Sierra de Guerrero: la amapola a la baja, la violencia al alza

La recolección de goma de opio fue una “industria” que tuvo auge en los ochenta y noventa del siglo pasado en la región guerrerense de La Sierra. Ahora, aunque ese precursor de la heroína está a la baja, la zona sigue siendo un territorio que se disputan los grupos del crimen organizado, pues además de la droga controlan la producción minera y la explotación forestal. Y esa guerra criminal ha ido convirtiendo en fantasmas a los pueblos, donde ya no hay servicios públicos de educación, salud o transporte. Ya sólo quedan ahí quienes no se han podido ir.

CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- En un contexto en el que los enfrentamientos entre los grupos criminales por dominar la producción de goma de opio y controlar la franja minera que conecta a la Sierra con la región Costa Grande han provocado una crisis –los servicios educativos, de salud y transporte están suspendidos desde hace tres meses en esa zona de Guerrero–, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, consideró que la propuesta de legalizar el uso medicinal de la amapola podría revertir la violencia en la entidad.

Mientras tanto, los pobladores de la región de la Sierra piden la ayuda del gobierno y advierten que la caída en el precio de la goma de opio –por la introducción de precursores químicos como el fentanilo– ha terminado con un negocio que “en los ochenta y noventa fue redituable”.

Desde esa década la región amapolera se la disputa el crimen organizado para controlar la producción y trasiego de heroína, así como para dominar las áreas de explotación minera y forestal.

Dos grupos armados pelean por el control de las empresas mineras de Carrizalillo y por la principal zona de producción y trasiego de heroína en el tramo Tlacotepec-Chichihualco, de acuerdo con el mapa geodelictivo elaborado por el gobierno estatal y dado a conocer en junio último.

Por un lado están los sicarios al servicio de Onésimo El Necho Marquina Chapa, cabeza de la policía comunitaria de Tlacotepec; por el otro, el Cártel del Sur, que dirige Isaac El Señor de la I Navarrete Celis, afincado en Chichihualco.

Sobre este conflicto que asuela esa zona de Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo-Chilapa, declaró a la prensa en septiembre pasado que fracasaron sus intentos por pacificar la franja de la Sierra porque “los señores de Tlacotepec y de Chichihualco” decidieron romper la “frágil tregua” y reanudaron los enfrentamientos armados.

El prelado advirtió en esa ocasión que en caso de que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, se limite a implementar un operativo policiaco-militar, el conflicto en la Sierra no sólo no va a parar, sino que se puede agudizar.

Desde hace tres meses, durante una concentración pública en la plaza central de Tlacotepec, el líder de la guardia comunitaria local, Humberto Moreno Catalán, le exigió a Astudillo que atienda los problemas que se viven en la Sierra.

Indicó que desde entonces los pobladores de Tlacotepec no pueden transitar libremente en el corredor que conecta la región Centro con la Sierra, desde Xochipala hasta Filo de Caballos, donde, afirmó, el narco impide también el paso de víveres, combustibles, transporte público, así como la presencia de médicos, docentes y servicios básicos para subsistir.

Por ello, el líder comunitario de Tlacotepec emplazó al mandatario estatal a garantizar la seguridad en esta zona, donde la situación, dijo, es “insoportable”.

Moreno Catalán dijo: “Le vuelvo a decir con mucho respeto a Héctor Astudillo Flores: Tú me conoces perfectamente y no me voy a esconder. Tú sabes quién soy y no me andes poniendo paleros; ni le hables a mi hijo ni le hables a mi primo hermano Mario Moreno. Yo soy de una sola pieza y por mi pueblo, si es necesario, doy mi vida con todo gusto”.

Humberto Moreno es primo de los hermanos Mario y Ricardo Moreno Arcos. El primero es secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Astudillo; el segundo fue diputado local del PRI en la pasada Legislatura.

Los tres son familiares de José Carlos La Calentura Moreno Flores, quien fue personero de Joaquín, El Chapo, Guzmán, de acuerdo con el mapa geodelictivo del gobierno estatal.

Petatlán 

A finales del pasado septiembre, en un video que circuló en las redes sociales miembros de La Familia Michoacana –su célula asentada en Arcelia, Guerrero– anunciaron su irrupción en Petatlán para enfrentar al líder de Guardia Guerrerense (GG), Oliver, El Ruso Coria, quien controla esa plaza de la Costa Grande.

El mapa geodelictivo del gobierno estatal indica que GG se dividió y los exlugartenientes de El Ruso identificados como Chano Arreola; Tobías, El Nalga, y El Z “pidieron apoyo” a La Familia Michoacana, cuya célula en Arcelia dirigen los hermanos Hurtado Olascoaga: Johnny, El Mojarro, y José, La Fresa.

Estos hechos ocurren en un contexto de violencia extrema en el estratégico corredor de drogas de la Costa Grande, donde los grupos criminales rompieron la tregua que mantenían desde 2014.

