Rebasa Edomex deuda de corto plazo permitida; UAEMex, entre los principales deudores al ISSEMyM

Instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Foto: Tomada de Facebook Instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Foto: Tomada de Facebook

TOLUCA, Edomex. (apro).- La deuda pública en la entidad, que pasó de 32 mil a 38 mil millones de pesos de 2013 a 2017 -en el sector central-, se encuentra bajo “observación” del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) al rebasar uno de los tres indicadores del sistema de alertas establecido por la Ley de Disciplina Financiera.

Tras comparecer ante diputados de la Comisión de Vigilancia del OSFEM para detallar sobre los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2017, Fernando Baz, el auditor superior de la entidad, admitió que existe una observación relacionada con la necesidad del Gobierno Estatal de mejorar su calificación en materia de deuda de corto plazo (anual, con contratistas, proveedores y acreedores), pues de los tres indicadores del sistema de alertas “el Gobierno del Estado tiene dos positivos y uno de rango bajo”.

El endeudamiento permitido a corto plazo, expuso, es de 15%, pero el gobierno mexiquense “lo trae de 17%”.

Aunque no se trata de una observación de tipo resarcitorio, el funcionario parlamentario precisó que de su atención o no dependerá que la administración mexiquense esté en posibilidad de solicitar nuevos endeudamientos y le sean autorizados por la Legislatura.

Baz Ferreira además reconoció que la mayoría de los municipios mexiquenses se encuentra en números rojos en materia de deuda, debido a que conforme a la ley no pueden comprometer más de 40% de sus ingresos y han rebasado ese límite.

El auditor admitió que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) es uno de los entes que más adeuda al Instituto de Seguridad Social local (ISSEMyM) con mil 671 millones de pesos a agosto de 2018.

Al 31 de diciembre de 2017, precisó, el ISSEMyM tenía pendientes por cobrar 4 mil millones de pesos a todas las instituciones derechohabientes.

Aseguró que a la fecha el OSFEM no ha detectado ningún mal manejo en el fondo de pensiones, pero también aclaró que no puede descartarlo antes de comenzar la revisión de los datos que le acaba de remitir el Instituto.

De entrada, aseguró que el flujo de efectivo arroja un saldo negativo para el ISSEMyM, aunque sin tomar en consideración las cuentas por cobrar.

El funcionario parlamentario recordó que en 2017 la Legislatura local aprobó un presupuesto por 260 mil millones de pesos, pero se recaudaron 299 mil millones, de los que no se ejercieron 15 mil millones.

Baz Ferreira precisó que el OSFEM no fiscalizó en 2017 al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) –que la nueva administración encontró endeudado, con desabasto de insumos y medicamentos y 9 hospitales inconclusos-, pues la revisión corrió a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien planteó observaciones por 129 millones de pesos ese año.
El auditor descartó la necesidad de revisar los recursos locales que el ISEM maneja, bajo el argumento de que el monto es muy pequeño después de sustituir las cuotas de recuperación por el seguro popular.

Durante la comparecencia, la perredista Aracely Casasola sugirió que el auditor no está haciendo la tarea, al excusar que en 2017 no revisó las finanzas del ISEM, y consideró como susceptibles de ser desviados 30 mil millones de pesos que no fueron presupuestados para ese año pero que ingresaron a las arcas estatales.

El petista Francisco Solorza cuestionó que a pesar del superávit de recaudación, año con año el Gobierno mexiquense se da el lujo de contratar deuda pública, y consideró que la comparecencia fue un procedimiento superficial para esgrimir revisiones “a modo” con el objetivo de que no se resuelvan las dudas de los legisladores ni se abata la opacidad en el manejo de los recursos públicos.

El morenista Gerardo Ulloa dijo al auditor que los resultados de la revisión no se ven reflejados en su trabajo; y le recordó que, conforme a la ley, también puede ser removido por la Legislatura.

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