BEIJIN (proceso.com.mx).- La elección de Meng Hongwei para dirigir la Interpol dos años atrás fue glosada en China como el reconocimiento global a su respeto por la ley. Su detención en la semana pasada subraya las dudas, mina su plan de seguir colocando nacionales en organizaciones globales y supone una campaña de relaciones públicas devastadora. Pero por encima de eso sobrevuelan los intereses del Partido Comunista y de su presidente, Xi Jinping. Ni siquiera Vladimir Putin, su homólogo ruso y conspicuo provocador, hubiera osado a detener al presidente de la policía internacional. Los acontecimientos se aprietan desde que Grace Meng denunció en Lyon, sede de Interpol, que no tenía noticias de su esposo tras llegar al aeropuerto pequinés el 25 de septiembre. En su móvil recibió un mensaje de texto en el que le pedía que esperase su llamada y, unos minutos después, el emoji de un cuchillo. La policía francesa abrió una investigación sobre el paradero de Meng y Pekín admitió horas después que estaba en su poder en una sucinta nota. El ministro de Seguridad Pública, Zhao Kezhi, convocó a medianoche a los pesos pesados para lidiar con un asunto que ya ocupaba las portadas globales. El ministerio aclaró el día siguiente que Meng estaba retenido e investigado por aceptar sobornos y que la culpa de la detención era estrictamente suya “por su tozudez en hacer las cosas a su manera”. También aludía a los “residuos tóxicos” de Zhou Yongkang, exministro de Seguridad y hoy condenado a cadena perpetua por corrupción, y anunciaba la formación de equipos para investigar a los cómplices de Meng. Más previsibles fueron las referencias al “apoyo unánime” a la detención y la “lealtad política absoluta” a Xi. El diario oficialista Global Times desdeñaba esta semana a la prensa occidental por seguir hablando de “desaparecido” cuando Pekín ya había aclarado su detención, negaba que las diferencias del sistema legal chino respecto al occidental sean “fallos” y establecía vínculos insensatos con el arresto en 2011 del exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. De él siempre se tuvo la certeza de su paradero, los cargos exactos y que le asistía un letrado, por hacer la lista corta. Las certezas son escasas. Meng ha dimitido de su cargo en la Interpol y está siendo interrogado en algún lugar secreto. Su esposa está bajo protección de la policía francesa tras haber recibido llamadas anónimas amenazantes y en recientes entrevistas ha vuelto a pedir el auxilio internacional. Es seguro que eso habrá sulfurado a un gobierno que exige lavar su ropa sucia sin interferencias. En el escándalo que en 2012 truncó la carrera política de Bo Xilai también le cayó una larga condena de cárcel a su jefe policial y desvelador de la trama, Wang Lijun, por haber buscado refugio en el consulado estadounidense de Chengdu. El resto son misterios y conjeturas. ¿Está acusado por actos cometidos antes o durante su ejercicio en Interpol? ¿La corrupción oculta batallas de poder o venganzas entre facciones? ¿Desairó a Xi o desatendió las sugerencias de Pekín? ¿Es el enésimo castigo a los que miden mal sus fuerzas? ¿No era preferible esperar un año para que terminara su mandato y detenerlo sin tanto ruido mediático? “Se ha especulado que no hizo lo suficiente en Interpol por los intereses chinos, especialmente en la persecución de los uigures en el extranjero que Pekín reclama. De todas formas, Pekín debería saber que el presidente de Interpol carece del poder para tomar esas decisiones”, señala Stanley Rosen, profesor de Ciencia Política en el Instituto Estados Unidos-China de la Universidad de South Carolina. Interpol levantó recientemente la alerta internacional contra Dolkun Isa, presidente del Congreso Uigur en el Exilio y considerado como terrorista por la justicia china. El tamaño de la presa y la onerosa factura en imagen sugieren que la operación exigió la implicación personal de Xi. También que las acusaciones desbordarán la simple corrupción. “Para asumir el coste de una acción de este tipo en el ámbito diplomático, la causa debe ser seria y debe ir más allá de los sobornos, por altos que sean (…) Creo que la motivación es de naturaleza política y que puede afectar al vicepresidente, Wang Qishan, gran aliado de Xi”, juzga por email Xulio Ríos, director del Observatorio de Política China. El sinólogo alude al caudal de acusaciones que desde Nueva York vierte el millonario Guo Wengui sobre los capitostes pequineses. Wang poseería un centenar de propiedades en Estados Unidos valoradas en dos mil millones de dólares y estaría detrás de Hainan Airlines, según Guo. La sucesión de hechos descarta que el ya exdirector de Interpol fuera arrastrado en la caída de Zhou Yongkang a pesar de aquella alusión a los “residuos tóxicos” de la nota ministerial. El antiguo “Zar de la Seguridad” fue purgado en 2015 y Pekín siguió apostando por Meng en los siguientes años. Su detención sugiere desencuentros entre bambalinas que todos se esforzaron en ocultar. Meng alternó su defensa de la neutralidad política de Interpol con los imprescindibles mensajes de consumo interno. En junio del pasado año pidió a todos los órganos de seguridad pública china que “unificaran sus mentes con el espíritu de los discursos” del presidente y profundizaran en su pensamiento. Xi, a cambio, le sentó a su lado en la asamblea general de la Interpol celebrada en Pekín en 2017. Los méritos de Meng no son escasos. Apoyó la presencia china en las labores de