Los reportes oficiales del gobierno estatal refieren que El Ruso Coria es cuñado de Edilberto El Gavilán Bravo Barragán (preso desde julio de 2016), fundador de aquella organización criminal, aliada del Cártel de Jalisco Nueva Generación y surgida a partir de la escisión de Los Caballeros Templarios.

Dichos reportes refieren que El Gavilán fue detenido en una casa de playa propiedad del actual alcalde de Petatlán –postulado por la coalición PRD-PAN-MC–, Esteban Cárdenas Santana, síndico en la pasada administración municipal y miembro del grupo político encabezado por los hermanos Carlos y Crescencio Reyes Torres, ambos exdiputados locales y el segundo, alcalde electo de La Unión.

De acuerdo con algunos boletines de prensa la GG de Petatlán es señalada por el gobierno federal como una organización dedicada a traficar cocaína y precursores químicos procedentes de Colombia y China; mercancía que llega a la zona costera y al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En los últimos días, pobladores de 10 comunidades serranas de Petatlán denunciaron a los medios locales que han abandonado los poblados de El Cajinicuilar, El Parazal, La Botella, Arcelia, Zapotillal, Banco Nuevo, Las Galeras, La Pasión, El Rincón del Refugio y Canalejas porque los sicarios de La Familia Michoacana asumieron el control de la zona y están saqueando los poblados.

Crisis humanitaria 

A finales de septiembre último Proceso efectuó un recorrido por una franja carretera de más de 50 kilómetros entre Xochipala y Corralitos, donde se constató la situación que afecta a la población más vulnerable, atrapada en medio de un conflicto armado.

En ese entonces, en la comunidad de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, se realizó una asamblea popular en la cual los pobladores exigieron a los gobiernos federal y estatal que restablezcan la seguridad en esta zona de la Sierra, porque las comunidades se están convirtiendo en pueblos fantasma. Los caminos se encuentran desolados y la ausencia de servicios médicos y educativos impacta a las personas más vulnerables: niños, mujeres y adultos mayores.

El delegado de la Secretaría de Educación Pública en la región Centro, Alfredo Bello Salmerón, informó que sólo en el municipio Heliodoro Castillo 92 centros educativos permanecen cerrados porque 300 docentes no se han presentado a trabajar y 2 mil 300 estudiantes no asisten a clases desde el comienzo de este ciclo escolar. Los centros de salud en Carrizal de Bravo y Filo de Caballos se mantienen cerrados ante la ausencia de médicos y enfermeras.

Los pobladores narraron al reportero que las incontables balaceras los tienen aterrados. Muchos han decidido abandonar sus hogares para evitar ser víctimas fatales de la violencia; los que permanecen formaron grupos de autodefensa.

“El gobernador Héctor Astudillo dice que el problema es la disputa de la amapola, aunque eso era antes, cuando la gente vivía de la venta de la goma (de opio), pero ya ni eso vale y no sé por qué pelean”, expresó la señora Alma Delia durante la asamblea en Los Morros.

Añadió: “Queremos seguridad y vivir en paz porque los pueblos se están quedando solos. Tenemos escuelas y hospitales, pero no hay médicos, enfermeras ni maestros. Los niños no tienen clases y los que estamos enfermos tenemos que buscar la forma de salir a curarnos en Chilpancingo, pero en el camino también te asaltan”.

En la misma reunión, un amapolero expresó: “De 40 mil pesos que valía un kilo de goma hace un par de años, ahora los acaparadores pagan cuatro mil pesos por la misma cantidad.”

Corralitos –comunidad atacada hace unos meses y en la que fue ejecutado un líder de la guardia comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero– está convertida en un pueblo fantasma. Es en esta zona donde los grupos armados de Chichihualco y Tlacotepec libran cruentos enfrentamientos en los bosques y las calles de las precarias comunidades.

De las 30 familias que había sólo quedan seis; la mayoría decidió escapar de la violencia. Las personas que se quedaron son sobre todo adultos mayores, quienes se dedican a tratar de vender frutas de temporada para sobrevivir. En este lugar los únicos que transitan por el camino principal donde se cosecha la goma de opio son soldados, policías y sicarios.

“Nos estamos muriendo y el gobierno no hace nada para calmar las cosas y evitar las balaceras y muerte de personas”, dice un hombre mayor.

Incluso los pobladores recuerdan que el jueves 4 se cumplió un año del comienzo del enfrentamiento entre los grupos armados de Chichihualco y Tlacotepec, pero indican que ahora no se entiende el motivo de la pelea, pues ya no es tan redituable como antes sembrar amapola y cosechar su goma para la elaboración de heroína.

Hasta ahora los maestros adscritos al sector Sierra han desacatado la orden del gobernador Astudillo de reanudar labores en el municipio de Heliodoro Castillo; argumentan falta de seguridad para desempeñar su labor en la zona. Incluso la semana pasada denunciaron presiones, así como el incumplimiento de acuerdos de las autoridades educativas estatales y el hecho de que ningún funcionario se quiere hacer responsable en caso de que suceda una tragedia.

Este reportaje se publicó el 14 de octubre de 2018 en la edición 2189 de la revista Proceso.

Comentarios