La casa de La Fiera está en el limbo. Pese a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que confirmó que el Club Social y Deportivo León es el verdadero dueño del estadio Nou Camp, éste sigue en poder del municipio de León, Guanajuato, porque ahora en el pleito legal se trata de determinar quiénes son los verdaderos miembros que encabezan dicha asociación civil. Mientras este lío de pantalón largo es resuelto, Grupo Pachuca, propietario del equipo de futbol de Primera División, erige una nueva sede con apapachos económicos gubernamentales.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un juicio radicado en el Juzgado Tercero Civil de León, Guanajuato, evitó que el 28 de septiembre último el ayuntamiento entregara el estadio de futbol Nou Camp a Roberto Zermeño Reyes y a Héctor González González, señalados de haber simulado dos asambleas en las que “fueron admitidos” como socios del Club Social y Deportivo León, asociación civil propietaria del inmueble.  El 31 de julio pasado el ayuntamiento fue notificado sobre la existencia del juicio 355/2018-C en el cual el representante legal de dicha organización civil, Alfredo Pérez Mendiola, solicitó que se declaren inexistentes dos actos jurídicos –y la nulidad de los documentos que de ellos se derivaron–, pues ninguna de las personas que los promovieron son miembros del club social. Así, el ayuntamiento no pudo ejecutar la sentencia dictada en el juicio mercantil 009/2011 en el que el juez Tercero Federal de Distrito, Leonardo González Martínez, le ordenó entregar el inmueble a Zermeño Reyes y a González González. La casa de La Fiera continuará bajo el resguardo de la autoridad municipal mientras sea dirimida la disputa.  La pugna por la posesión del estadio León, casa del equipo de futbol de Primera División del mismo nombre, se recrudeció luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó en septiembre de 2017 la sentencia del juez federal respecto de que el propietario es el Club Social y Deportivo León. Mientras Roberto Zermeño Reyes, hijo de Roberto Zermeño Vargas, exdueño del León, y el empresario celayense Héctor González González, propietario de la empresa Cuadritos –productora de leches y sus derivados– alegan que desde 2011 son integrantes de la asociación, el grupo que representa Pérez Mendiola insiste en que eso es falso porque la única asamblea válida en la que se admitieron a nuevos integrantes se realizó en 2017.  “Nosotros le avisamos al ayuntamiento sobre la existencia del juicio que iniciamos el 28 de mayo de este año donde demandamos a Roberto Zermeño y a un grupo de personas por una falsa representación. Decimos que son nulas las actas con las que se ha ostentado Roberto Zermeño porque provienen de asambleas simuladas”, explica el abogado Alfredo Pérez Mendiola.  De acuerdo con el representante legal, la historia es la siguiente: en una asamblea del 8 de octubre de 1963 los señores Alfonso Sánchez López y Guillermo Liceaga y Díaz Infante fueron admitidos como miembros del Club Social y Deportivo León.  El 2 de septiembre de 2017, Sánchez López y Liceaga y Díaz Infante –únicos asociados sobrevivientes– celebraron una asamblea para elegir al nuevo Consejo Directivo. El primero quedó en calidad de presidente y el segundo como secretario.  Al día siguiente estos dos socios realizaron una asamblea extraordinaria para aceptar a 14 nuevos miembros: Ignacio Rogelio Díaz Torres, J. Amado Anaya Méndez, José de la Luz Alfredo Pérez Mendiola, Fernando Torres Graciano, Carlos Muñoz Anaya, Jorge Horta López, José Emmanuel Pérez Velázquez, Primo Quiroz Durán, Alfredo Pérez Velázquez, Harold Gabriel Appelt, Manuel Alejandro Noriega Padilla, Adrián Godínez Ibarra, Víctor Manuel Tovar Martínez y José Luis Manrique Arteaga.  Los nuevos integrantes asumieron el 4 de septiembre último distintos cargos en el Consejo Directivo. Alfonso Sánchez López fue ratificado como presidente. Las actas de estas tres asambleas fueron protocolizadas el 15 de enero de 2018 en la escritura 9765, por el notario público número 7 de León, David Echeverría López.  El abogado Pérez Mendiola aclara que sin la autorización de Alfonso Sánchez López, los señores Valente Aguirre Meza, Rubén Rentería Pérez, Guillermo Aguirre Meza, José Francisco González Florez, José de la Luz Navarro de La Torre, Enriqueta Aguirre Meza, Eteban Fabela Corral, Domingo Gallegos Rodríguez, Roberto Zermeño Vargas, Roberto Zermeño Reyes, Alberto Pantoja de Anda, Francisco Mena Cervantes, José Zermeño Vargas, Alberto Rosales González, Alberto Rosales Reyes y César Jacov Zermeño Reyes únicamente simularon la asamblea del 12 de mayo del año 2000 en la que supuestamente fueron admitidos como integrantes del club. El acta de esta asamblea fue protocolizada seis días después en la escritura pública 2479 por el notario 24 de León, Federico Plascencia Pérez. Sin embargo, Pérez dice que aunque la escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en dicha oficina no aparece el documento.  De igual manera estas mismas personas son señaladas de simular otra asamblea, la del 8 de enero de 2011, cuya acta también protocolizaron ante el notario 73, Ernesto Arrache Hernández.  