Ecuador rechaza acción de protección constitucional solicitada por Assange

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Justicia de Ecuador rechazó este lunes una acción de protección constitucional solicitada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para que no regulen sus condiciones de vida en la embajada ecuatoriana en Londres.

En declaraciones a los medios, el procurador general ecuatoriano, Iñigo Salvador, señaló que la jueza emitió su sentencia “y ha rechazado la acción de protección planteada por Assange”.

La decisión la tomó una corte ecuatoriana tras una audiencia en la que el activista australiano prestó testimonio por videoconferencia, en la que expresó su temor a ver terminado el asilo.

Assange consideró hoy que Estados Unidos y Reino Unido presuntamente presionan a Ecuador para que finalice su asilo en la Embajada en Londres, donde se encuentra desde 2012.

Así lo aseguró por videoconferencia, durante la audiencia de la acción de protección que su defensa planteó en contra del canciller ecuatoriano José Valencia, al considerarlo el interlocutor en el problema del fundador de WikiLeaks.

En su intervención, Assange mencionó un presunto diálogo entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que visitó Ecuador en junio pasado, y el jefe de Estado, Lenin Moreno, en el que supuestamente se solicitó la entrega del activista, informó el diario ‘El Comercio’.

“No quiero meterme en política, pero vemos que el gobierno ecuatoriano está apoyándose más en Estados Unidos y Reino Unido, con mayor influencia”, dijo el australiano.

El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, cuestionó las aseveraciones del activista y subrayó que Ecuador es un país soberano y no se deja influir por injerencias externas.

“Rechazamos esas maliciosas y perversas declaraciones, el Ecuador no actúa por presiones de otras naciones”, aseguró.

Pero Assange insistió en que desde marzo de 2018 su situación se tornó más sería, tras una restricción a sus comunicaciones, decisión que Ecuador adoptó por una serie de pronunciamientos políticos.

En su testimonio, que duró alrededor de 20 minutos, el australiano consideró que su vida corre riesgo y aseguró que su grupo de trabajo ha recibido amenazas de muerte, tras la filtración de cables de la CIA y del gobierno de Estados Unidos.

De igual manera, sugirió que el gobierno ecuatoriano está presuntamente “filtrando material escandaloso suyo” para validar una eventual extradición a Estados Unidos, según ‘El Comercio’.

En la audiencia reinstalada hoy, luego de suspenderse la semana pasada por problemas técnicos, se trató la acción de protección solicitada por los abogados de Assange frente a un protocolo que desde el sábado 13 regula sus condiciones de vida en la Embajada ecuatoriana en Londres.

La acción fue presentada por el exjuez español Baltasar Garzón, parte del equipo de la defensa del australiano, junto con el abogado en Ecuador, Carlos Poveda, al entender que el pliego de condiciones supone una violación de sus derechos.

El documento regula sus condiciones de vida en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde 2012, y en éste se le exige mantener unas reglas básicas de higiene y limpieza.

También se le regulan las visitas, y se le devuelve el acceso a internet, que Ecuador le cortó en marzo por repetitivos pronunciamientos políticos que considera violaron su estatus de asilado.

Salvador apuntó hoy que el protocolo busca alcanzar una convivencia armónica en la Embajada, pues “se trata de un edificio público que no fue concebido para vivienda”.

El procurador del Estado reveló incidentes que habría protagonizado Assange en la embajada desde 2014, como andar en patineta, jugar futbol y discutir con los guardias del consulado.

Agregó que el equipo de trabajo de Assange intentó colocar cámaras en la cocina y también un aparato desconocido en el balcón, publicó el diario.

Ecuador defiende que, como país que concede el asilo, tiene el derecho y la capacidad de imponerle reglas mínimas de seguridad e higiene, y su procurador recordó que la estadía del activista le ha costado más de 6 millones de dólares al Estado ecuatoriano.

(Con información de la agencia EFE)

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