CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de opositores al proyecto energético Eólica del Sur, en Oaxaca, sonó hoy la alarma ante una inminente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría amenazar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que empresas y gobierno instalen megaproyectos en sus territorios. El próximo 31 de octubre, la máxima autoridad judicial del país se pronunciará sobre el proyecto de resolución del ministro José Ramón Cossío que, de aprobarse, validaría la “simulación de consulta” de la Secretaría de Energía (Sener) para otorgar permisos a la empresa en la región zapoteca, condenó el grupo. Luego de obtener un amparo en 2014 contra el proyecto eólico --la justicia consideró que la consulta no cumplía con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)--, el grupo denunció que en el Istmo existen 24 megaproyectos que “nunca fueron consultados” y que el proyecto Eólica del Sur pondría 132 generadoras eólicas adicionales. “No era una consulta previa porque ya estaban otorgadas las licencias y los permisos (…) el proceso inició, pero ya contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y con los permisos de generación de energía eléctrica, y los dos permisos para el cambio de uso de suelo”, recordó Felipe Romero, abogado en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). “Por la forma en que esta primera sala y el ministro Cossío tenía interés, supongo, para poder enderezar las cosas, ahora lo dejan hasta peor, porque valida este tipo de acciones que validan el despojo territorial de los pueblos originarios”, deploró Bettina Cruz Velázquez, integrante de Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.