MONTERREY, N.L. (apro).- La elección para elegir alcalde en esta ciudad fue anulada por la máxima autoridad jurisdiccional porque encontró “suficientes irregularidades” para determinar que no existía certeza sobre el resultado. La votación se realizó el pasado 1 de julio, y más de cuatro meses después no hay responsables de esas anomalías que obligaron a convocar a una elección extraordinaria, explica el titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León, Gilberto de Hoyos Koloffon. En entrevista, el funcionario estatal detalla que hasta el pasado martes 6 habían recibido alrededor de 400 denuncias, de las cuales ya fueron investigadas y resueltas 119 (en ocho carpetas judicializadas). Y sólo hay un detenido. De Hoyos admite las limitaciones de la dependencia que encabeza, dado que únicamente tienen ocho agentes ministeriales, tres de ellos mujeres, y no dependen de él, sino de la Fiscalía General del estado (FGE). Hasta ahora no se ha determinado quiénes fueron las personas que, a juicio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), rompieron la cadena de custodia, desde que los paquetes electorales fueron cerrados hasta que se entregaron a la Comisión Estatal Electoral (CEE). Esta irregularidad, que ocasionó la anulación, todavía no ha quedado resuelta en la Fiscalía, acepta el titular de la FEDE, y recalca que ninguno de los tribunales a nivel estatal o federal se comunicó con él para pedir pruebas sobre los delitos que provocaron que la elección fuera anulada. “El TEE (Tribunal Estatal Electoral) analiza cierto tipo de información diferente a la de nosotros. No sé cómo llegaron a su sentencia. Desconozco cómo es que llegaron a su sentencia. Desconozco qué fue lo que habrán revisado. No me puedo meter ni preguntar”, dice. De Hoyos rechaza que la capacidad de la Fiscalía haya sido rebasada por la resolución de los tribunales, pues éstos se movieron por criterios, no por indagatorias. El 30 de octubre por la noche, horas antes de que rindiera protesta el alcalde electo de Monterrey para el trienio 2018-2021, salomónicamente la Sala Superior ordenó a la CEE de Nuevo León reponer por completo el proceso electoral. En los comicios del 1 de julio obtuvo el triunfo el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, con 153 mil 035 votos, por encima del priista Adrián de la Garza, que obtuvo 148 mil 356. La diferencia fue de .89%. Sin embargo, en las impugnaciones hubo volteretas. El TEE encontró irregularidades en la elección e invalidó más de un centenar de casillas. En el recuento le dio la victoria al PRI. Acción Nacional se inconformó y la Sala Regional hizo que le regresaran su constancia de mayoría. Tras ello, el caso se fue a la Sala Superior del TEPJF. “La irregularidad acreditada en este caso vulnera de manera directa el principio fundamental de certeza y, por tanto, las violaciones a este principio fundamental impiden validar los resultados de la elección como el producto de un proceso auténticamente democrático”, según el proyecto de dictamen. Con votación dividida de los siete magistrados, encontraron inconsistencias en número suficiente para ordenar que el resultado fuera borrado y convocar a nuevas elecciones. La decisión ocasionó un problema mayúsculo para las autoridades y la sociedad de Nuevo León, ya que reponer el proceso costará a las arcas estatales 44.7 millones de pesos, que deberán ser desembolsados por una Tesorería que se ha declarado carente de recursos para cerrar el año. Luego habrá que reactivar la instalación de mil 600 casillas en la entidad, porque los votos de 524 mil 377 ciudadanos que acudieron a las urnas se fueron por el caño. La CEE reprogramó la elección para el próximo 16 de diciembre y advirtió que debían participar los mismos 10 candidatos, con los mismos partidos. Pero Morena interpuso un recurso para deshacerse de Patricio Zambrano, quien los representó en la alianza Juntos Haremos Historia, conformada con el PT y el PES en los comicios iniciales. El TEE le dio la razón y acordó que se reconfiguraran las alianzas