JUCHITÁN, Oax. (apro).- Luego de manifestar que aproximadamente 400 estudiantes son “doblemente víctimas del terremoto”, porque perdieron su vivienda y también su escuela, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados conminó a los gobiernos federal y estatal a dar cumplimiento a la sentencia dictada para la reconstrucción de la escuela secundaria técnica número 33, ubicada en el municipio de Unión Hidalgo. En un pronunciamiento, los abogados destacaron que la reconstrucción de la secundaria y la regularización de las clases, como lo ordenó el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, es condición necesaria para que los menores de edad vuelvan a la normalidad y superen esa tragedia. “La educación es la mejor herramienta para la superación personal y social, así como para generar condiciones de igualdad”, destacó la Barra Mexicana, por lo que exhortó a todas las autoridades involucradas “a mostrar responsabilidad, sensibilidad y celeridad, favoreciendo en todo momento la más amplia protección de los derechos humanos de los afectados, en particular el interés superior de los menores y su derecho constitucional a una educación de calidad”. El pasado 18 de octubre, el juez federal publicó la sentencia del juicio de amparo indirecto número 1513/2017 promovido en nombre de diversos estudiantes de la escuela secundaria técnica 22 “Lázaro Cárdenas” de Unión Hidalgo, concediendo protección de la justicia federal en contra de autoridades federales, estatales y locales. En la sentencia de amparo se pide realizar la reconstrucción de la escuela dañada en el terremoto del 7 de septiembre de 2017, procurando garantizar el derecho a la educación, es decir, alcanzar horas efectivas de clase y eficiencia, así como tomar las medidas para recuperar los días y horas perdidas. El presidente de la Barra, José Mario de la Garza Marroquín, envió el documento al presidente Enrique Peña, al gobernador Alejandro Murat y al presidente municipal de Unión Hidalgo, entre otros. En ese texto mencionan que el terremoto de 8.2 grados devastó el Istmo de Tehuantepec y, según la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), dos mil 811 casas, de un total de 4 mil en Rancho Gubiña, resultaron afectadas. De éstas, 67% sufrieron pérdida total. Con todo ello, las autoridades han desacatado la resolución judicial. Edgar Martín Regalado, padre de familia, denunció que 400 estudiantes “viven en situación de emergencia” por las lluvias y los fuertes vientos, razón por la que podrían perder la mitad del calendario escolar, como ocurrió en el ciclo pasado. Y el juez Tello Espíndola subrayó que la falta de presupuesto “no es obstáculo para no llevar a cabo la reconstrucción del centro educativo (…) los responsables tienen la obligación de gestionar ante quien corresponda con el objeto de garantizar la impartición de una educación de calidad” La resolución va en contra de 11 autoridades, entre ellas el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Alejandro Murat, el titular de la SEP, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (Inifed) y el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física y Educativa (Iosifed), así como la Secretaría de Gobernación y los coordinadores de Protección Civil federal y estatal. La autoridad judicial resolvió: “Procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, adopten las medidas necesarias para que se garantice el derecho a la educación de calidad previsto en el artículo 3° de la Constitución”.