ONG piden a AMLO reconsiderar su estrategia de dejar la seguridad pública en manos de militares

López Obrador, presidente electo. Foto: Germán Canseco López Obrador, presidente electo. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La intención del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de confiar la seguridad pública a una Guardia Nacional entrenada y controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) levantó una ola de inquietudes entre las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales.

De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), se trata de una “estrategia equivocada”, pues “el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la violencia criminal ha provocado abusos generalizados, incluidas ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas”.

José Miguel Vivanco, director de la organización para las Américas, urgió a López Obrador a “reconsiderar esta política desacertada y potencialmente desastrosa” que anunció ayer, y le pidió que mejore las fuerzas de la policía civil.

En los últimos dos sexenios, abundó la organización, el despliegue de militares para asumir tareas de seguridad pública “ha tenido resultados previsiblemente desastrosos”, y no logró reducir la violencia en el país, que sufre actualmente su peor crisis de homicidios de la historia reciente.

“Las Fuerzas Armadas del país están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad”, insistió HRW.

El llamado de esa organización se sumó al de Amnistía Internacional, que declaró ayer su preocupación ante el proyecto de seguridad de López Obrador, el cual, abundó, “repite esencialmente el modelo de seguridad militarizado fallido y que ha permitido la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en manos de las fuerzas armadas”.

Ayer, las organizaciones aglutinadas en el colectivo #FiscalíaQueSirva denunciaron que la estrategia de la administración entrante “legaliza la militarización del país y subordina a las instituciones civiles”, además de poner “en crisis todo el sistema actual de procuración de justicia”.

El anuncio de la creación de la Guardia Nacional ocurrió un día antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, por considerar, entre otras cosas, que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer tareas de seguridad pública.

Hoy, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) aplaudió la decisión de la SCJN y refrendó que el Estado debería adoptar un plan que garantice el retiro gradual, ordenado y verificable de las funciones que no les son propias a los militares.

Si bien no se pronunció respecto de la estrategia de seguridad de AMLO, Jan Jarab, titular de la ONUDH, planteó que “hasta que este retiro sea completo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles y ser llevada a cabo en todo momento con pleno respeto de los derechos humanos”.

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