CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Para “dejar claro” que es viable la opción de construir dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía, y que estas serían compatibles con la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, contrató a una empresa inmersa en un polémico proceso de renovación de proveeduría en materia de seguridad con el gobierno federal, sobre el que existen denuncias de favoritismo. La empresa fue NavBlue, una filial del grupo francés Airbus, que opera en México también con varias filiales y contratistas gubernamentales, entre estas, Cassidian, especializada en tecnología en materia de seguridad, que desde hace meses puja por renovar un multimillonario y transexenal contrato de radiocomunicación, soporte de la llamada Plataforma México. El asunto inclusive devino en un primer tropiezo diplomático para el presidente electo, luego de sus declaraciones la mañana del 29 de octubre, un día después de que concluyera la “consulta” convocada para definir el futuro del aeropuerto que la administración que termina proyectó en el vaso del Lago de Texcoco. En conferencia de prensa, López Obrador formalizaba lo que por la noche había ofrecido su equipo por resultado de la consulta, es decir, la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto, insignia de infraestructura del gobierno peñanietista. En el salón de un hotel de la colonia Roma, expuso que era necesario saber si era viable desarrollar un proyecto en la base de Santa Lucia y que, como prometió ser imparcial previo a la consulta, se había reservado una información que le llegó días antes. Previamente, el 27 de octubre, recibió en sus oficinas al canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian y, aunque no se pormenorizó ese día el contenido del encuentro, el presidente electo dijo, ya el día 29, que le había entregado una carta, presuntamente, de parte del presidente Emmanuel Macron, de la que citó un fragmento: “La rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes, en especial en el ámbito aéreo, da muestra de hasta qué punto queremos que la relación franco-mexicana sea prioritaria, relación que deseo sea ejemplar y llegue a convertirse en una verdadera alianza”. Luego añadió: “Ellos nos entregaron un dictamen para reforzar la viabilidad de la operación de los dos aeropuertos”. No habían pasado dos horas, cuando el mismo 29 de octubre, pero ya en la llamada oficina de la transición, Marcelo Ebrard Casaubón, anunciado como próximo secretario de Relaciones Exteriores, salió a aclarar, sin pregunta de por medio, que en el dictamen no había intervenido el gobierno de Francia y, ya por la tarde, la embajada de ese país, difundió una nota informativa en la que precisó que su gobierno se limitó a dar el contacto con una empresa de seguridad aérea. Precisamente, un día antes de la consulta, Javier Jimenez Espriú, anunciado como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer que contaba con un dictamen de la empresa NavBlue (la mencionada filial de Airbus), en el que se demostraba que la opción de Santa Lucía era viable y compatible con el actual AICM. Fue Marcelo Ebrard quien en el ya mencionado encuentro con medios aclaró que NavBlue era la misma empresa a la que se había referido el presidente electo, cuando a pregunta expresa sobre el nombre, se limitó a responder “creo que (se llama) NavBlue”. El contrato para el dictamen informado por Jimenez Espriú, aun no aparece en la Plataforma de Transparencia en el apartado correspondiente al Fideicomiso de la Transición, consultada por Proceso al cierre de esta edición, empero, Jimenez Espriú dijo el día 24 de octubre que el estudio tuvo un costo de 159 mil dólares a cargo de dicho fideicomiso y se negó a aportar mayores detalles, porque le habían pedido ser imparcial previo a la consulta. Para abundar en la información, Proceso envió al vocero de la transición, Jesús Ramírez Cuevas, cuatro preguntas sobre la carta a la que se refirió López Obrador el 29 de octubre: ¿Esa carta era de Emmanuel Macron? ¿El fragmento era de una carta de Macron o del presidente de la empresa NavBlue? ¿Le fue entregada por el canciller Le Drian? y ¿podría proporcionarnos una copia de la carta? El radio de Airbus Proveedora de aeronaves para las Fuerzas Armadas, así como de equipos de tecnología para cuerpos de seguridad, Airbus, a través de su filial Cassidian, es la proveedora de la Red Nacional de Radiocomunicación, conocida en el