CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la incorporación de los bienes producto de la corrupción, robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, en el catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio, al reformar el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución, en la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. La acción de extinción de dominio se ejercerá por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisprudencial sobre los derechos reales o bienes patrimoniales de una persona, ya sea para obtener el bien o para utilizarlos en actividades delictivas, según el dictamen aprobado por el pleno del Senado. Tal acción también se aplicará a los bienes que no puedan acreditarse y estén relacionados con investigaciones por hechos de extorsión, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. Según la reforma constitucional, la ley secundaria establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Ramírez Aguilar, aseguró que los cambios incorporados ayudarán a la recuperación de los activos derivados de las actividades ilícitas. “La extinción de dominio permitirá al Estado mexicano recuperar bienes producto de la corrupción. Los corruptos no podrán sustraerse de la acción penal y los bienes derivados de este ilícito, el gobierno podrá recuperarlos para devolverlos a las arcas públicas”, argumentó Ramírez Aguilar. En el debate, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca presentó una modificación al artículo 22 para incluir el delito de extorsión en el catálogo que se presenta en la ley. A propuesta de Miguel Ángel Mancera, del PRD, se incorporó un tercer párrafo en el artículo 22 constitucional para que la ley establezca los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio.