CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió temporalmente las investigaciones o cualquier acción legal del gobierno de Chihuahua en contra del presidente Enrique Peña Nieto y cualquier miembro de su gabinete, por su presunta implicación en el desvío de 250 millones de pesos destinados para el estado y que fueron a parar a las campañas electorales del PRI en 2015. La suspensión indefinida fue dictada por la Corte al admitir a trámite la controversia constitucional interpuesta el pasado jueves 11 por la Presidencia de la República en contra del gobierno del panista Javier Corral. El gobernador ha amagado con llevar a tribunales internacionales al presidente y a sus colaboradores implicados en el caso, aun después de dejar el poder el 1 de diciembre, por “obstrucción a la justicia” y “proteger la corrupción política”. Con la admisión del recurso, sin precedentes en la Presidencia de la República, la Corte determinará si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales federales en un estado. El máximo tribunal aclaró que apenas es el inicio del trámite, por lo que no puede determinar si el consejero jurídico de la Presidencia tuvo o no razón en iniciar un juicio constitucional. Según el máximo tribunal, hasta ahora no se sabe quiénes podrían ser los funcionarios federales investigados por el gobierno de Javier Corral. Los nombres se conocerán cuando la Corte reciba las constancias de la fiscalía estatal. En un acuerdo dado a conocer el lunes, la Corte evitó precisar quién es el ministro a cargo del trámite y quien deberá presentar las razones constitucionales de la admisión o rechazo del juicio. En el caso de la suspensión de las indagatorias y cualquier acción legal del gobierno de Corral, la Corte dijo que de no hacerlo se generaría “una situación grave de impunidad generalizada” porque no se tendría certeza de cuáles serían los fiscales y los jueces a los que les toca procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales. La suspensión estará vigente hasta que la Corte determine si los delitos que pretende investigar y perseguir el gobierno de Chihuahua deben ser conocidos por las autoridades federales o las locales. Tanto el gobierno de Corral como la Consejería Jurídica de la Presidencia deben presentar sus argumentos al ministro instructor.