VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El gobernador electo Adán Augusto López Hernández denunció que la compra de un terreno de 88 hectáreas para el establecimiento de la Zona Económica Especial (ZEE) en la entidad está “embarrada de corrupción”. El predio adquirido en abril pasado costó 40 millones de pesos, pero se le “inflaron” 60 millones, por lo que el pago final ascendió a 100 millones, en una presunta operación fraudulenta realizada por Bertín Miranda, secretario de Administración del gobierno de Arturo Núñez, precisó. El terreno se encuentra en el municipio de Paraíso, donde también se construirá la refinería que prometió el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con el noticiero de radio Telereportaje, el más escuchado en la entidad, López Hernández explicó que a tres o cuatro vendedores el gobierno pagó 40 millones de pesos por los terrenos, pero les pidió que escrituraran al doble del valor, con facturas de empresas domiciliadas en la Ciudad de México. Con copias de cheques y otros documentos en mano, el mandatario estatal electo citó el caso de un vendedor a quien le dijeron que le pagarían 15 millones 153 mil pesos, pero sólo recibió tres millones 76 mil 164.11 pesos de la Comercializadora Genestay Veniega, ubicada en Paseo de los Tamarindos 400 Torre A, Piso 21 y 26, en Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Además, cobró otros dos millones 109 mil pesos a través de una “Factura MS”, con pago de impuesto de un millón 215 mil pesos, más 333 mil pesos de notario, “o sea que recibió siete millones y repartió ocho”, puntualizó. Luego de expresar que “son tan burdos y tan tontos”, ventiló que hasta ahora no les han dado a los vendedores el comprobante de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En su momento, las autoridades competentes deberán hacer las investigaciones correspondientes por el presunto fraude, ya que las copias de las escrituras amparan un pago de 100 millones de pesos. Según el gobernador electo, “Operadora Genestay y MS se llevaron 50 millones de pesos de ganancia”. La presunta compra fraudulenta del terreno para la ZEE ya lo había revelado desde mayo el entonces candidato y ahora senador de Morena, Javier May Rodríguez. La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del gobierno del estado (SDET) respondió entonces que la adquisición se realizó con transparencia y legalidad, conforme a derecho, normas y lineamientos vigentes. Esa dependencia aseguró que el pago se determinó con base en los avalúos del arquitecto Jorge Enrique Bejarano Correa, con registro ante la Comisión del Registro Estatal de Valuadores de Tabasco número 75, quien estableció un valor de 120 millones 408 mil 502 pesos. Sin embargo, apuntó, mediante acuerdo con los vendedores se logró un precio de compra/venta de 99 millones 993 mil 734.35 pesos. “Tales sustentos y trámites legales corroboran que en ningún momento pudo haber ni hubo especulación, sobrevaluación de los precios de los terrenos y mucho menos posibilidad de fraude, como lo han sugerido algunos actores políticos”, sostuvo la SDET. La megatransa de 2008 Esta es la segunda ocasión que Adán Augusto López Hernández denuncia presunto fraude en la compra de terrenos por parte del gobierno del estado, que encabezará a partir del 1 de enero de 2019. En 2008, como diputado local del PRD, presentó unja demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la “mega transa” en la compra de terrenos para edificar casas a damnificados de la histórica inundación de finales de 2007, en el gobierno priista de Andrés Granier Melo. Entre los implicados incluyó al entonces director del Instituto de la Vivienda de Tabasco (Invitab), Ariel Cetina Bertruy, ahora diputado local de Morena, y a otros ex funcionarios granieristas, como el extesorero José Manuel Saiz Pineda, preso desde 2013 en esta capital. De acuerdo con aquella denuncia (averiguación previa AP/PGR/TAB/VHSA-III/0775/D/2008, abierta por la PGR), la empresa Suministros del Carmen, SA de CV (ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche), compró 169 hectáreas a un precio de 102 millones de pesos, con información privilegiada que le proporcionaron los entonces funcionarios granieristas. Un mes después, la compañía vendió los terrenos al gobierno del estado, a través del Invitab, en 246 millones, con lo que obtuvieron ganancias por 144 millones de pesos. Hasta la fecha se ignora en qué terminaron las investigaciones.