CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un total de 42 organizaciones dedicadas al derecho a la información, universidades y 103 especialistas en medios de comunicación firmaron el desplegado de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) que demanda al Senado modificar la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que le da el control a la Secretaría de Gobernación de los medios públicos. El desplegado de la Amedi, dirigido al Senado de la República y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que se incluye al final de esta nota, afirma que la reforma aprobada en la Cámara de Diputados representa “un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información”, además de que contraviene lo estipulado en la fracción V del artículo 6 constitucional que establece la necesidad de un organismo autónomo que coordine a los medios públicos. “Las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y radiodifusión establecidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirma la Amedi. “Los medios públicos de comunicación pueden (y deberían) desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población”, abunda el desplegado. Advierte el comunicado que “dar a la Secretaría de Gobernación el control de los medios públicos contradice ese principio democrático originado en la Convención Americana de Derechos Humanos”. Califica como “lamentable” el retroceso aprobado por la mayoría de los legisladores federales de Morena, sin discusión de por medio, y exhorta al Senado y al gobierno federal a detener esta contrarreforma. En la mañana, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, afirmó en rueda de prensa que “el Senado es receptivo y abierto a estos temas. Vamos a escuchar. Si hay algo qué mejorar, vamos a analizarlo. Vamos a estar atentos a lo que opinen los comunicadores y los expertos”. A continuación el texto completo y lista de firmantes: AL SENADO DE LA REPÚBLICA AL PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Los recientes cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) determinan que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional (fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF). Esto representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información. La Secretaría de Gobernación (Segob) NO debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión. Los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión establecen: (i) la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y (ii) los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos. La participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato. Las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de la libertad de expresión que han insistido, desde hace décadas, en la necesidad de que los medios públicos no sean medios oficiales. Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo. Hace cinco años, en 2013, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y en 2014 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establecieron garantías para que los medios de carácter público (es decir, los medios que se sostienen fundamentalmente con recursos fiscales) tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, financiamiento diverso y pluralidad ideológica. Aquella reforma resultó insuficiente entre otros motivos porque la Secretaría de Gobernación mantuvo algunas facultades en materia de contenidos. Sin embargo, las salvaguardas para los medios públicos fueron un avance en beneficio de la sociedad y a fin de que se consolide una radiodifusión de carácter no comercial. En aquella ocasión en la propia reforma constitucional, y más tarde en una ley específica, fue creado el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Hoy en día, con las modificaciones que hemos mencionado a la Ley de la Administración Pública, esos logros quedarían cancelados. Esa modificación además implica una ilegal duplicidad de la Segob con las atribuciones constitucionales que tiene el SPR que es el organismo facultado para que el Estado provea el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional. Las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y radiodifusión establecidos por la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es enfática al afirmar “Los medios públicos de comunicación pueden (y deberían) desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población. Sin embargo, para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos.” El Estado mexicano está comprometido con esos lineamientos. Dar a la Secretaría de Gobernación el control de los medios públicos contradice ese principio democrático originado en la Convención Americana de Derechos Humanos. El retroceso en materia de medios públicos que representa la Minuta no es, lamentablemente, el único que aprobó el grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados. Allí, además, se otorgan atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables” (adición a la fracción I al artículo 8). Esa facultad no está acotada a las políticas exclusivas del gobierno federal, de tal manera que dejan abierta la posibilidad de que se definan así políticas para usuarios y operadores de tecnologías digitales. Esas son facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuya autonomía y atribuciones constitucionales quedarían lesionadas con tal disposición. Durante muchos años, las organizaciones sociales y los ciudadanos interesados en promover la equidad y la calidad en los medios de comunicación han insistido en la autonomía de los medios públicos. Hoy en día todos los medios públicos en el país deben tener consejos ciudadanos, defensores de las audiencias y recursos suficientes para cumplir con su desempeño. De manera paulatina, esos medios han ganado garantías para tener políticas editoriales que atiendan al interés de los ciudadanos y para no ser instrumentos al servicio de los funcionarios que encabezan las dependencias a las que están adscritos. Hay mucho por hacer para que la sociedad mexicana tenga mejores medios públicos pero, evidentemente, la reforma que los concentraría y subordinaría a la Secretaría de Gobernación va a contracorriente de la democracia y del carácter público de tales medios. Llamamos a la Cámara de Senadores y al próximo Gobierno Federal para que detengan esa contrarreforma. Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2018. 1. Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) 2. Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Jalisco 3. Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Puebla 4. Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Oaxaca 5. Artículo 19 6. Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, de Sinaloa 7. Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias (AMDA) 8. Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación A.C. (AMIC) 9. Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC México) 10. Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural 11. Centro Ciudadano de Derechos Humanos y Acceso a la Información A. C. 12. Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos) 13. Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión de Mazatlán, Sinaloa 14. Colegio de Licenciados en Comunicación del Estado de México, A.C. 15. Comunicación Comunitaria 16. Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C. 17. Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) 18. Coordinación Académica de Posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac 19. Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). 20. Defensoría de las Audiencias de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) 21. Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 22. Escuela Mexicana para la Participación Ciudadana 23. Fundar, Centro de Análisis e Investigación 24. Horizontal 25. Ibero 90.9 26. México Evalúa 27. México Unido Contra la Delincuencia, A.C. 28. Nodo de Transparencia de Puebla 29. Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel) 30. Observatorio Legislativo del ITESO 31. Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción de Jalisco 32. Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID) 33. Plan Estratégico de Juárez AC. 34. Puebla Vigila 35. Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México 36. Red por los Derechos de la Infancia (Redim) 37. Reporteros Sin Fronteras 38. SIGNIS México – Asociación Católica de Comunicadores Católicos de México 39. Sindicato de Radio Educación 40. Tómala 41. UAM Cuajimalpa 42. UAM Xochimilco A título personal: 1. Sergio Aguayo 2. Jorge A. Alatorre Flores 3. Paul Alcantar 4. Roberto Alonso Muñoz 5. Alma Rosa Alva de la Selva 6. Clara Luz Álvarez 7. Juan Angulo Osorio 8. Ernesto Aroche 9. Elvia Arteaga Rodríguez 10. Irma Ávila Pietrasanta 11. Alberto Aziz Nassif 12. Aram Barra 13. Viétnika Batres 14. Alberto Bayardo 15. Deyanira Bedolla Pereda 16. Juan Bosco Rosillo 17. Aarón José Caballero Quiroz 18. Aleida Calleja 19. Jorge Calles Santillana 20. Mariana Campos 21. Jesús Cantú Escalante 22. Sibely Cañedo 23. Jaime Cárdenas 24. Jorge Carrasco Araizaga 25. Miriam Carrillo Ruiz 26. Vicente Castellanos Cerda 27. Noé A. Castillo Alarcón 28. Felipe Cazals 29. Cyntia Cerón Hernández 30. Ricardo Corona 31. Cuauhtémoc Cruz Isidoro 32. Francisco Cuamea 33. José Mario de la Garza 34. Cecilia Díaz Romo 35. Soledad Durazo Barceló 36. Javier Esteinou Madrid 37. Román Esqueda Atayde 38. Edgar Esquivel Solís 39. Gustavo Esteva Figueroa 40. Fátima Fernández Christlieb 41. Iñigo Fernández Fernández 42. Jorge Fernández Ruíz 43. Alfredo Figueroa 44. Ana Lidya Flores Marín 45. Néstor García Canclini 46. Brenda García Parra 47. Alejandro García Villasuso 48. Daniel Giménez Cacho 49. Leonor Gómez Barreiro 50. Luis Guillermo Hernández 51. Rafael G. Hernández García Cano 52. Bertha Estela Hernández Pinedo 53. Jorge Alberto Hidalgo Toledo 54. Clara Jusidman 55. Juan S. Larrosa Fuentes 56. Irene Levy 57. Adrián López 58. Ma. de Lourdes López Gutiérrez 59. Mónica Lozano 60. Ana María Márquez 61. María Marván Laborde 62. José Bernardo Masini Aguilera 63. Iliana Lucía Mendoza Sánchez 64. Octavio Mercado González 65. Guillermo Montemayor 66. Nora A. Morales Zaragoza 67. María Guadalupe Morfín Otero 68. Jorge A. Narro Monroy 69. Ángeles Navarro Rueda 70. Jorge Fernando Negrete 71. Marcelo Olivera Villarroel 72. Guillermo Orozco Gómez 73. José de Jesús Orozco Hernández 74. Rosalía Orozco Murillo 75. Patricia Ortega Ramírez 76. Roque Osorio 77. Guillermo Osorno 78. Alejandro Páez Varela 79. Magdalena Sofía Paláu Cardona 80. Juan Pardinas 81. Juan Martín Pérez 82. Álvaro Quintero Casillas 83. José Manuel Ramos Rodríguez 84. Dina Rochman Bee 85. José Manuel Rodoreda Artasánchez 86. Ignacio Rodríguez Reyna 87. Cristina Romo Gil 88. Jorge Ruiz Dueñas 89. Carlos Saldaña Ramírez 90. María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera 91. Alejandro Sicairos 92. Beatriz Solís Leree 93. Gabriel Sosa Plata 94. Jorge Suárez Coellar 95. Wilbert Torre 96. Raúl Torres Maya 97. Raúl Trejo Delarbre 98. David Velasco 99. Teresa Velázquez 100. Ernesto Velázquez Briseño 101. Lilia Vélez Iglesias 102. Jenaro Villamil 103. Alejandra Wade Villanueva 104. Raquel Zapien Firmas posteriores a la publicación inicial Organizaciones / Instituciones 1. Sistema Universitario de RTC de la UdeG 2. Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI) 3. Consejo Ciudadano de Radio Educación 4. V Congreso de Defensorías de las Audiencias 5. Consejo de Participación Ciudadana de CORTV 6. Academia Mexicana de la Comunicación 7. Consejo Ciudadano de Radio y Tv UNAM A título personal: 1. Adriana Labardini 2. María Elena Estavillo 3. Aimée Vega Montiel 4. Ana Rosas Mantecón 5. Antonio Tenorio 6. Álvaro Quintero 7. Hilda Saray 8. Jaqueline Flores 9. Felipe López V. 10. Ana Imelda Coronel Cabanillas 11. Francisco Sotomayor 12. Juan Manuel Partida Valdez 13. Carmen Aida Ochoa Rivera 14. Carlos Ortiz Tejeda 15. Sandra Fernández Alaniz 16. Gabriel Torres Espinoza