ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex. (apro).- Tras pagar 403 mil 616 pesos por concepto de reparación del daño, el Juzgado de Control de Toluca otorgó la suspensión condicional del proceso a dos de los ocho comuneros de Salazar, municipio de Lerma, detenidos durante un operativo policiaco violento la madrugada del 31 de agosto de 2017, luego de defender sus tierras de un intento de despojo. Los comuneros fueron detenidos tres días después de que se emitió un fallo judicial que los reconoce como propietarios de los terrenos, por un convoy que los testigos estiman en mil 500 policías federales, estatales, ministeriales y elementos de las fuerzas armadas, encapuchados y vestidos de negro. En el operativo, según refieren, fueron bloqueadas todas las entradas y salidas de la comunidad y las señales telefónicas, mientras los elementos irrumpieron violentamente en los domicilios, sin mostrar órdenes de aprehensión, con agresiones verbales, físicas, y detonaron armas de fuego dentro de los hogares. En la audiencia de este miércoles, relacionada con la carpeta administrativa 1146/2017, la juez de control determinó que Miguel Ángel Vilchis Zarza y Francisco Miguel Ceballos Vargas deberán, por un periodo de año y medio, acudir mensualmente a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares, realizar trabajo comunitario cada domingo durante dos horas, someterse a tratamiento psicológico para “control de la ira” y tener un trabajo dentro de la comunidad. A los campesinos, señalados por Mario Alberto de León Venegas (abogado de supuestos compradores de los terrenos) y Juan Carlos Ríos Soto (policía municipal de San Mateo Atenco) de incurrir en los delitos de lesiones y privación de la libertad, también se les prohibió acercarse y comunicarse con quienes los inculparon y con quienes participaron como testigos en el juicio. El monto por concepto de reparación del daño se dividió en dos partes: 24 mil pesos se entregaron en efectivo para Ríos Soto, mientras 379 mil 616.58 pesos quedaron a resguardo del Juzgado para ser reclamados por De León Venegas en los próximos días. La juez convocó a nueva audiencia para el primero de mayo de 2020, a fin de verificar el cumplimiento de estas condiciones y, de ser así, determinar la extinción y sobreseimiento del proceso; en caso contrario, el juicio deberá reanudarse en donde se quedó. En el transcurso de esta noche, familiares de los detenidos esperan se haga efectiva la libertad condicional de los acusados. Apenas el pasado 25 de octubre, la juez rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que les había sido impuesta a ambos detenidos, a quienes se incrimina por evitar que De León Venegas despojara de un terreno a Miguel Ángel Vilchis el 30 de septiembre de 2016. Las presuntas víctimas aseguran que fueron atacados por los vecinos -algunos armados con machetes, palos y piedras-, privados de su libertad y que fueron hurtadas sus pertenencias. Derivado de los mismos hechos, Salazar aún esperan la resolución de otra denuncia por privación ilegal de la libertad y robo con violencia en contra de cinco comuneros: Fermín Esquivel Rojas, Daneyra y Yuriko Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Miguel Ángel Vilchis García. Además, el presidente de los bienes comunales, Cudberto Vilchis, se encuentra en prisión domiciliaria debido a que por su edad (71 años) alcanzaba este beneficio, aunque también cubrió caución por 420 mil pesos. En ambos casos, familiares de los detenidos aseguran que se organizaron para cubrir los montos exigidos por las víctimas y fijados por el juzgado, acudiendo a diversas comunidades a vender algunos productos y realizando “boteo”, pues en su mayoría son campesinos, obreros, o expenden comida en la comunidad aledaña a la zona turística de La Marquesa.