Ecatepec y Tecámac son los dos municipios mexiquenses donde la violencia contra las mujeres es cotidiana y cada vez más elevada. Son zonas de marginalidad en las que se multiplican los conjuntos habitacionales diseñados “con poca perspectiva de humanidad”, comenta Lydiette Carrión CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En ese entorno, dice, las casas son diminutas y de ínfima calidad, pues fueron concebidas como ciudades dormitorio para alojar a trabajadores que todos los días salen por la mañana hacia la Ciudad de México en busca de sustento para regresar por las noches agotados por las horas invertidas en desplazarse, lo que les provoca la frustración.  Y es en ese microcosmos colindante con el río de los Remedios donde suceden las historias de violencia extrema contra mujeres, en su mayoría adolescentes, descritas por la periodista independiente en su libro La fosa de agua. Desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios, recién publicado por editorial Debate. El volumen documenta una decena de casos ocurridos entre 2011 y 2014. “Con los elementos que tengo –comenta la autora–, puedo asegurar que ahí hay redes de trata de personas de manera sistematizada, vinculados a cuerpos policiacos de la zona e inclusive la participación de agentes estatales.” El entorno explorado por Carrión es cruzado por la carretera libre a Pachuca y Lechería-Texcoco, considerado “un corredor de trata” que, durante años estuvo bajo control del cártel de la Familia Michoacana; ahora, según los lugareños, es el Cártel de Jalisco Nueva Generación el que impone su ley. Las historias de niñas de 13 a 20 años incluidas en La fosa de agua ocurrieron en un escenario donde presuntamente operaban Juan Carlos “N” y su pareja Patricia “N”, quienes fueron capturados el jueves 4 en Jardines de Morelos, en Ecatepec, cuando trasportaban restos humanos en una carriola y hoy se les atribuyen al menos 10 feminicidios. El jueves 11, durante la audiencia de vinculación de proceso contra los dos detenidos en el penal de Chiconautla, Juan Carlos admitió su responsabilidad en uno de los casos abordados por Carrión: el de Luz del Carmen Miranda González, quien tenía 13 años cuando desapareció en abril de 2012. Sus restos, localizados en julio de 2013, fueron entregados a su madre, Aracely González, en 2014.  La señora González declaró a los medios de comunicación que los detenidos eran vecinos suyos cuando desapareció Luz del Carmen, por lo que aceptó como cierta la declaración de Juan Carlos ante el juez Eduardo Jiménez Flores.  El caso de Luz del Carmen generó reacciones entre organiza­ciones civil y colectivos de familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en el Estado de México, quienes incluso solicitaron dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG): una por la violencia feminicida, que fue emitida en 2015; otra por las desapariciones, aún pendiente de resolverse. Hoy, las organizaciones civiles exigen la creación de una Comisión de Investigación con participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y piden se sancione a responsables de filtrar información a los medios de comunicación, como fue el caso de un video autoinculpatorio de Juan Carlos distribuido a los medios la semana pasada. Una exigencia social  El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado mil 420 asesinatos de mujeres en territorio mexiquense entre 2014 y 2017, de los cuales sólo 243 fueron investigados como feminicidio. De enero a octubre de este año “las autoridades estatales han reconocido únicamente 64 feminicidios, lo que se contrapone con las 400 mujeres que en promedio son asesinadas por año” en la entidad, según el comunicado de esa organización emitido el jueves 11. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la entidad gobernada por Alfredo del Mazo se destaca por la mayor incidencia en desapariciones.  “De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), de 2006 a 2017 se reportaron 826 niñas y adolescentes entre 0 y 17 años desaparecidas; una cuarta parte de esas de-s­apariciones (262) ocurrieron sólo en 2017.” Con base en información oficial, al corte de abril de 2018, la Redim destacó que en Toluca se documentaron 155 desapariciones de niños, niñas y adolescentes; en Ecatepec, 123, y en Ciudad Nezahualcóyotl, 122. En Ecatepec, tres de cada cuatro desapariciones de infantes o adolescentes fueron mujeres. Carrión coincide con las organizaciones sociales y colectivos de familiares de las víctimas en la necesidad de llegar al fondo en las investigaciones y no conformarse con la detención de Juan Carlos y su pareja. “Yo no me apresuraría a dar carpetazo a todas las desapariciones o feminicidios que hay en esa zona, a partir de la detención de dos personas”, dice.  Para ella, el modus operandi que se adjudica a la pareja de Jardines de Morelos ha estado presente en la región durante muchos años: “El descuartizamiento es práctica común, ahí en el río de los Remedios encontraron cuerpos de mujeres y hombres desmembrados –¡ojo!– con un modus operandi muy similar”. Esos hallazgos ocurrieron después de la captura, en febrero de 2014, de la banda encabezada por Erik San Juan Palafox, un militar de 24 años.  Cuenta: “Una chica vivió cinco meses después de su desaparición; otra vivió un año y su cuerpo fue localizado de manera similar a los del río de los Remedios.” En Jardines de Morelos, donde supuestamente operaban Juan Carlos y su pareja Patricia, explica Carrión, se han localizado huacales de madera con restos de varones descuartizados. En esa región han desaparecido también mujeres, la mayoría de 13 años, y una madre soltera de 26, dice la autora de La fosa de agua. Y agrega: “Los restos hallados en el gran canal, los que fueron encontrados en las vías del tren y los del Mercado de los Elementos (Jardines de Morelos) muestran un sadismo fuera de serie. Yo no me apresuraría a pensar que la detención de dos personas acabe con esa dinámica.” En su investigación, Carrión pudo advertir que en el Estado de México hay “un cuerpo de procuración de justicia infiltrado por las bandas criminales locales”. En el Estado de México, las corporaciones policiacas son “sumamente burocráticas”. Cuando las familias de las niñas, adolescentes o mujeres adultas desaparecidas acuden a presentar su denuncia, las autoridades comienzan a redactar oficios y los casos se pierden en los innumerables y abultados expedientes. Así sucede, por ejemplo, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde para atender una denuncia “tienen que pasar 15 días. Si los peticionarios quieren revisar la sábana de llamadas, los empleados les dicen que faltó una firma, o que el nombre viene mal…” Para esclarecer los cientos de desapariciones y feminicidios en el Estado de México, comenta Carrión, podría empezarse con la recuperación de la confianza de los pobladores de la zona conurbada hacia las autoridades que procuran e imparten justicia. Este texto se publicó el 14 de octubre de 2018 en la edición 2189 de la revista Proceso.