Dos muertes inauditas dan macabro giro al caso Odebrecht en Colombia

BOGOTÁ (apro).- Las muertes de Jorge Enrique Pizano, un testigo clave del caso Odebrecht en Colombia, y de su hijo Alejandro, quien fue envenenado con cianuro, han convertido la trama de corrupción de la constructora brasileña en un asunto de nota roja que involucra a personas de mucho poder en este país.

Jorge Enrique Pizano, un ejecutivo que en 2015 había alertado al hoy fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martinez, sobre los manejos turbios de Odebrecht, murió el pasado jueves 8 por un aparente paro cardiaco que está siendo investigado ante las dudas de su familia y de millones de colombianos.

Las sospechas se acrecentaron luego de que el domingo 11, tres días después del deceso del conocido ejecutivo colombiano, su hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, muriera tras tomar un sorbo de una botella de agua que estaba en el escritorio de su padre recién fallecido.

De acuerdo con el peritaje forense, la causa de la muerte de Alejandro es inequívoca: “envenenamiento por ingesta de cianuro”.

Las dos muertes cobraron un sentido mucho más dramático la noche del domingo 11, cuando el telenoticiero Noticias Uno divulgó una entrevista que le había otorgado Jorge Enrique Pizano en agosto pasado y la cual sólo había autorizado transmitir si él moría –padecía cáncer linfático– o cuando saliera del país, algo que pensaba hacer pues temía ser asesinado.

En la entrevista, el ejecutivo, ingeniero civil y auditor de la financiera y concesionaria de vías carreteras Corficolombiana, relató que en agosto de 2015 buscó al hoy fiscal general Néstor Humberto Martínez, a quien conocía, para contarle que había detectado el pago de sobornos por parte de Odebrecht en las obras de la autopista Ruta del Sol II.

En ese entonces, Martínez aun no era fiscal general, pero ya se mencionaba como el aspirante más fuerte para ocupar ese cargo. Como propietario de un enorme despacho legal, era representante jurídico del Grupo Aval, socio de Odebrecht, a través de Corficolombiana, en la construcción de la Ruta del Sol II.

Jorge Enrique Pizano le pidió a Martínez llevar esa información a Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval y el hombre más acaudalado de Colombia. Es propietario de bancos, constructoras, hoteles, empresas de energía y del influyente diario El Tiempo.

Pizano relató a Noticias Uno que ni Martínez ni Sarmiento Angulo pusieron atención a sus denuncias, las cuales respaldó con documentos y audios de sus conversaciones con el hoy fiscal general. Incluso fue despedido de Corficolombiana dos años después.

Pizano dijo al noticiero que grabó las conversaciones con el actual fiscal al darse cuenta de que estaría tratando de encubrir o ignorar las denuncias que él hacía y de que, en su condición de auditor de Corficolombiana, podía ser implicado en la trama de sobornos de Odebrecht.

El fiscal general, cuestionado

Martínez, quien se convirtió en fiscal general en agosto de 2016, es el centro de severos cuestionamientos por parte de sectores políticos que le piden su renuncia y que exigen una investigación minuciosa e independiente de las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo.

Los principales argumentos en contra de Martínez son que no formuló ninguna denuncia ante las autoridades judiciales cuando Pizano lo puso al tanto de la trama de sobornos de Odebrecht y que, al convertirse en fiscal general, omitió esos hechos.

La Fiscalía General de Colombia sólo se ocupó del caso Odebrecht cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, en diciembre de 2016, que políticos y autoridades de 12 países –la mayoría latinoamericanos– recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña a cambio de contratos.

A lo largo de la investigación en Colombia, Martínez ha sido cuestionado por supuestamente proteger al Grupo Aval y a su exjefe, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Y es que, el año pasado, la Fiscalía llevó a la cárcel al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, por aportar parte de los 6.5 millones de dólares de un soborno que hizo Odebrecht a funcionarios colombianos para obtener la concesión de la Ruta del Sol II.

