un proyecto para evitar que el expresidente Alberto Fujimori regrese a prisión, una vez que el Poder Judicial le revocó el indulto humanitario. El proyecto de ley número 3533-2018 propone que las personas mayores de 78 años que estén presas y que ya hayan cumplido un tercio de su condena, puedan someterse al beneficio de "ejecución humanitaria de pena"; que consiste en cumplir la sentencia con el arresto domiciliario o con libertad de desplazamiento circunscrito a la provincia donde se encuentre su domicilio. Los beneficiarios serán vigilados con un dispositivo electrónico. Esa norma favorece de manera directa a Alberto Fujimori. En menos de 48 horas, los legisladores presentaron y aprobaron el proyecto, con la desaprobación de cinco bancadas que abandonaron el recinto cuando se discutía la propuesta presentada por la integrante de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma. Dicha norma señala que quienes hayan sido sentenciados por terrorismo, sicariato, traición a la patria, feminicidio, delitos contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y organización criminal, no podrán beneficiarse con la medida aprobada. La congresista del partido Nuevo Perú, Marisa Glave, alertó que, según la redacción del proyecto aprobado, podría favorecerse Vladimiro Montesinos e integrantes del Grupo Colina. Montesinos es un exmilitar que fue asesor presidencial de Alberto Fujimori, que fue sentenciado a 25 años de prisión con otros integrantes del grupo Colina, por una de las masacres registradas en la época más violenta del país, cuando operaba Sendero Luminoso y por la desaparición y muerte de otra persona. Grupo Colina fue un grupo de paramilitares que operaron en Perú desde en la década de los 80 y principios de los 90, que fue operado por el estado peruano a través de las fuerzas armadas. Al inicio de la sesión, en la Junta de Portavoces se autorizó que el proyecto no pasara por comisiones, con el apoyo de los partidos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, el Partido Aprista (del expresidente Alan García) y Peruanos por el Kambio. Los legisladores que estaban en contra de la aprobación, denunciaron que la firma del congresista Richard Acuña para exonerar el pase por la comisión, no es válida porque él estaba de licencia, pero no aprobaron esa moción. La iniciativa fue aprobada con 55 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones. El Poder Ejecutivo puede observar la ley, es decir, se puede negar a promulgarla y regresarla al Congreso para su revisión, pero los legisladores pueden volver a aprobarla por insistencia. “Si el presidente Vizcarra no promulga #LeyFujimoriMontesinos y el Congreso la aprueba por insistencia, pediremos al 25% del Congreso y @Defensoria_Peru presenten demanda de inconstitucionalidad" dijo Carlos Rivera, representante legal de las víctimas de los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la ley, ya que no considera proporcionalidad entre beneficios de ejecución de la pena y derechos de víctimas graves. Norma viola jurisprudencia internacional: víctimas y activistas La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) denunció que el proyecto de "Ley que Establece la Ejecución Humanitaria de la Pena" contraviene el derecho y la jurisprudencia internacional, que sostiene que no se puede brindar ninguna forma de beneficio penitenciario o disminución de la pena para responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad. En rueda de prensa, un grupo de víctimas de casos conocidos como La Cantuta, sótanos del Pentagonito y de la Asociación nacional de familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos del Perú, hicieron un llamado al presidente de Perú, Martín Vizcarra Cornejo, para que no promulgue la ley. La CNDDHH detalló que el proyecto de ley es una nueva modalidad de amnistía en la medida que sus beneficiarios serían fundamentalmente responsables de haber cometido graves delitos contra la humanidad, como sería el caso de Alberto Fujimori, Hermoza Ríos o Salazar Monroe. "El proyecto fue presentado y aprobado en menos de 48 horas, es decir en forma exprés. Fue ingresado el martes 9, y hoy jueves 11 en la mañana fue exonerado de trámite y dictamen en comisiones. Y pasado para su aprobación inmediata por el pleno del Congreso. Debe indicarse que esta aprobación se da en el preciso momento de mayor descrédito del Congreso y de su mayoría, constituida por las bancadas de Fuerza Popular y del Apra". "La defensa de las víctimas de los casos de La Cantuta y Barrios Altos, conformada por Aprodeh, Comisedh, Fedepaz e IDL acudirán nuevamente ante el juez penal penal a efecto que se inaplique esta ley bajo los mismos argumentos del control de convencionalidad realizado hace unas semanas, asimismo están alertando a la CIDH sobre este nuevo intento de disfrazar de humanitaria la impunidad en casos de graves crímenes a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad". Exhortaron al Poder Ejecutivo a respetar los derechos de las víctimas y observar el proyecto que colisiona con el derecho internacional y los derechos humanos.