ámbito de la seguridad como Red Iris, el soporte de comunicación entre cuerpos de seguridad, el Ejército y la Armada. Desde hace meses, dicha empresa se ha visto envuelta en la polémica por la renovación de un contrato para la operación de esa red, debido a que existen señalamientos técnicos sobre su obsolescencia, pese a lo cual, el gobierno de Enrique Peña Nieto, intenta resolver su permanencia para los próximos diez años. En su edición 2184, correspondiente al 9 de septiembre pasado, Proceso informó en un amplio reportaje de Jorge Carrasco, que la normatividad, planteada en lineamientos y con un proyecto de norma oficial, estaban diseñados para favorecer a la filial de Airbus y su tecnología conocida como Tetrapol. Y es que, desde los Lineamientos para el sistema de radiocomunicación policial se establecía --en los numerales 14, 15 y 16-- la implementación de una sola plataforma para todas las fuerzas policiales de México, y si bien, autorizan la contratación de un sistema alternativo, prevén que deba ser compatible para la interconexión con la Red Iris.Lo anterior significa que, aun cuando un gobierno estatal o municipal, o una instancia relacionada con la seguridad pública federal, por ejemplo, estén autorizados para adquirir un sistema de radiocomunicación con tecnología de punta, sólo uno puede ser compatible con la Red Iris, que es el que provee Airbus con alguna de sus filiales, como se puede observar hasta en la forma de contratación. Las filiales de Airbus Group en este país son: Airbus Helicopters México; Airbus Defence and Space; Airbus DS Government Solutions; Airbus DS GS; Airbus SLC, así como las mencionadas Cassidian y Eads. Conforme a una consulta realizada a la plataforma Compranet, donde se hacen públicas las contrataciones gubernamentales, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y la más reciente actualización, las empresas del grupo en comento obtuvieron 275 contratos, de los cuales 265 fueron por adjudicación directa, procedimiento que se realiza cuando no existe nadie más que pueda ofrecer el bien o servicio. De los 275 contratos, se realizaron 128 con dependencias y entidades federales, mientras que el resto corresponden a los gobiernos de los estados. La consulta, sólo por lo que corresponde a la información pública disponible, permite observar que las dependencias y entidades federales, así como los gobiernos de los estados a los que les da servicio, le han pagado en tres monedas a Airbus durante seis años, en total: 918 millones de pesos (mdp); 2,7 millones de euros y, 69.43 millones de dólares (mdd). En el gobierno de Enrique Peña Nieto, más de un tercio de los contratos corresponden a las áreas de seguridad federal (98 contratos), teniendo por cliente principal a la secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), que le ha pagado 16.6 mdp y más de 350 mdd, en 22 contratos. La secretaría de Marina es su segundo cliente en importancia, con un monto de 65.5 mdp y 26.4 mdd, correspondientes a un total de 52 contratos. En tanto, su tercer cliente en monto es la Policía Federal que le ha otorgado 227 mdp y 3 mdd. A esta lista se suman la Comisión Nacional de Prevención y Readaptación Social (PRS) y el Instituto Nacional de Migración (INAMI). Un estimado de las compras gubernamentales durante el sexenio calderonista, permite observar la disparidad, pues la cifra de contratos rondaría los 2.7 mil mdp, mientras que en el de Peña Nieto, sólo los contratos en dólares celebrados entre Airbus y la Sedena, superan por mucho el registro. Aunque la mayoría de los servicios tienen que ver con comunicaciones, además de refacciones y mantenimiento de aeronaves, destaca que son 114 los contratos de Cassidian, la filial dedicada a la operación del mencionado sistema Tetrapol, que opera en condiciones monopólicas muy a pesar de los reclamos que en distintos momentos, y señaladamente en el mes de abril, han realizado competidores. Se trata de Motorola Solutions, Harris, EFJohns, SIIT, Huawei y Tait Communications, que en un episodio cuando menos inusual, se unieron para expresarle al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, su inconformidad a través de una carta en la que exigían discusión y nuevas reglas. Las condiciones monopólicas se expresan también en que, 83 de los contratos localizados corresponden a gobiernos estatales y municipales que requieren de compatibilidad con Tetrapol. Tetrapol tiene una consecuencia directa sobre la seguridad