CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosamena, recomendó al próximo gobierno que, al presentar “un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública”, considere la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la invalidez de la Ley de Seguridad Interior (LSI). A menos de una semana de que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como presidente de la República, y luego de haber presentado su proyecto de creación de Guardia Nacional, que profundiza la militarización de la seguridad pública, la CIDH se pronunció sobre el resolutivo de la SCJN en torno de la LSI que promulgó Enrique Peña Nieto. En un documento fechado en Washington, el organismo celebró que el pasado jueves 15 los ministros de la SCJN declararan “la inconstitucionalidad de la Ley por considerarla contraria a la Constitución mexicana y a los Tratados Internacionales, al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”, e incluso se cuestionó la competencia del Congreso de la Unión para legislar al respecto. Arosamena Troitiño consideró que ese fallo “constituye un indispensable precedente judicial como base para que el nuevo gobierno presente un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que la Comisión recomendó desde su informe de país de 2015”. La resolución de la SCJN, subrayó, “constituye un ejemplo a seguir en el ámbito regional, en el que cada vez más estados se inclinan por entregar los temas de seguridad ciudadana a las fuerzas militares”. La CIDH recordó que antes de que se aprobara la LSI, en noviembre de 2017, se desencadenó “un amplio cuestionamiento” por parte de organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismos internacionales, relatores especiales y comités de Naciones Unidas, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Luego de agregar que la CIDH también se pronunció en contra de la LSI, resaltó que en 2015, en su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, el organismo “señaló que la atribución a las fuerzas armadas de roles que correspondían a la fuerzas policiales civiles y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, han dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos y a una impunidad prevaleciente respecto de casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a agentes de las fuerzas armadas”. Añadió: “Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía, y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”. La CIDH destacó que “no puede obviarse” que las fuerzas armadas están “limitadas a la defensa de la soberanía nacional”, y en lo que corresponde a las fuerzas policiales, apuntó, son “responsables exclusivas de la seguridad ciudadana”. Y reiteró: “Las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen en el funcionamiento de una estructura institucional eficiente desde un enfoque de derechos humanos”. La política de seguridad, abundó, “debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado”. Finalmente insistió que el Estado “debe adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.