Para los críticos del fiscal resulta inexplicable que pagos de ese monto se hayan hecho a espaldas de la familia Sarmiento Angulo, propietaria de Corficolombiana.

El fiscal Néstor Humberto Martínez fue denunciado el miércoles ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes –instancia encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado— por el delito de “omisión de denuncia”.

El demandante es el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien sostuvo que Martínez “deliberadamente omitió lo que le había reportado Jorge Pizano, en vez de poner esto en conocimiento de las autoridades competentes”.

El fiscal Martínez aceptó el miércoles, en una entrevista con Caracol Televisión, que conoció “irregularidades” de Odebrecht antes de llegar a ese cargo, pero que no tenía la certeza de que se tratara de delitos porque Pizano tenía esa duda.

Sin embargo, en los audios que dio a conocer Noticias Uno, los Pizano y Martínez hablan de “coimas” (sobornos).

El Grupo Aval, por su parte, aseguró en un comunicado que el consorcio de Sarmiento Angulo solo se enteró de los sobornos de su socio brasileño hasta diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer sus investigaciones.

Corficolombiana, la filial del Grupo Aval directamente implicada en el asunto, es “víctima en este caso”, aseguró el comunicado.

Amplios sectores de la oposición advirtieron que Martínez no debía ser fiscal por el “conflicto de intereses” que lo perseguiría tras su paso como asesor o representante legal de los mayores grupos empresariales colombianos.

El senador del izquierdista Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, dijo que los hechos que se han revelado en los últimos días confirman “que es una vergüenza que Colombia tenga un fiscal como Néstor Humberto Martínez”.

Diferentes sectores políticos, incluso dirigentes del partido de Martínez, Cambio Radical, han pedido investigar si en el cuerpo de Jorge Enrique Pizano también hay rastros de cianuro, el veneno que mató a su hijo.

“¿La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez es la que nos va a decir por qué ese joven terminó envenenado con cianuro? ¿Los colombianos tenemos posibilidad de creer en esa Fiscalía para saber lo que está pasando?”, se preguntó el senador Robledo en la sesión legislativa del martes.

Pizano sabía que lo matarían

El también senador izquierdista y excandidato presidencial Gustavo Petro revelo que Jorge Enrique Pizano acudió a él desde 2016 y le entregó varios documentos sobre el caso Odebrecht que, además, demostrarían que parte de ese dinero se usó para financiar campañas políticas en la región Caribe colombiana.

Pizano “sabía que lo iban a matar”, aseguró Petro en una entrevista radial.

El senador dijo que Pizano relató a su asesor legislativo, Andrés Hernández, que entre quienes lo querían muerto por los sobornos en la concesión de la autopista Ruta del Sol II “había gente más poderosa que el fiscal”.

Luego Petro planteó: “¿Qué es lo que es más poderoso que el fiscal detrás del caso Odebrecht? No hay otra que los mismos socios de Odebrecht, los Solarte (familia empresarial), que son los socios, y Corficolombia, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo abogado es el actual fiscal general de la Nación; son los que son poderosos más que el fiscal”.

Aunque luego el senador aclaró: “Yo no estoy diciendo que él (Sarmiento Angulo) lo mandó a asesinar. Ojo, porque eso es algo de una investigación”.

El miércoles en la mañana, el asesor de Petro, Andrés Hernández, informó que su padre fue apuñalado a la altura del corazón al llegar a su casa por un hombre que lo estaba esperando.

“No voy a pretender que le hagan daño a mi familia por venganza o retaliación a mis denuncias y/o labores”, escribió en su cuenta de Twitter.

Alejandro Pizano, el joven muerto tras beber agua con cianuro de una botella que estaba en el escritorio de su padre recién fallecido, era arquitecto y residía en Barcelona. Su viuda tiene un embarazo de seis meses.

La familia Pizano ha alertado sobre la posibilidad de que se quiera conducir la investigación de ambas muertes por la línea de que habrían sido suicidios.

 

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