y que cada partido buscara su propio candidato, si así lo deseaban. Esta decisión abrió nuevos plazos, por lo que los nuevos comicios se realizarán el 23 de diciembre. Hasta este martes estaba abierta la posibilidad de que los tres partidos vuelvan a participar unidos, aunque sin el exbig brother como su abanderado. Pese a la abrumadora cantidad de denuncias recibidas, De Hoyos considera que el equipo con el que trabaja en la FEDE ha actuado con celeridad. De igual manera, recuerda que el día de las elecciones, en el municipio rural de Aramberri se detuvo a una persona en posesión de un arma de fuego y un millón 800 mil pesos en efectivo que, de acuerdo con la denuncia, repartía para sobornar electores. Cuatro meses después se preparaba la audiencia de imputación contra esta persona por delitos de carácter electoral. El denunciado no ha podido ser encarcelado, dado que estas faltas a la Ley General de Delitos Electorales, la misma que rige en todas las entidades de la República, no son graves ni ameritan pena corporal. “Esto se hace hasta ahorita porque la agenda del Poder Judicial está llena de asuntos”, explica Gilberto de Hoyos Koloffon, y aclara que en Nuevo León no existen jueces especializados en temas electorales. Y debiera haberlos, dice, porque los juzgadores desconocen terminologías, de manera que caen en confusiones y resuelven erróneamente. “Esto está muy rápido, la verdad, para ser cuatro meses. Incluso integramos algunas carpetas en 21 días. No te puedo dar muchos datos de las denuncias, pero hay una en la que debemos entrevistar docenas de personas. ¿Cuánto crees que me tardo con eso? Luego la información no te la dan las autoridades, que porque son datos reservados”, sostiene en la entrevista efectuada antes de que se estableciera el nuevo plazo para la elección. Luego de los comicios, el Partido Revolucionario Institucional, que había sido derrotado, impugnó ante el TEE, que le dio la razón en la sesión del pasado 17 de agosto. La argumentación fue que hubo casillas en las que se rompió la cadena de custodia, lo que ameritó su anulación. En el nuevo conteo los tricolores se llevaron la mayoría. Sobre esta impugnación, De Hoyos explica que la instancia estatal no le pidió su opinión sobre las irregularidades, pese a que son los encargados de investigar. Y hasta ahora aún no se determina quiénes incurrieron en delitos electorales en la anulada elección de Monterrey. “Lo que te puedo decir es que nosotros tenemos estrecha comunicación con el Tribunal electoral. No puedo abundar, porque hay investigaciones en curso de las que no puedo dar detalles (…) No porque ellos resuelvan de cierta forma, no debemos resolver al mismo tiempo que ellos”, apunta. Los parámetros de investigación de la Fiscalía electoral de Nuevo León son diferentes a los que emplea un Tribunal, dice el funcionario. Y en el caso de la impugnación de Monterrey, los partidos políticos acudieron directamente a las instancias jurisdiccionales, sin atender a la FEDE. “Hay costumbre de los actores políticos de presentar sus quejas ante el órgano administrativo electoral o la impugnación ante el Tribunal y a veces olvidan que estamos. Y no es que nos brincaran, pues tienen el derecho de recurrir a la vía administrativa o la denuncia ante nosotros. Nosotros procuramos justicia y los tribunales son organismos jurisdiccionales. Ellos se basan en las pruebas que reciben, no investigan”. Y ejemplifica con el caso de una casilla que no fue abierta a tiempo. Este factor afecta el principio de certeza, por lo que se anula la casilla, sin que haya delito, aunque contribuye a establecer el criterio que lleva a la anulación. La Fiscalía, en cambio, tendría que investigar quién fue el responsable de ello, con todo el largo proceso de entrega de citatorios y posibles incumplimientos, lo que demora el proceso. El funcionario estatal se reserva su opinión sobre las elecciones y opta por invitar a la ciudadanía a que acuda a las urnas en el próximo proceso electoral para decidir quién será el alcalde de esta capital.