CANANEA, Son. (apro).- Padres de familia integrantes de la asociación civil Manos Unidas por Nuestros Niños AC solicitaron a las titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo negar a Abel Murrieta Gutiérrez la posibilidad de convertirse en el próximo fiscal sonorense por presuntamente “desviar” la investigación del incendio de la guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida y 106 más resultaron con lesiones de por vida en el 2009. En un par de misivas signadas al calce por los inconformes, y fechada el martes 30 de octubre, expusieron a la gobernadora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, y a la presidenta del Congreso local, Rosa María Mancha, que Murrieta Gutiérrez está en calidad de indiciado bajo el expediente 7/2016, por orden de un juez federal, asentado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Los padres añadieron en su solicitud que los delitos cometidos contra la procuración de justicia y la falsedad son extensivos al exgobernador sonorense, José Eduardo Robinson Bours Castelo, y podrían traducirse en “encubrimiento de homicidio”. En sendas cartas, de cuatro cuartillas, puntualizaron que los personajes antes mencionados se encuentran bajo investigación mediante “una determinación judicial en la cual se le ordenó a la Procuraduría General de la República incluirlos como indiciados hoy imputados por los hechos derivados en el incendio la guardería ABC”. En el 2009, Murrieta Gutiérrez se desempeñaba como procurador de justicia, un cargo -adujeron los padres de familia en la carta- que utilizó para defender de toda responsabilidad legal al entonces secretario técnico del Ejecutivo, Juan Carlos Lam, debido a que los supuestos responsables del siniestro se encontraban bajo su cargo. Y en cambio, según el documento, Murrieta y sus subalternos inculparon a las empleadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a las trabajadoras de la propia guardería. “Apartándose de su principal obligación que era establecer la verdad histórica de los hechos, desvió el curso de la investigación ordenando que se alterara la escena del crimen y cometiendo falsedad para responsabilizar a las empleadas”, acusaron los padres. Luego cuestionaron: -¿Cómo podría ser fiscal una persona que se encuentra bajo investigación de los hechos donde murieron 49 niños y 100 más resultaron lesionados y que podría ser privado de su libertad personal? Líneas más abajo, volvieron a inquirir: -¿Cómo podría una persona que se encuentra en esta situación tener la suficiente solvencia moral? El pasado 7 de febrero, Abel Murrieta se registró para convertirse en el candidato del PRI para contender por la alcaldía de Cajeme, municipio localizado a unos 270 kilómetros al sur de Hermosillo. Pese a la denuncia en su contra por el caso de la guardería ABC, el exprocurador se registró y perdió en la elección interna que sostuvo contra Emeterio Ochoa. También en esa fecha se dio a conocer que en la carpeta de investigación FEDE/DGCAP/UNAI-SON/0000019/2016, se establece que Abel Murrieta introdujo un documento oficial falso para desviar las investigaciones con el fin de que no se conociera cuál fue el verdadero origen del incendio en la guardería ABC. A consecuencia de esta investigación, el 9 de octubre de 2017, a través de otra circular, se informó a Guadalupe Taddei Zavala, actual presidenta del Instituto Estatal Electoral en Sonora, que el exprocurador y exjefe de la policía municipal de Cajeme estaba imposibilitado para contender por un puesto de elección popular. “El exprocurador se encuentra con el carácter de inviable al estar en calidad de indiciado en los hechos sumamente trágicos como lo fue la guardería ABC, y por los que se le podría fincar una responsabilidad penal”, consignó el escrito. La inviabilidad política de Murrieta se mantiene hasta este día, reiteraron los padres de familia afectados.