El PRD solicita juicio político contra exalcalde de Hermosillo involucrado en la “estafa maestra”

HERMOSILLO, Son. (apro).- La dirigencia estatal del PRD pidió al Congreso local iniciar un juicio político contra el exalcalde priista Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, por el desvío de más de 516 millones de pesos obtenidos en créditos bancarios y dilapidados en gasto corriente.

Este mediodía, el líder de los perredistas en la entidad, Miguel Ángel Armenta, entregó la solicitud ante la Oficialía de Partes del parlamento sonorense.

En el documento se argumenta que de 2015 a 2018 el exalcalde solicitó el refinanciamiento de la deuda pública de Hermosillo por mil 483 millones de pesos y un crédito de 500 millones de pesos para inversiones públicas productivas.

El Congreso sonorense avaló la petición municipal mediante el Decreto 23, fechado en diciembre de 2015.

Sin embargo, Acosta Gutiérrez, ‘El Maloro’, desvió 516 millones de los recursos crediticios para pagar deudas a corto plazo y el pago de nómina.

La solicitud perredista de juicio político está respaldada en los resultados entregados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en relación con la Cuenta Pública de 2017.

El análisis financiero, con número de expediente 2017-D-26030-16-1374-2018 y fechado en diciembre de 2015, concluye que en el trienio del exalcalde se encontró un quebranto a las arcas municipales de 413.4 millones de pesos.

“Este Congreso aprobó dos decretos en los que se especifica. Las auditorías dicen que fueron utilizados para gasto corriente, para pagar nómina, no para garantizar lo que en los decretos se planteaba, esto es una ilegalidad. Hay varias normativas que fueron violentadas, y este Congreso ha dicho que hay que pasar de la palabra a los hechos, que tiene que haber consecuencias”, puntualizó Armenta.

Adicionalmente, en la revisión financiera se encontraron 11 observaciones, de las que derivaron 13 recomendaciones, 20 promociones de “responsabilidad administrativa sancionatoria” y siete “pliegos de observaciones”.

Según la ASF, el ayuntamiento de Hermosillo ostenta una deuda pública de mil 936 millones de pesos al 31 de diciembre de 2017, y a esa misma fecha se tuvieron ingresos totales de tres mil 130 millones de pesos.

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, alcalde priista de Hermosillo y extitular del Registro Agrario Nacional (RAN), está involucrado en la investigación periodística llamada “estafa maestra”, acusado de desviar 447 millones de pesos cuando fungió como titular de esta última dependencia federal.

En el reportaje de Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se detalla que el exfuncionario federal participó en la operación gubernamental, en la que presuntamente 186 compañías –muchas de ellas fantasmas– recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, en flagrante violación la Ley General de Adquisiciones y comprobable en las cuentas públicas de 2013 y 2014.

‘El Maloro’, establece la investigación, desvió para la causa delincuencial 447 millones de pesos, es decir que un 5.8% de toda la operación financiera estuvo a su cargo.

Acosta Gutiérrez dimitió a la alcaldía el 16 de marzo pasado, para participar en la contienda electoral con el fin de lograr un escaño en el Senado de la República junto a su pareja de fórmula, Sylvana Beltrones, heredera política del exgobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones.

Pese a los esfuerzos políticos, ‘El Maloro’ y Sylvana perdieron la elección frente a la pareja de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Alfonso Durazo y Lilly Téllez, que representan los intereses políticos de Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo.

No obstante, la hija de Beltrones logró un escaño en la Cámara alta bajo el principio de “primera minoría”, un puesto de consolación que se otorga al mejor segundo lugar en las elecciones senatoriales.

En los 28 meses que fungió como alcalde, Acosta Gutiérrez dejó aumentos injustificados a la tarifa de agua, que sumados alcanzan el 64% de sobreprecio respecto de 2015, cuando inició su gestión.

También pagó 25 millones a la empresa Zero Edificaciones por modernizar 10 paradas de camiones localizadas en tres sectores de mayor afluencia de la ciudad. Ofreció que contarían hasta con señal de wifi, pero a enero de 2018 los parabuses si siquiera tienen iluminación.

Además, privatizó el servicio de Alumbrado Público hermosillense por los próximos 15 años.

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