CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 23 días de que tome posesión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, advirtió que ante la “descomposición brutal del Estado y sus instituciones”, corresponderá al nuevo gobierno “reconstruir y construir las instituciones públicas” para garantizar el efectivo respeto a los derechos humanos”. “No va a ser fácil, no se va a cambiar de la noche a la mañana, va a ser un trabajo monumental, pero el compromiso es que no vamos a ser omisos, no vamos a simular, no vamos a ocultar el problema (de la crisis de derechos humanos), tenemos que reconocerlo para enfrentarlo. La defensa de los derechos humanos va en serio, no vamos a ser florero, y si hay que enfrentar a un cuartel o a una banda (del crimen organizado, lo vamos a hacer hasta donde lleguemos”, se comprometió Encinas, uno de los hombres más cercanos a López Obrador. Durante su participación en el seminario internacional “La transformación histórica del régimen mexicano en el contexto global. Los retos para el próximo sexenio”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el exjefe de gobierno capitalino se comprometió a atender “los temas más acuciantes” en materia de derechos humanos, una vez que tome posesión, y para ello –dijo– tendrán que intervenir dependencias destinadas a la atención a víctimas, pero que hasta ahora no han dado una respuesta efectiva. Al resaltar que el gobierno de López Obrador destinará 106 mil millones de pesos para becas y para dar su primer empleo a jóvenes, Encinas Rodríguez sostuvo que “van a cambiar las cosas en serio” y que el próximo gobierno va a requerir del acompañamiento ciudadano. “Espero que haya ese acompañamiento de la sociedad, porque la respuesta de los grupos de interés es fuerte, viene un arranque con mucha fuerza para dar respuesta a las inquietudes de la gente”, puntualizó. Y soltó: “El viejo régimen sigue vivo”. Luego de reconocer que la “indignación social” por los abusos, la violencia y la corrupción en el país fue la palanca que llevó a López Obrador y a su partido Morena a triunfar en las pasadas elecciones, Encinas Rodríguez sostuvo que el tema prioritario de su gestión será dar respuesta a los familiares de los desaparecidos, que rondan en 40 mil, así como dar identidad a los cuerpos encontrados en las más de mil fosas clandestinas. Lamentó que, si bien el año pasado se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, “apenas hace 15 días se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda, con un programa de acción que no conocen los familiares de las víctimas”. Ante la deficiente implementación de la Ley General, abundó, al nuevo gobierno le tocará “reinstalar el Sistema y volver a crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, así como los protocolos de búsqueda e identificación, para tratar de remontar un problema que debió atenderse hace más de una década”. Para el próximo funcionario federal “el reto será reparar el daño y dar justicia a los familiares, garantizar un cambio y un nuevo paradigma”. De acuerdo con Encinas, uno de los primeros pasos a seguir en torno a las desapariciones será la instalación de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que contará con la participación de organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El próximo subsecretario de Gobernación aseguró que el gobierno de López Obrador irá “a fondo en este caso emblemático”, y destacó que a esa comisión le corresponderá analizar las denuncias por tortura, a través de las cuales se construyó la “verdad histórica”, toda vez que “va a contar con fuerza jurídica para intervenir en estos casos”. Otra prioridad será el esclarecimiento de los feminicidios, y reconoció que dos municipios del Estado de México, Ecatepec y Chimalhuacán, son los más letales para las mujeres, así como que en la colonia Jardines de Morelos “se concentra el 80% de los feminicidios del municipio” de Ecatepec. Encinas se comprometió a “replantear” el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que en el modelo actual “no resuelve nada”, así como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se ha convertido en “un negocio para una empresa privada que se encarga de la seguridad”. Asimismo, ofreció transformar el Instituto Nacional de Migración (INM) y cambiar la política para que no se criminalice a las personas que salen huyendo de sus países de origen por la violencia o pobreza. En la mesa en la que participó el próximo subsecretario de Derechos Humanos estuvieron el fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández. Concha Malo se refirió al reto del Congreso de la Unión de aprobar una Ley de Amnistía que tendría que beneficiar a “presos políticos y defensores de derechos humanos, que fueron criminalizados por su labor de defensa”. Resaltó que algunas organizaciones sociales ya cuentan con listas de nombres de defensores que han sido encarcelados, para que el Senado emita una ley de amnistía “que debe contar con nombres precisos”. Concha Malo, uno de los decanos del movimiento de derechos humanos en el país, resaltó que el próximo gobierno de López Obrador ha generado una enorme expectativa en materia de justicia transicional. “En el periodo de 2000 a 2006 (durante el gobierno de Vicente Fox) se tuvo la fallida esperanza que iba a haber cambio de régimen, pero no fue así; era necesario verdad, justicia, reparación y garantías de no reparación, que nunca llegaron, y eso es parte de justicia transicional, no una sin la otra, y sólo después de eso vendrá el proceso de reconciliación”, advirtió el defensor. Al hablar de la comisión para el caso Ayotzinapa, Barrera Hernández recordó que en México ya ha habido experiencias de comisiones de la verdad, como ocurrió en Guerrero, que se creó para tratar de esclarecer las violaciones a derechos humanos cometidos durante la llamada “guerra sucia” de los años setenta, y que en esa entidad sureña cobró entre 500 y 600 desapariciones. El defensor resaltó la propuesta al próximo gobierno de revivir las comisiones de la verdad, como también la hay en Oaxaca, para que sus lineamientos sean atendidos a cabalidad. Asimismo, hizo un llamado al próximo gobierno para abrogar la Ley de Seguridad Interior (LSI), que deja en manos de las fuerzas armadas la seguridad pública, así como garantizar la creación de una fiscalía autónoma. El director de Tlachinollan, una de las organizaciones que representa a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, recomendó a la próxima administración que, si pretende ser un gobierno distinto a los emanados del PRI y del PAN, tendrá que plantearse como prioridad respetar los derechos humanos. “El respeto irrestricto a los derechos humanos es el eje que va a dinamizar los cambios, pero si se siguen supeditando a intereses políticos o económicos, desde ahí vamos a ver que no es la dignidad humana una prioridad para el próximo gobierno”, concluyó.