pública y esta es que los llamados C-4 y C-5, que son los centros de comunicación de los cuerpos de seguridad, no tienen capacidad para comunicarse entre sí, un asunto que el propio López Obrador ha observado como prioritario en sus avance de diagnostico de seguridad como ocurrió, por ejemplo, el pasado lunes 19, durante la entrevista grupal que le hicieron en el programa Tercer Grado. Inclusive, en la actual administración, han admitido la situación como ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando en su comparecencia ante el Senado de la República, Alfonso Navarrete Prida, expresó con mayor precisión: “La Plataforma México tiene una gran cantidad de datos útiles que no son compartidos con locales, no hay sistemas ni plataformas compatibles. Estos datos están cargados a una plataforma que hoy es incompatible con las demás, entre una plataforma llamada P25 de Motorola y otra plataforma llamada Tetrapol que tiene que ver con un sistema llamado Matra”. Las relaciones de Airbus La nota informativa difundida por la embajada de Francia, así como las declaraciones del futuro canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, establecieron que Airbus fue recomendada al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en algún momento del período de transición. --¿En que participó el gobierno francés? –se le preguntó. --En nada. La carta es una carta de apertura de un nuevo ciclo de elación entre México y Francia y Francia ve con mucho interés todas las iniciativas que México va tomando. Luego, Ebrard fue evasivo en el papel asumido por el gobierno francés, respondiendo en repetidas ocasiones que fue un dictamen de una empresa particular. --¿Entonces en qué intervino el gobierno francés según lo dicho por el presidente electo? –se le insistió. --Bueno, en cuanto a que el gobierno de Francia pudo haber pedido a la empresa que no entregara el estudio o lo entregara después (de la consulta) y no, lo entregaron rápido. Las relaciones diplomáticas del CEO de Airbus Group en México, son conocidas. Apenas el pasado 7 de septiembre, Fréderic Michel García, recibió de manos del canciller Luis Videgaray, la condecoración más importante de México para un ciudadano extranjero, como lo es la Orden del Águila Azteca, que en teoría se confiera para reconocer servicios prominentes prestados al país o a la humanidad. Ya desde el 19 de octubre, Airbus había enseñado el músculo, al convocar a la muy exclusiva Cumbre de Seguridad y Tecnología que, inaugurada por Navarrete Prida se programó para que fuera clausurada por el futuro titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Entre ambos, un desfile de los principales mandos del gabinete de seguridad en funciones y de las Fuerzas Armadas. Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a quien se ha señalado como el principal operador para la renovación del contrato con Airbus-Cassidian, intentaba organizar un encuentro entre los directivos de Airbus y Alfonso Durazo, según personal de la oficina de transición consultado. Realizada en el Club Piso 51 de la Torre Mayor, en la Ciudad de México, el acceso tenía un costo de 9 mil pesos, con los que sería posible escuchar las conferencias del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y de Jonathan Peled, embajador de Israel en México. Además, habría un panel titulado “Tecnología para la seguridad pública y nacional”, en la que participarían el almirtante José Luis Vergara; Idris Rodríguez, jefe del C-5 de la Ciudad de México; Renato Salas, director del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas y Mario Espinosa de la organización civil Asume. En otro panel sobre tecnología, participaba Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal; el gobernador de Colima, Ignacio Peraltael oficial mayor de la Sedena, Alejandro Saavedra, así como la suprocuradora federal, Sara Irene Herrerías. Se trató pues –excepto por los invitados extranjeros-- de un encuentro principalmente de clientes de Airbus, pues el gobierno de Colima ha sostenido al menos tres contratos (por un monto de 2 mdp), conforme a lo identificable en Compranet, mientras que la Ciudad de México, le ha pagado 400 mdp en cinco contratos durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Alfonso Durazo no asistió a la clausura como había publicado la cumbre en su programa y no fue posible contactarlo para saber si, finalmente se reunió con Álvaro Vizacaíno y los representantes de Airbus en México.