ONU-DH pide el retiro completo de las Fuerzas Armadas de seguridad pública

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México. Foto: Germán Canseco Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado debería adoptar un plan que garantice el retiro gradual, ordenado y verificable de las Fuerzas Armadas de funciones que no les son propias, como es el caso de la seguridad pública, consideró la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En un comunicado, ONU-DH informó que aplaudió la decisión de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) de determinar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

“La decisión de la Corte confirma el papel clave del Poder Judicial como un ente independiente capaz de garantizar los derechos humanos”, afirmó Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH. “La resolución envía un poderoso mensaje en contra de la militarización de la política de seguridad”.

“El despliegue de las Fuerzas Armadas que ha tenido lugar durante la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad”, expuso Jarab.

“En cambio, las personas en México han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas”.

Uno de los argumentos de los ministros para rechazar la Ley de Seguridad Interior fue que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense.

La ONU-DH expresó su reconocimiento a los actores que se opusieron a la ley, entre los cuales están la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y organizaciones de la sociedad civil.

“La decisión de la Corte debería brindar el ímpetu necesario para que las autoridades civiles sean adecuadamente entrenadas y fortalecidas, tanto para asumir plenamente sus obligaciones en materia de seguridad pública, como para cumplirlas en coherencia con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”, expuso Jarab.

Tomando en consideración que la Suprema Corte dictaminó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no debe ser permanente, el Estado debería adoptar un plan que garantice su retiro gradual, ordenado y verificable de las funciones que no les son propias, añadió.

“Hasta que este retiro sea completo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles y ser llevada a cabo en todo momento con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes”, aseguró.

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