CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El “pretendido” proyecto del Tren Maya y el Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, deben contar con un estudio de factibilidad cultural, no sólo porque “así lo establece la Ley de Planeación”, sino porque es parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, consagrados por el artículo 4º de la Constitución mexicana. Así lo señalaron los especialistas en derecho cultural Carlos Lara y José Manuel Hermosillo, quienes este mediodía hicieron llegar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador una carta en la cual indican que mientras la consulta para la realización del Tren Maya, planeada para el 24 y 25 de noviembre, no consta en ningún marco jurídico, la factibilidad cultural está contemplada en la Ley de Planeación. Dicha normatividad dicta las reglas y principios de la Administración Pública Federal y señala que la sociedad, incluyendo pueblos y comunidades indígenas, debe ser consultada para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (mismo que deberá presentarse en febrero próximo). De ahí se desprenden los proyectos y, entonces, el estudio de factibilidad. En su artículo 2º, la ley señala además que el Estado debe “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”, y ello comprende, dicen, el derecho a un medio ambiente sano, entre otros. Asimismo, los especialistas explicaron que la denominada factibilidad cultural fue un acuerdo de los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), entre ellos México, y su propósito es que la cultura esté incorporada correctamente en los procesos de identificación, formulación y ejecución de las políticas de acción en todos los sectores. Los estudios de factibilidad cultural son tan necesarios como los de factibilidad financiera, económica, social, política o ambiental. Y la pertinencia de su realización fue aprobada por el Senado de la República desde 2002. Para el caso del Tren Maya, consideraron, tendrían que ser las secretarías de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), encabezada por el presidente de la República, las que hicieran el estudio de factibilidad.