CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expuso las ineficientes investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y del gobierno de Michoacán, para dar con el paradero de tres personas que fueron sustraídas de un hotel en Paracho por un comando armado, en julio de 2012. A unos días de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez emitió recomendaciones al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para que den con el paradero de tres personas que se encuentran en condición de desaparecidas. De acuerdo con la recomendación 59/2018, tres profesionistas que se hospedaban en un hotel en Paracho, Michoacán, desde el 18 de julio de 2012, fueron sacados de su hotel con violencia por personas armadas la madrugada del 22 de julio. La primera queja presentada ante la CNDH sobre este caso data del 26 de julio de hace seis años, cuando familiares de dos de las víctimas informaron que los desaparecidos fueron contratados por el municipio de Paracho “para impartir un curso didáctico de ciencias para personas menores de edad”. El 23 de julio, los familiares fueron informados por la persona que contrató a los profesionistas que en el lugar donde fueron hospedados ocurrió una pelea “y posteriormente un grupo armado, sin conocer a qué ‘corporación’ pertenecían, había ingresado a dicho lugar”, por lo que en primera instancia se desconocía el paradero de dos de las víctimas. El 8 de agosto de ese año el organismo recibió una segunda queja, en la que se hablaba de la desaparición de las tres víctimas, advirtiendo que desde el 23 de julio habían interpuesto una denuncia ante autoridades ministeriales. A partir de ese momento la CNDH recibió notificaciones sobre las ineficientes investigaciones por parte de la PGR y la Procuraduría estatal, al considerar que no llevaban a cabo “de manera eficiente sus actuaciones en pro del esclarecimiento de los hechos y la búsqueda” de las tres víctimas. La investigación de la CNDH concluyó que en los hechos persistieron violaciones a los derechos humanos en el acceso a la justicia “en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, con motivo de la insuficiente labor en las investigaciones y dilaciones que quedaron probadas, lo que ocasionó que no se reflejara un marco mínimo necesario en la búsqueda de las personas desaparecidas”. Para la CNDH, las deficiencias han llevado a la revictimización de los familiares de las víctimas, para quienes, al no obtener respuestas oportunas, “se frustran sus expectativas para conocer la verdad de los hechos, sin omitir que el largo procedimiento de investigación no ha arrojado a la fecha resultados positivos”. A más de seis años de las desapariciones, la CNDH consideró que “las personas representantes sociales federales y del fuero común que indistintamente intervinieron en el caso no han garantizado el acceso a la justica a los familiares de las víctimas, ni se ha detenido a los probables responsables que intervinieron en la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de las tres víctimas, por lo cual los hechos permanecen impunes”. Ante las deficiencias registradas, el organismo solicitó a la PGR “la reparación integral del daño, que incluya atención médica, psicológica y el otorgamiento de una compensación apropiada, continuar con la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa que se encuentra en trámite; adoptar acciones y medidas para la búsqueda y localización de las víctimas, así como una mayor coordinación institucional”. El organismo sugirió al encargado de despacho de la PGR “diseñar e impartir un curso integral sobre capacitación y formación en derechos humanos al personal ministerial, de servicios periciales y a la Policía Federal ministerial, así como colaborar en el trámite de la carpeta de investigación y en el procedimiento administrativo que se inicien conforme a su competencia”. La CNDH también recomendó al gobernador Silvano Aureoles, “la reparación integral del daño, diseñar e impartir un curso integral sobre capacitación y formación en derechos humanos al personal ministerial, de servicios periciales y a la Policía Ministerial, así como colaborar en la carpeta de investigación y procedimiento administrativo que se inicien conforme a su competencia”.