pacificación de Libia, supervisó la lucha contra el crimen en el río Mekong y devolvió al país a centenares de delincuentes económicos chinos huidos. Las organizaciones de derechos humanos habían expresado sus temores de que Meng pudiera aceitar la repatriación de disidentes o elementos hostiles. Su ejercicio los ha demostrado infundados y no es descartable que ese haya sido el demérito para Pekín. Meng era desde 2004 viceministro de Seguridad Pública, una cartera que engloba a policía, justicia y servicios secretos y cuenta con más de un millón de efectivos. Dirigió áreas tan sensibles como contraterrorismo, narcotráfico y defensa de fronteras y costas. Su ministerio detuvo e interrogó al Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, muerto de cáncer el pasado año mientras cumplía condena. También fueron los tiempos del apogeo de la campaña anticorrupción. No hay dudas de que Xi ha finiquitado la tradicional rapiña impune que había puesto en peligro al partido, pero tampoco de que entre el millón de castigados había unos cuantos que le entorpecían el camino. El shuanggui o método disciplinario interno provocó el terror en las filas. El proceso suponía el repentino final de una vida de lujos e impunidad. El poder, los amigos e influencias eran indiferentes: el sujeto permanecía semanas o meses desaparecido e incomunicado, sin abogado ni visitas familiares, hasta reaparecer ya expulsado del partido y con la confesión firmada. Pekín justificaba el camino extrajudicial porque los tribunales locales podían ser fácilmente manipulados por esos gerifaltes que en ocasiones controlan su financiación. No contemplaba la tortura pero varios detenidos murieron a golpes tras caerse en la ducha y las crecientes presiones para erradicarlo desembocaron en la reforma legal aprobada en marzo. Consistió en la creación de la Comisión Nacional para la Supervisión, un órgano mastodóntico que no solo controla a los 90 millones de miembros del partido sino a todo el sector público: médicos, profesores o periodistas, empleados en empresas públicas, instituciones culturales o deportivas… cualquier vínculo con el Estado atrae la lupa fiscalizadora. El nuevo sistema contempla hasta seis meses de detención pero trae a cambio la obligación de comunicarla a la familia en 24 horas y otras tímidas garantías procesales. “La sustitución del shuanggui por una forma de detención rigurosamente regulada ayudará a resolver un viejo problema legal”, defendió Pekín. Fue bautizada como liuzhi y han sido necesarios pocos meses para certificar que bajo la renovación semántica sigue latiendo lo que algún experto califica como “la Santa Inquisición con características chinas” El periodista Chen Jiuren no ha tenido acceso a su abogado desde que fuera detenido en julio por denunciar a un miembro del partido, según Radio Free Asia. Y el chófer de un funcionario de la provincia de Fujian murió tras ser interrogado durante un mes. La opacidad del proceso disciplinario chino impide evaluar las presuntas mejoras del liuzhi, juzga Margaret Lewis, experta en leyes chinas y profesora de Seton Hill University. “El nombre ha cambiado, pero eso no significa que las prácticas hayan cambiado. Es seguro que el partido ejerce el control absoluto y que los que desaparecen son privados de los derechos procesales más elementales”, añade. La sumisión del poder judicial al ejecutivo y la hemeroteca abocan al caso Meng hacia la confesión y la larga condena entre rejas. La entusiasta propaganda sobre el liuzhi no había sido correspondida hasta ahora con ninguna pieza de caza mayor. Meng es el primer “tigre”, en jerga de Xi. Recomienda el dicho chino matar al pollo para asustar al mono y el mensaje habrá apretado las filas. Fan Bingbing, la más célebre y rica actriz china, ya sufrió un escarmiento ejemplarizante. Fan reapareció la semana pasada después de tres meses desaparecida y se ciñó al guión: confesó sus delitos fiscales, prometió pagar una multa de más de cien millones de dólares y admitió que no sería nadie sin las acertadas políticas del partido. El gremio actoral tiene hasta fin de año para acudir a Hacienda y ponerse al día. Desde que renunció a su aislamiento cuatro décadas atrás, Pekín ha ido incrementado su huella en las organizaciones internacionales que habían sido regidas por Occidente. Los numerosos cargos chinos en ellas se ajustan hoy a la relevancia económica y demográfica del país: Liu Zhenmin, vicesecretario general para asuntos económicos y sociales de la ONU; Zhang Tao, subdirector del Fondo Internacional Monetario, Yi Xiaozhun, subdirector general de la Organización Mundial del Comercio… La dirección de la policía internacional supuso otro mojón en la senda global de Xi de igual forma que su abrupta detención por cargos gaseosos amenaza con ralentizarla. Del caso emerge la conclusión de que Pekín siempre prioriza el interés doméstico al internacional y la sospecha de que los chinos situados en las organizaciones internacionales atenderán siempre a las directrices de su Gobierno por un elemental impulso de supervivencia. Rosen augura crecientes reticencias para hacerle hueco a los chinos en los cargos de responsabilidad. “China sólo admitió que había detenido a Meng después de que Interpol le exigiera noticias y la policía francesa iniciara una investigación. Todos sabíamos que las cuestiones políticas internas son más importantes para China que la aprobación internacional y esto simplemente refuerza la conclusión”, añade.