CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la celebración del tercer Examen Periódico Universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones de la sociedad civil exigieron al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador atender las recomendaciones del instrumento. En comunicados por separado, las organizaciones que conforman #ColectivoEPUmx y la oficina en México de Amnistía Internacional coincidieron en que el balance de los integrantes del Consejo de Derechos Humanos confirma la crisis en el país en esa materia. Luego de señalar que el pasado 29 de septiembre tuvieron contacto con la que será la nueva Cancillería, los integrantes del #ColectivoEPUmx solicitaron “un encuentro público cuando ya sean gobierno y las recomendaciones (del EPU) hayan sido emitidas”. El colectivo, conformado por 245 organizaciones, señaló que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la supervisión del EPU demostró “el deterioro de la situación de derechos humanos”. Y a la siguiente administración se le convocó “a sostener un encuentro público en cuanto ya sean gobierno y las recomendaciones hayan sido emitidas”, tal como se sugirió en un encuentro previo entre las organizaciones y el equipo de la próxima Cancillería. Los integrantes del colectivo destacaron que “desde el final del segundo ciclo del EPU, en México se han incrementado las vulnerabilidades estructurales en materia de derechos humanos”, lo que se ha puesto de manifiesto “en un marco jurídico que favorece la impunidad debido a la aprobación de diversas leyes que legalizan la violación a derechos humanos”. Las organizaciones que integran el #ColectivoEPUmx insistieron en solicitar “que en el marco de la asistencia técnica en materia de derechos humanos se fortalezca la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones”. Por el desarrollo del EPU “se pudo confirmar el diagnóstico de los actores internacionales: la crisis de derechos humanos persiste”, y también que está latente la preocupación por “las agresiones y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la falta de investigación y sanción a los perpetradores”, además de que “se realizaron múltiples observaciones en torno a la violencia estructural e institucional que se ejerce contra las mujeres”. El colectivo destacó que en el Consejo de Derechos Humanos “se reiteró la necesidad de atacar los altos niveles de violencia, corrupción e impunidad, por considerar que se trata de indicadores certeros y verificables en el cumplimiento de las responsabilidades respecto a los derechos humanos de un Estado”. Las organizaciones llamaron al Consejo de Derechos Humanos a que “colabore con el Estado mexicano para generar mecanismos que permitan implementar los resultados del presente ejercicio del EPU y mecanismos tendientes a erradicar la impunidad”. Por otra parte, la representante en México de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, destacó que “a pesar de los avances legislativos, éstos no se traducen en cambios reales para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos en el país; especialmente aquellas referidas a desaparición y tortura”. La defensora manifestó que en su informe presentado en el EPU el Estado mexicano demuestra que “las medidas adoptadas por la administración saliente han sido claramente insuficientes para transformar la realidad que afronta el país”. Recordó que en esta tercera edición del EPU se confirmaron problemas “como la falta de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, que se identificaron en las revisiones de 2009 y 2013, y que “siguen siendo focos rojos de atención a nivel internacional”. Al señalar que las víctimas de violaciones a derechos humanos requieren “acciones efectivas, no sólo palabras”, Reneaum urgió al gobierno entrante a tomar “en serio los derechos humanos”. Ante ello, la defensora puntualizó que el gobierno de López Obrador “debe trazar una agenda de trabajo para implementar totalmente las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas”. De igual manera, reiteró que “en el periodo de transición política, estas recomendaciones constituyen un punto de partida para revertir la crisis actual”.