CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras), obtuvieron recursos del gobierno de Venezuela para destinarlos a fines humanitarios, sin embargo los desviaron de sus fines, y en su lugar adquirieron alimentos y especularon comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a los habitantes de ese país. Ello, lo hicieron a través de tres mecanismos de operación: adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio, y a través de los CLAPS (Comité Local de Abastecimiento y Producción), revenderlos a la población venezolana en un valor 112% mayor al costo real. Israel Lira Salas, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR) explicó que a lo largo de la investigación se detectó? la existencia de diversos operadores, como Alex “N”, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de Venezuela, así? como Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”. Los imputados entregarán al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cantidad de tres millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 56 millones pesos, los cuales serán destinados para atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe. Con motivo de la investigación realizada, se localizaron mil 300 contenedores marítimos en tierra mexicana, que contienen aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, cuyo destino era Venezuela, mismas que fueron proveídas por los empresarios relacionados con la indagatoria. Sin embargo, al analizar que los productos alimenticios son perecederos y que tienen como destinatarios finales la población de Venezuela, se tomó? la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas y entregadas a sus beneficiarios, pues de lo contrario se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa Nación, de que se empalme o se aproxime la caducidad de los productos o de que su entrega se realice en condiciones no aptas para el consumo humano. El 3 de abril de 2016, el gobierno de Venezuela emitió? un decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica por la que creo? los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), con el fin de distribuir, entre la población afiliada a estos, despensas de alimentos a precios subsidiados. Así?, con motivo de dicho programa, una red de empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, han obtenido recursos públicos venezolanos que tienen como propósito adquirir despensas alimenticias en diversos países, para posteriormente, exportarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor al de su costo comercial y así? atenuar la grave crisis alimentaria que sufre la población. Derivado del trabajo realizado en coordinación con diversas dependencias del gobierno federal y de los avances en la indagatoria, el agente del Ministerio Publico de la Federación celebro? un acuerdo reparatorio con diversas personas físicas y morales involucradas en la investigación. Los imputados se comprometieron a no efectuar ningún acto comercial con Venezuela o terceros que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS. Los elementos aportados por esta investigación serán compartidos con las autoridades competentes a nivel internacional con objeto de continuar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y en particular, de este esquema fraudulento. Por su parte, el subsecretario para América Latina y del Caribe, Luis Alfonso De Alba Góngora, indicó que esta es una investigación que tiene un carácter particularmente importante, ya que se trata no sólo de una operación que involucra actividades ilícitas sino también la compra de productos de muy baja calidad. Anteriormente se habían presentado denuncias sobre la calidad de la leche y otros productos y por eso era importante detener esa operación, agregó. “Por lo que respecta al acuerdo compensatorio me parece muy importante subrayar que no se está deteniendo el envío de este millón 800 mil despensas que señalaba el Subprocurador, precisamente por una consideración humanitaria para atender las necesidades urgentes ante el desabasto en Venezuela, el desabasto de productos alimenticios que se estima es de más del 40 por ciento y por ello representaría un acto irresponsable el bloquear ese suministro”. El flujo de venezolanos que han salido del país rebasan los dos millones que se encuentran asentados en distintos países de la región.