CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio fue marcado por sonados casos de corrupción –muchos de los cuales permanecen impunes, como el pago de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht--, se propuso hoy convertir a México en “un referente internacional” para luchar contra el cohecho en el mundo. Hace apenas tres días, la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE) señaló en un informe que, en los últimos 19 años, México no procesó ningún caso relacionado con el cohecho internacional. El organismo expresó su “preocupación” ante tal inacción, “en especial por la orientación de la economía mexicana hacia las exportaciones y porque éstas atañen a sectores considerablemente expuestos a la corrupción, como los de industrias extractivas, manufacturas y productos agrícolas”. El gobierno federal adoptó hoy el Protocolo Anticohecho, que fue diseñado por cinco secretarías de Estado y el Poder Judicial, y pretende mejorar la coordinación entre instituciones para luchar contra el pago de sobornos internacionales a cambio del otorgamiento de contratos de obra pública, ya sea de una persona o empresa extranjera en México, o de una persona o empresa mexicana en otro país. El acuerdo, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), asegura que el Estado mexicano “cuenta con instituciones sólidas, comprometidas con el combate a la corrupción, dispuestas a diseñar e implementar estrategias para asegurar la detección, investigación, persecución y sanción eficaz del cohecho internacional”. Hasta la fecha, las mismas instituciones “sólidas” y “comprometidas con el combate a la corrupción” no esclarecen ni judicializan los sobornos millonarios que exdirectivos de Odebrecht aseguraron haber pagado a Emilio Lozoya Austin mientras éste coordinaba los asuntos exteriores en la campaña de Enrique Peña Nieto y posteriormente, cuando dirigía Petróleos Mexicanos (Pemex). Tampoco sancionaron ni informaron sobre investigaciones a la empresa OHL, de origen español, cuyos directivos fueron señalados en llamadas telefónicas por incurrir en conflictos de interés con Gerardo Ruiz Esparza –el todavía secretario de Comunicaciones y Transportes--, y con funcionarios del Estado de México. Según la OCDE, las autoridades mexicanas tienen en curso cuatro investigaciones sobre cohecho internacional, por lo que el organismo internacional urgió al gobierno a seguirlas de manera proactiva. La Secretaría de la Función Pública (SFP) resaltó que, para la lucha contra el cohecho, “se requiere de la coordinación efectiva entre autoridades de procuración de justicia, de control interno, así como de autoridades fiscales, de inteligencia y supervisión del sector financiero, de actividades y promoción económica, y de relaciones exteriores”. La OCDE recordó en su informe que México “tiene el nivel de percepción de la corrupción más alto” entre los países miembros de la organización y que, si bien enjuició a dos mil 157 servidores públicos por el delito de cohecho desde 2001, no procesó a ningún funcionario extranjero.