GINEBRA (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante, aseguró que la Ley de Seguridad Interior respeta los criterios emitidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. A pesar de ello, dijo, “el presidente Enrique Peña Nieto se ha abstenido de emitir cualquier declaratoria sustentada en esta ley en tanto la Suprema Corte de la Nación no resuelva y se pronuncie la constitucionalidad y respeto a los derechos humanos de este ordenamiento". Así lo afirmó Avante durante el diálogo en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al responder a los cuestionamientos hechos a dicha ley por países como Suiza, Estados Unidos y Reino Unido. Avante refirió que la guía para la regulación del uso de la fuerza y protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, ha sentado el criterio de que dichas intervenciones deben cumplir con los principios de excepcionalidad, temporalidad y subsidiariedad. En este sentido defendió:

"La ley de Seguridad Interior atiende estos tres principios ya que, sobre la excepcionalidad señala que las fuerzas armadas podrán intervenir únicamente en aquellos casos en los que las fuerzas policiales o de seguridad no cuenten con la capacidad necesaria, es decir cuando haya una imposibilidad de actuación efectiva de las fuerzas civiles”.

Por lo que hace a la temporalidad, continuó, la Ley de Seguridad Interior hace referencia a que “se requiere una declaratoria en la que se exprese el tiempo de la intervención y la circunscripción de la misma, no considera intervenciones permanentes''. Y con respecto a la subsidiariedad Avante argumentó que la Ley "dispone que la intervención de las fuerzas armadas estará coordinada por el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación, es decir por la autoridad civil y cesará en el momento en que las fuerzas civiles cuenten con capacidad de respuesta". Avante dijo ante los estados miembros presentes en el examen de la ONU sobre el récord de derechos humanos en México que "la declaratoria, por tratarse de un acto de autoridad es, en cada caso, susceptible de impugnación vía amparo, lo que permite revisar su constitucionalidad y respeto a los Derechos Humanos”. "Dolosa" la interpretación de Avante  Al ser cuestionada por Apro sobre estos argumentos presentados por Avante ante la comunidad internacional en defensa de la Ley de Seguridad Interior, Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien estuvo presente en la sesión del EPU, expresó que la interpretación emitida por el Subsecretario de Derechos Humanos, es preocupante, incluso dolosa.

"Es dolosa al considerar que la Ley de Seguridad Interior no se apega a los principios conforme al derecho internacional de los derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza ni a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos''.

También advirtió, que dicha Ley "no se apega al principio de temporalidad que afirmó el Subsecretario Avante, y que por el contrario implicaba una violación al límite de temporalidad dado que la Ley permite que la intervención federal extraordinaria generada por una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior se pueda prorrogar indefinidamente''. "Esta ley debe ser abrogada", lanzó Guzmán. Proyecto preocupante Cabe recordar que en su momento Zeid Ra’ad Al Hussein el anterior Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos consideró que dicha Ley era un "proyecto muy preocupante".

“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada. Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el Alto Comisionado.

Además, consideró que la autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados, e incluso la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza. Zeid señaló que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita había hecho hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.

“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana”, argumentó ACNUDH antes de que la polémica Ley fuera aprobada.