GUANAJUATO, Gto., (apro).- Organizaciones civiles y ciudadanos difundieron un manifiesto dirigido al Congreso del Estado para exigir una reforma constitucional que garantice una verdadera fiscalía autónoma e independiente, ante la inminente posibilidad de que el actual Procurador de Justicia sea convertido en el próximo Fiscal. Pidieron que el Congreso “llame a comparecer al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que rinda cuentas sobre el estado de la institución que encabeza y de la procuración de justicia en Guanajuato; garantizando principalmente la participación de víctimas y quienes les representan, en la formulación de los cuestionamientos y en formato de Parlamento Abierto”. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ratificó en su cargo al procurador Carlos Zamarripa Aguirre, quien ha ocupado este cargo desde el 2009, por lo que cumplirá nueve años en el cargo. Fue ratificado junto con el Secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca. En adhesión al movimiento “Por una Fiscalía que sirva”, las organizaciones, ciudadanas y ciudadanos cuestionaron que a nivel nacional, el PAN a través de sus grupos parlamentarios impulsó la creación de una Fiscalía autónoma y junto con otros partidos de oposición obligó a reformar el artículo que garantizaba el denominado “pase automático”, mientras en Guanajuato, donde el PAN gobierna desde hace 27 años, se actúa de manera contraria a este propósito. “Mientras todo esto sucedía a nivel federal, el Congreso del estado aprobó la reforma al artículo 95 de la constitución, en julio del año pasado, e incluyó la cláusula del pase automático del Procurador a la Fiscalía General del Estado, y también por 9 años. Por si fuera poco, las diputadas y diputados establecieron que la Fiscalía General del Estado naciera 30 días después de que se cumpliera lo establecido en el artículo décimo sexto transitorio de la Constitución Federal (la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la FGR), lo cual, según las intenciones expresadas por MORENA a nivel nacional, sucederá antes del 1º de diciembre”. Ello implicaría que el actual procurador, que ya tiene nueve años en el cargo, pudiera quedar como Fiscal por otros nueve años, “al haber sido mantenido en su cargo por el Gobernador Sinhue, sin oposición del Congreso. Las y los guanajuatenses nos merecemos saber las razones que sostienen a uno de los responsables de la crisis de seguridad y justicia que cada día suma más víctimas”, señalaron en el manifiesto dirigido a la Legislatura local. Afirmaron que “la crisis de seguridad pública e impunidad en nuestro estado es innegable y el deshonroso primer lugar nacional en homicidios dolosos de los meses pasados, el botón de muestra más claro y alarmante”. Con las decisiones del gobernador Rodríguez Vallejo, “no hay señales que indiquen un cambio profundo desde los órganos políticos del estado”. Por ello, se demanda eliminar el “pase automático” para conjurar cualquier riesgo de designar a un “fiscal carnal” que no garantice independencia y autonomía en su desempeño, por su relación con el Ejecutivo. Además de lo referido, se planteó al Congreso la necesidad de reformar el artículo 95 de la Constitución para eliminar el pase automático de todo el personal de la Procuraduría a la Fiscalía, y establecer un servicio civil de carrera; transparentar el proceso de designación de quien encabece la Fiscalía con participación de la sociedad civil “y que garantice la llegada de un perfil idóneo e independiente de poderes fácticos”, así como abrir la creación de órganos ciudadanos que vigilen la labor de la Fiscalía, y que ésta incluya en su estructura una Fiscalía en Derechos Humanos. Entre las organizaciones firmantes se incluyen: Article 19; Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.; Causa en Común; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato;  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), así como el Observatorio Acambarense de Derechos Humanos Fray Raúl Vera, Serapaz, WOLA y la Organización Nacional Anticorrupción.