CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en 2017 el impacto monetario de la inseguridad en las empresas instaladas en el país alcanzó un nivel récord: 155 mil millones de pesos o 0.86% del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con el organismo, el 55.9% de dicho monto fueron pérdidas económicas a consecuencia de los delitos, y el 44.1% restante representó los gastos que realizaron las unidades económicas en medidas de prevención, como cambiar y colocar cerraduras y candados, instalar alarmas y video-vigilancia, cambiar puertas y ventanas, construir rejas o bardas, contratar vigilancia o algún seguro, además de instalar sistemas de protección contra ataques cibernéticos. Lo anterior se desprende de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE, 2018), que ofrece información referente al nivel de victimización y delincuencia que afecta a las unidades económicas del sector privado, así como las denuncias del delito, características de las víctimas, los delitos y los daños causados, la percepción sobre la inseguridad y el desempeño institucional. La ENVE también demuestra que, conforme pasa el tiempo, a las empresas les cuesta más dinero la incidencia delictiva: En la edición de 2015 el costo a consecuencia de la inseguridad y del delito fue de 153 mil millones de pesos; en la de 2013 alcanzó 29 mil millones de pesos, y en el primer levantamiento de la ENVE, en 2011, las compañías consultadas declararon haber tenido un impacto económico de 145 mil millones. En suma, el costo promedio del delito por unidad económica a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas a consecuencia del delito durante 2017 ascendió a 66 mil 31 pesos, cifra mayor a la de 2015, cuando se registró un impacto de 57 mil 779 pesos. Las cifras del delito De acuerdo con el Inegi, el año pasado 33.7% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito, mientras que en 2015 la estimación fue de 35.5%. Sin embargo, al poner la lupa en cada uno de los sectores económicos, 38.4% de las unidades económicas del sector comercio fue víctima del delito, 30.6% del sector industria y 29.3% del sector servicios durante 2017. Si el lente se enfoca en el tamaño de las empresas, las medianas fueron en mayor medida presas del delito, con 61.5%, seguidas de las grandes con 59.3%, mientras que las pequeñas registraron 51.4% de los casos y las micro 32.9%. Durante 2017 se generaron 3.8 millones de delitos asociados a 1.5 millones de unidades económicas víctima. Esto representa una tasa de concentración de 2.5 delitos por unidad económica víctima. Así, los delitos con mayor tasa de incidencia delictiva por cada 10 mil unidades económicas fueron el robo o asalto de mercancías, dinero, insumos o bienes. De hecho, fue el ilícito más común en el país y ocupó el primer lugar en estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. El segundo delito con mayor incidencia delictiva es el robo hormiga, más común en Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. La extorsión fue el tercer delito con mayor tasa de incidencia por cada 10 mil empresas, y prevaleció con más fuerza en Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí. En Hidalgo, por ejemplo, el delito más común fueron los actos de corrupción; en Guerrero y Querétaro, el fraude, y en la Ciudad de México reinó el robo total y parcial de vehículos. Las características y la cifra negra La ENVE 2018 también proporciona información sobre el uso de armas por parte de los delincuentes, de manera que de los 3.8 millones de delitos estimados, en 39.4% de los casos estuvieron presentes uno o más empleados o propietarios de la unidad económica víctima, lo que en términos absolutos representa 1.5 millones de delitos. De los delitos en los que empleados o propietarios de la unidad económica víctima estuvieron presentes, en 6.5% de los casos existió algún tipo de violencia física. Asimismo, de los 1.5 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban arma en 27.7% de los casos: de fuego y armas blancas u objetos contundentes, como palos, varillas, tubos y similares. Sin embargo, sólo se denunciaron 15.7% de los delitos, de los cuales en 85.6% se inició una averiguación previa o carpeta de investigación en el Ministerio Público. Del total de delitos, se inició averiguación previa o carpeta de investigación en 13.4% de los casos. Ello quiere decir que en 86.6% de delitos no hubo denuncia o no se inició averiguación previa o carpeta de investigación. A esto se le llama “la cifra negra”. Respecto de las denuncias hechas por víctimas ante el Ministerio Público, en 62.9% de los casos “no sucedió nada o no se resolvió”, o bien “está en trámite la denuncia”. Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las unidades económicas víctima destacan la “pérdida de tiempo”, con 35.6%, y “no tenía pruebas”, con 15%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad. Por causas atribuibles a la autoridad se entiende: “miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad” o “por malas experiencias anteriores con la autoridad”.