CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas, dio a conocer que el colectivo #MediosLibres solicitará a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión que someta a discusión la iniciativa ciudadana para regular la publicidad oficial. Pidió que los congresistas que ahora son mayoría y que en su momento fueron oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) e interpusieron una acción de inconstitucionalidad para ir en contra de esa #LeyChayote --aún dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)--, hagan suya esa iniciativa.

“Creemos que por congruencia propia es importante que los partidos de las diferentes fuerzas parlamentarias asuman esta iniciativa que estamos presentando desde #MediosLibres, le den la entrada y la aprueben después de un debate abierto con la sociedad”.

En entrevista para #AristeguiEnvivo, Ruelas recordó que en abril la Legislatura pasada aprobó la #LeyChayote, así llamada “porque legalizaba las malas prácticas y al final provocaba que el dinero público fuera utilizado para hacer promoción personalizada de funcionarios públicos”. En ese sentido, expuso que el colectivo integrado por periodistas, especialistas, abogados y organizaciones de la sociedad civil, busca que los medios tengan libertad y no estén bajo “el yugo del dinero público”. “Lo que estamos buscando en #MediosLibres es decir: ‘tomen esta iniciativa en el Congreso, ya les hicimos el trabajo, ya les hicimos la chamba, ahora pónganse a relegislar y aprueben esta ley’, que no sólo reconoce las bases mínimas que fueron presentadas en febrero de este año por el colectivo, sino también reconoce los más altos estándares internacionales”, explicó. De acuerdo con Ruelas, el colectivo coincide con la SCJN cuando señala que la publicidad oficial genera un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico, dado que los periodistas se tienen que sujetar a la línea editorial de quien paga. “La propuesta fija criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación del gasto. Esto quiere decir que las campañas de comunicación social tienen que ser difundidas por aquellos medios u otras formas de promoción que sean idóneas para la población objetivo”, añadió. De igual manera, comentó que la iniciativa también tiene como fin “prevenir y sancionar las campañas que buscan la promoción personalizada de funcionarios públicos”, así como poner topes al gasto en propaganda gubernamental. También mencionó que el colectivo propone que no sean las empresas privadas las que se encarguen de las mediciones de audiencia, lectorías y penetración, sino “que sea un órgano del Estado como el Inegi (Instituto de Estadística y Geografía) el que lleve a cabo estas encuestas y esos estudios”. Lo que se busca con eso, abundó, no es sólo que sean transparentes las audiencias, sino que al momento de determinar la asignación de la publicidad oficial “pensemos en las campañas y los mensajes que nos quieran dar el gobierno”.