Juez tira pruebas contra contador de Javier Duarte; PGR critica a jueces

Javier Nava Soria, exoperador financiero de Javier Duarte. Foto: Twitter ‏ @PGR_mx Javier Nava Soria, exoperador financiero de Javier Duarte. Foto: Twitter ‏ @PGR_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–­ La Procuraduría General de la República busca una nueva estrategia para obtener una sentencia condenatoria contra Javier Nava Soria, contador que estaría involucrado en el desvío de recursos junto con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, luego de que un juez calificó como ilegal la información financiera que presentó el agente del Ministerio Público de la Federación.

Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador especializado en investigación de delitos federales, expuso que el problema es que los jueces están aplicando de manera retroactiva un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual establece que toda información bancaria y financiera sería declarada nula si no se obtiene por orden de un juez.

Refirió que se corre peligro de que se caigan los casos de los probables involucrados en el caso Javier Duarte, ya que “cuando tenemos criterios a modo generamos impunidad”.

Continúa: “En el juicio contra Nava Soria buscamos una estrategia que nos permita tener sentencias condenatorias en el resto de los involucrados”.

En la audiencia intermedia del 8 de noviembre, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, invalidó 11 documentales, 12 testimoniales y dos dictámenes en materia de contabilidad.

“El juez de control consideró que la información financiera allegada a la carpeta de investigación vulneraba el derecho a la vida privada, por los planteamientos ya expuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, que se requirieron y obtuvieron sin previo control judicial, siendo ello necesario para no vulnerar el referido derecho fundamental.

“En audiencia intermedia celebrada inicialmente el 8 de noviembre de 2018 en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, derivada de la causa penal 97/2016, en contra del exfuncionario de Javier Duarte, el juez de control resolvió que, de conformidad con lo establecido en lo dispuesto por el artículo 346, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, fueran excluidas 11 documentales, 12 testimoniales, y la parte conducente de dos dictámenes periciales en materia de contabilidad, relacionadas, todas ellas, con la información financiera obtenida por el agente del Ministerio Público”.

Determinación que fundó, esencialmente, en lo adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 502/2017, así como, en lo resuelto por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito dentro del toca penal 156/2018 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Elba Esther Gordillo Morales.

De acuerdo con el funcionario, el juez de control estimó que no pudo adoptar una determinación diferente, pese a que el Ministerio Público de la Federación se ajustó en su momento a las disposiciones legales acordes a su actuar y al principio de buena fe, sin embargo, ello había quedado rebasado por el pronunciamiento de la SCJN.

Asimismo, adujo que no compartía lo resuelto por su homologo, el Juez de Control en la audiencia de 31 de enero de 2016, en la que se solicitó la técnica de investigación para la obtención de la información financiera, pues a su parecer era factible otorgar dicha técnica para que el Ministerio Público obtuviera la referida información, ya que la institución ministerial había obrado de buena fe, tratando de no vulnerar derechos fundamentales de los imputados.

Finalmente, consideró que tampoco era obstáculo que la Representación Social de la Federación hubiera solicitado dicha información financiera conforme al artículo 9, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada pues, aun tratándose de delincuencia organizada, no puede haber excepción para no respetar los derechos fundamentales.

El 9 de noviembre de 2018, dándose continuidad a la audiencia intermedia y concluida la misma, en total para la Fiscalía de la Federación le fueron admitidas: 12 testigos, de los cuales 8 hablaran de 27 pruebas documentales aceptadas, dos pruebas periciales, como son contabilidad y valuación inmobiliaria.

También cuatro pruebas referidas como otros medios de prueba que son fotografías y tablas Excel, mismos que serán incorporados por testigos.

La defensa ofreció seis testimoniales, de la cuales cinco ya había ofrecido la Representación Social de la Federación en su escrito de acusación.

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