OAXACA, Oax. (apro).- El Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio cuestionó las consultas impulsadas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador porque violan derechos humanos de los pueblos originarios, contravienen los tratados internaciones ratificados por México y legitiman el despojo de territorios indígenas. La Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Tequio Jurídico, Servicios para una Educación Alternativa, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios del Pueblo Mixe y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reconocieron la disposición del próximo gobierno de implementar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas, como la consulta popular. Sin embargo, consideraron que el próximo gobernante se ha precipitado en consultar, ya que por un lado no está respetando los protocolos internacionales para la realización de la consulta indígena y, por otro, no se ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que la ciudadanía pueda tomar sus decisiones. Luego de que el presidente electo anunció la realización de una consulta popular a realizarse los próximos días 24 y 25 de noviembre para preguntar al pueblo de México si está de acuerdo en la construcción del Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros proyectos, externaron su preocupación de que se vaya a utilizar el mismo procedimiento que se utilizó para la consulta sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su preocupación radica en que en estas regiones se encuentran presentes pueblos y comunidades indígenas; por un lado, comunidades mayas, y por el otro lado, comunidades zapotecas; entonces, realizar la consulta del modo planteado ocasionará violaciones a sus derechos humanos, y llevará en retroceso los mínimos avances del país en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Citaron que, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por el gobierno mexicano y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno mexicano está obligado a celebrar consultas hacia los pueblos indígenas, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Y con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, en materia de derechos humanos, quedó establecido que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, así como los Convenios y Tratados Internaciones y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, entre otros. En consecuencia, agregaron, se vuelve indispensable que la consulta a pueblos indígenas deba ser previa a la realización del proyecto; libre, por lo que no debe estar condicionada a algún tipo de apoyo o realizarse bajo algún tipo de presión; culturalmente adecuada; y para realizarla se debe proporcionar información de las posibles afectaciones al menos en los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales, a fin de alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento. Hicieron hincapié en que la consulta que se ha anunciado por el presidente electo no cumple con los procedimientos que se han mencionado anteriormente y es totalmente violatoria a los derechos humanos; adicionalmente quien está consultando es un gobierno que aún no entra en funciones, por lo que aún no cuenta con la autoridad para realizarla. Consideran que la implementación de la consulta popular en los territorios indígenas abonaría más a la grave discriminación e invisibilización de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sería contrario a lo que se ha escuchado en los medios de comunicación respecto al reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y advirtieron que “los pueblos indígenas no permitiremos que se sigan violando nuestros derechos humanos, y nos sigan despojando de nuestros territorios bajo el amparo del interés público, a través de consultas que no cumplen con los mínimos estándares internacionales”. Finalmente hicieron un llamado a los pueblos y sus organizaciones a defender por todos los medios posibles los derechos colectivos de los pueblos originarios y no permitir acciones para legitimar el despojo a nuestros territorios. “Al pueblo de México le pedimos que no se preste a simular una acción de participación ciudadana que pasará sobre los derechos de los pueblos que hemos dado sustento a esta nación”, puntualizaron.