TOLUCA, Edomex. (apro).- La Legislatura mexiquense exhortó al gobernador Alfredo del Mazo para que instruya al secretario de Movilidad, Raymundo Martínez, a establecer una mesa de diálogo y trabajo con los transportistas para solucionar el conflicto generado por la Gaceta del 20 de marzo de 2018 que condiciona la renovación de concesiones al establecimiento de GPS´s, cámaras de videovigilancia y botones de pánico en sus unidades.

El punto de acuerdo promovido por la diputada morenista Liliana Gollas fue avalado en lo inmediato tras considerarse de obvia y urgente resolución.

En la exposición de motivos advierte que en territorio mexiquense circulan a diario 200 mil unidades de transporte público de pasajeros (entre camiones, camionetas, microbuses y taxis), pero la concesión de 70 mil ya venció y 30 mil están por expirar, en virtud de que durante el sexenio de Eruviel Ávila se generó un gran rezago administrativo.

En la exposición de motivos, la legisladora recordó que el instrumento jurídico aludido establece plazos para renovar y concretar los trámites de concesiones, autorizaciones de base, terminales, derroteros, lanzaderas, alargamientos y modificaciones de derroteros. 

En el quinto punto, sin embargo, el acuerdo de la gaceta condiciona las concesiones con la conexión al Centro de Control y Gestión de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), cámaras de vigilancia y botón de pánico.

En la gaceta de 14 de abril de 2014, la Secretaría de Movilidad impuso a los transportistas un listado de empresas para adquirir los GPS, los botones de pánico y las cámaras de video vigilancia.

“Estas imposiciones han generado molestia y reacción en más de 400 mil concesionarios de las regiones de Toluca, Tenango, Tenancingo, Valle de Bravo, Atlacomulco, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla, quienes el 16 de mayo del presente año organizaron una movilización a la residencia oficial de Los Pinos para entregar un pliego petitorio manifestando su inconformidad”, refirió la diputada.

Gollas Trejo admitió que el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró que el Estado de México concentró 62% de las denuncias por asalto en transporte público del país durante el primer cuatrimestre de 2018; es decir, 6 de cada 10 robos a nivel nacional.

“No estoy en contra de brindar mayor seguridad a los usuarios y a los prestadores del servicio de transporte público, sólo manifiesto que es necesario establecer una mesa de diálogo y trabajo”, dijo.

Lo anterior, prosiguió, porque los artículos 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establecen que el Estado es el garante de brindar seguridad a la ciudadanía, por lo que “no debe delegarse esta obligación de garantizar seguridad a los operadores y concesionarios del transporte público, ni tomarse decisiones unilaterales”.

“Es necesario fomentar el diálogo y el consenso, encontrar estrategias comunes para hacer frente y resolver tan sentido problema que es la seguridad pública. Acordar y tomar en cuenta a quienes viven y padecen de manera directa el problema, servirá para encontrar soluciones que pongan en marcha acciones encaminadas a brindar un mejor y más seguro servicio de transporte público a la ciudadanía”, consideró finalmente.