Por ello, el 28 de mayo pasado el Club Social y Deportivo León, AC, interpuso ante el Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia una demanda de nulidad contra ambas escrituras. Ven mano negra Los opositores a Zermeño promovieron inicialmente un juicio de amparo ante el juez undécimo de Distrito del Décimo Sexto Circuito (número 364/2017), pero fue desechado porque consideró que el club social sí estuvo debidamente representado por Roberto Zermeño Reyes.  Esta resolución fue confirmada con el mismo argumento por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito.  “Finalmente intentamos promover oposición a la ejecución de sentencia en el juicio mercantil 09/2011 para que no se entregara el estadio a personas ajenas a la asociación que representamos, bajo la base de que nunca participamos en el proceso y somos terceros por equiparación, dada la falsa representación con documentos apócrifos. “Sin embargo, el juez Tercero Federal de Distrito negó la intervención bajo el argumento de que no tenemos personalidad en dicho proceso. En términos generales ni siquiera se nos respeta el derecho de acceso a la justicia al no dejarnos entrar al proceso, pese a que existen documentos que demuestran que los papeles usados son falsos”. Ambos argumentos de denuncia son parte de una carta que el grupo que Mendiola representa envió en agosto pasado al presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, en la que le solicitaron que el Consejo de la Judicatura Federal investigue a todos los jueces involucrados, “para tener un acceso efectivo a la justicia, a fin de demostrar la existencia de nuestros derechos y la inexistencia de los derechos de quienes se ostentan como representantes de nuestra asociación sin serlo”. El Consejo de la Judicatura no ha respondido.  Estrategia legal de Zermeño En mayo de 2011, Zermeño y González demandaron al municipio la devolución de la sede del León, del estacionamiento y de los terrenos del Museo de la Piel y el Calzado, que en conjunto suman más de 60 mil metros cuadrados. En mayo de 2014 el juez Tercero Federal de Distrito falló en su favor. En septiembre de 2015 se confirmó esta sentencia en segunda instancia. En marzo de 2017 la SCJN ratificó la sentencia del juez Leonardo González Martínez y resolvió que el municipio debe entregar el inmueble a Zermeño y a González en su calidad de presidente y vicepresidente, respectivamente, del Club Social y Deportivo León. De acuerdo con Alfredo Pérez Mendiola, el valor del estadio en pugna asciende a unos 800 millones de pesos. Dice que la idea de los falsos socios es venderlo y quedarse con el dinero. Considera que la pérdida es una injusticia puesto que fue construido en terrenos que el entonces gobernador Juan José Torres Landa donó en 1965 y con recursos de los asociados y los palcohabientes.  De hecho, la noticia en favor de Zermeño y de González ocasionó que el entonces gobernador panista Miguel Márquez Márquez anunciara que el estado ya tiene un terreno –entre los bulevares Francisco Villa y Morelos– para la nueva sede del León, equipo propiedad de Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez Patiño y su hijo Jesús Martínez Murguía.  En septiembre último fue presentado el nuevo proyecto que deberá quedar concluido en 2022. La obra la realizará la empresa NHK con experiencia en la construcción de inmuebles como el de los Vaqueros de Dallas. Fiera consentida En enero de este año, Televisa Deportes presentó una investigación en la que reveló que Grupo Pachuca pretende ejecutar en la ciudad de León un proyecto similar al de los Tuzos: gozar de terrenos obsequiados por el gobierno estatal y de subsidios municipales para no pagar servicios. La televisora, dueña del Club América, exhibió los contratos que el consorcio hidalguense ha firmado con distintos presidentes municipales. En uno de los documentos presuntamente se le obliga al empresario a pagar 108 mil pesos por el uso del estadio León. Sin embargo, el municipio le otorga –al mismo tiempo– 95 mil pesos al mes, es decir, el gobierno local en realidad recibe 13 mil pesos mensuales de parte de la familia Martínez.  En 2013 Martínez Patiño firmó un nuevo convenio con la presidenta municipal María Bárbara Botello, quien entregó 2 millones de pesos al club León para la remodelación de las tribunas.  En diciembre de ese mismo año se cambió la Ley de Ingresos y se determinó que los espectáculos deportivos quedaban libres del pago de impuestos.  Otro caso: el presidente municipal Héctor López Santillana firmó en 2016 un nuevo convenio que le permitió al club León seguir usando el estadio y gozar de un subsidio –cuyo monto no fue revelado– que el propio ayuntamiento depositaría en una cuenta bancaria “por servicios extraordinarios de seguridad pública”.  Sin embargo, desde 2015 el club León no le ha pagado al municipio los servicios de seguridad que se emplean durante los partidos y mantiene un adeudo superior a los 8.5 millones de pesos con la Tesorería local.  También en 2016 Jesús Martínez Patiño firmó otro convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del estado para que le entregaran 2.7 millones de pesos con el fin de “organizar” una campaña de prevención del delito.   Este reportaje se publicó el 4 de noviembre de 2018 en la edición 2192 de la revista Proceso.