CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  Colectivos de familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidios y organizaciones de la sociedad civil exigieron la creación del Comité de Observación para dar seguimiento a la segunda Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México por desaparición de mujeres. Los colectivos y organizaciones promotores del Comité, mismos que solicitaron la AVG el 25 de junio de este año, consideraron pertinente dar seguimiento a las recomendaciones “con el fin de garantizar los derechos de las mujeres mexiquenses a la búsqueda, investigación, justicia y reparación del daño”. De acuerdo al informe del Grupo del Trabajo, que recomendó la declaratoria del AVG, hay un registro de 2 mil 407 mujeres desaparecidas entre 2012 y 2018 en los municipios de Toluca, Ecatepec, Netzahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. La cifra identificada por el Grupo de Trabajo “es mayor a la que se refirió en la solicitud de AVG presentada por las organizaciones y colectivos e indica que el problema se ha agudizado durante el 2018”. Entre las recomendaciones del Grupo de Trabajo se advierte que “es necesario actuar de manera inmediata en la prevención, la debida diligencia en la investigación, sanción y de manera fundamental, en la atención a las víctimas”. Otras conclusiones del informe resaltadas por las organizaciones y colectivos es que hasta el día de hoy “no se ha judicializado ninguna carpeta de investigación relacionada con desaparición forzada o por particulares cuyas víctimas sean niñas, adolescentes o mujeres”. Del mismo modo, los colectivos señalan que resulta preocupante que no hay personal suficiente, ni procedimientos adecuados “para la selección y evaluación de servidores públicos; poca difusión de los procedimientos de emergencia, y debilidades en la capacitación de funcionarios involucrados en la atención, investigación, búsqueda, localización y registro de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas”. Las organizaciones “resaltaron el deficiente nivel de sistematización de la información que impide establecer la incidencia y relación de la desaparición de mujeres con otros delitos, como feminicidios, secuestro y trata”. Otras fallas Identificadas en el informe son los “mecanismos informales de coordinación entre las autoridades que implican riesgos tales como la pérdida de información y material probatorio importante para la investigación y búsqueda”, así como que no hay garantías “para impedir que las mujeres sean víctimas de desaparición u otros delitos, lo que significa que las niñas y mujeres de la entidad se encuentran en riesgo permanente”. Pese a los importantes hallazgos del Grupo de Trabajo, las organizaciones y colectivos lamentaron que “el informe no considere medidas emergentes y acciones urgentes que atienda de forma inmediata la problemática de la desaparición de mujeres y que agilicen las acciones de búsqueda e investigación”. Reprobaron que no se contemple “un plan de acción urgente para las investigaciones abiertas por este delito”. Advirtieron que tampoco se considera “el fortalecimiento inmediato de medidas de protección que garanticen la seguridad e integridad de las mujeres que se encuentran en la búsqueda de sus familiares”. Al recordar que la Ley General de Desaparición considera como fundamental la participación de las familias, los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil, destacaron la importancia de crear un mecanismo de participación conjunta con el Grupo de Trabajo y la conformación de un comité de Observación, para dar seguimiento a las observaciones. Las organizaciones y los colectivos reconocieron el esfuerzo del Grupo de Trabajo en la realización de la investigación “minuciosa y objetiva” por los datos aportados y el trabajo de campo. Los solicitantes de la AVG exhortaron al Estado de México a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo en su totalidad.