LIMA (apro).- El fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, cesó a Erika Rocío Delgado Torres, integrante del equipo del fiscal especializado en Lavado de Activos, José Domingo Pérez, quien esta semana logró la detención de la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (sentenciado a más de 25 años de prisión por diferentes delitos, la mayoría de lesa humanidad). De acuerdo con medios peruanos, Delgado Torres, quien fungía como fiscal adjunta provincial transitoria del distrito de Lima, realizaba un allanamiento en la casa del financista de Fuerza Popular, Giancarlo Bertín, por el “caso cocteles” (desvío de dinero ilícito a la campaña de Keiko Fujimori en la campaña presidencial de 2011), cuando se enteró de que había sido despedida. El fiscal José Domingo Pérez se enteró de la noticia mientras se encontraba en la ciudad de Chihuahua, México, donde ofreció la conferencia magistral ‘Corrupción de funcionarios en el sistema acusatorio. Corrupción trasnacional y lavado de activos: casos Lava Jato y Lava Juez’. Este caso ha colocado en crisis al Poder Judicial, con varios de sus miembros en prisión, cesados o en proceso de investigación por delincuencia organizada y corrupción. El cese de la funcionaria ocurre a pocas semanas del interrogatorio, en Brasil, de Jorge Barata, involucrado en el caso Odebrecht o Lava Jato en Perú, según reportó IDL-Reporteros. Erika Delgado estuvo a cargo de interrogatorios importantes de líderes del partido aprista, del expresidente Alan García El fiscal de la Nación hizo otros cambios en los distritos de La Libertad, Áncash, Santa, la Selva Central y Lima. En este último removieron a cuatro fiscales, de acuerdo con el diario oficial El Peruano. Al iniciar su conferencia en Chihuahua, el fiscal peruano dijo que su participación en ese foro fue complicada, porque se estaban suscitando casos en su país que tenían dedicatoria exclusiva para él. Su participación concluyó con una posición sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chávary, señalado por actos de corrupción y por su cercanía a la red fujimorista, que tiene a varios integrantes en prisión o en proceso de investigación. “Hay cuestionamientos al fiscal de la Nación, de lo cual he dado mi posición crítica. Me reafirmo en lo que he señalado anteriormente: no puede haber una reforma contra la corrupción, no se puede dar una lucha contra la corrupción, si todos los ciudadanos no estamos vigilantes de las autoridades que están encargadas de ejercitar esta acción”, dijo. Luego parafraseó las palabras del periodista Ricardo Raphael durante el encuentro anticorrupción, un día antes. “La lucha contra la corrupción no depende de una persona, sino de las personas, de las instituciones. Creo a bien en el Perú haber dejado un trabajo encaminado. Sé que mis compatriotas están viendo esta presentación vía Facebook”. José Domingo habló del proceso de implementación del sistema acusatorio en Perú, durante la época más dura de violencia, del Sendero Luminoso durante el gobierno de Alberto Fujimori y de los procesos de selección de fiscales y jueces. El fiscal especializado en Lavado de Activos llamó a combatir la corrupción también desde la ciudadanía, y las reformas que se hagan para eso, dijo, no servirán si los ciudadanos no vigilan a las autoridades. En el recuento del proceso del sistema penal acusatorio, Domingo Gómez refirió que el régimen de Alberto Fujimori cayó porque la ciudadanía se indignó y se manifestó. En esa época Perú tenía sistema penal mixto --con el inquisitorio--, es decir, no había juicios orales. “Para la sociedad peruana la corrupción es un aspecto importante de evaluación. El régimen de Fujimori cayó porque la ciudadanía se levantó”, sostuvo. En el sistema que tenían, tanto el procurador como el fiscal, juez y policía, intervenían en las investigaciones. Y el sistema acusatorio fue asumido de manera progresiva en 2004, después de la época de Fujimori, y hasta 2011 operó para delitos de corrupción de funcionarios. También dio detalles del caso Odebrecht en su país y refirió el impacto en México: entre los años 2010 y 2014, la compañía pagó 10.5 millones de dólares a funcionarios públicos de México, para contratos de obra pública. En el caso de Perú, crearon una fiscalía especial dentro de la fiscalía especializada de corrupción de funcionarios, que actualmente encabeza José Domingo, y está enfocada en la investigación exclusiva del caso Odebrecht y otras compañías brasileñas que ejecutaron algún tipo de trabajo u obra en Perú. Estados Unidos suscribió un acuerdo con la empresa Odebrecht en 2017, y la empresa entregó documentación a los fiscales, como evidencias que además involucran al expresidente Alejandro Toledo Manríquez, quien habría recibido 20 millones de dólares de sobornos y que Odebrecht reconoció fue por la obra carretera interoceánica que conecta el sur de Perú con Brasil. Además de Toledo están involucrados los expresidentes Alan García y exfuncionarios de éste; Ollanta Humala, quien estuvo en prisión durante 11 meses; Pedro Padro Kuczynski, el cual renunció en marzo pasado al cargo por dichos señalamientos, y diversos fujimoristas. Luego de detallar el mecanismo del desvío de recursos con la creación de empresas en paraísos fiscales extranjeros, hizo énfasis en los efectos de esa corrupción en el territorio nacional. En 2012, agregó, se estableció en Perú que el lavado de activos es delito autónomo, no se necesita la aprobación del delito precedente o determinante para investigarlo. Asimismo, habló de la figura de colaborador eficaz, que en México es conocida como beneficio de criterio de oportunidad. Esa figura no era nueva cuando conocieron la situación de las empresas brasileñas, existía desde la década de los 90, y en 2001 obtuvieron la legislación en la materia y se ha perfeccionado con los años. “Colaborar o delatar es proporcionar información útil que permita perseguir con eficacia conductas delictivas graves por organizaciones criminales, ejecutadas o por ejecutar o, a efecto de obtener beneficios premiales, implica negociar”, abundó. José Domingo explicó que en Perú generaba una situación de conflicto moral porque se pensaba que era sentarse a negociar con el delincuente, pero es un procedimiento que ha permitido a las autoridades brasileñas y a Perú, con su propia normativa, establecer acuerdos para entregar información, documentación y pruebas. “Por ese proceso esa persona va a seguir siendo procesada, pero si llega a un acuerdo con la fiscalía, probablemente no va a sufrir los efectos de ese proceso. El Perú hizo una modificación a la norma procesal: se puede llegar a acuerdos de colaboración con la persona jurídica por multa, inhabilitación, prohibición de llevar a cabo futuras actividades, suspensión para contratar con el estado, clausura de locales o establecimientos. “Se puede llegar a un acuerdo con la persona jurídica. Vemos la realidad de lo que sucede en Brasil y adoptamos la necesidad de adoptar formas para perseguir la corrupción con eficacia. En Brasil no se hubiera llegado a una condena, sin mecanismos de delación premiada. En Perú no se hubieran iniciado procesos vinculados a casos Lava Jato. La colaboración debe ser eficaz, útil, proporcional, porque el beneficio debe ser proporcional a la acusación”. Posteriormente habló de la crisis del Poder Judicial que enfrenta su país, por actos de corrupción y redes que han tejido con actores políticos y empresariales. En Chihuahua, el fiscal peruano expresó que la indignación de la gente llegó a un punto alto cuando se dio a conocer el caso conocido como Lava Juez, en alusión al caso Lava Jato, que consiste en el conocimiento público de intercepciones de llamadas legales que se venían haciendo a presos por narco y abogados.