HERMOSILLO, Son. (apro).– El nuevo dirigente del PAN en Sonora, Ernesto Munro Palacio, propuso realizar una “operación” para reunir los 140 millones de pesos solicitados como fianza al exgobernador Guillermo Padrés para ser liberado. “Me imagino que entre muchas personas habremos de ayudarlo, todos los que somos sus amigos estaríamos dispuestos a ayudarlo, porque no tiene esa cantidad (de dinero) y las propiedades que posee están aseguradas, por lo tanto, no las puede poner en garantía”, dijo Munro Palacio. Aseguró que el exmandatario está en una situación difícil, por lo que “va a tener que hacerse una operación de esa naturaleza”, dijo el secretario de Seguridad de la administración de Guillermo Padrés entre 2009 y 2015. Aunque celebró la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que el lunes ordenó otorgar la libertad bajo fianza al exmandatario, criticó el monto del depósito en garantía que se le pidieron.

“Las fianzas que se le han impuesto son enormes, exageradas, porque en uno de los delitos que se le acusa por 40 millones de pesos (y) le fijaron una fianza de 100 millones, y en el otro, que es de 10 millones de pesos, le fijaron una fianza de 40 millones, es decir, es un monto superior en tres veces de lo que se le acusa”, dijo.

“En otras palabras, ya no lo pueden tener por la fuerza en la cárcel, por ley ya no lo pueden retener, pero sí va a tener que permanecer allí al no contar con ese recurso, con esos millones para salir”, agregó. Aseguró también que Padrés no debió haber sido encarcelado, pues él se presentó ante el juzgado cuando se enteró que existía una orden de aprehensión en su contra. “Un juez con criterio amplio debió haberle permitido salir bajo fianza, sin embargo, en una acción injusta y autoritaria fue encarcelado y estuvo dos años en prisión, esos dos años nadie se los va a poder devolver”, lamentó el dirigente Munro. Tras permanecer dos años y 17 días preso acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Guillermo Padrés obtuvo la libertad bajo caución el lunes. Sin embargo, para salir de prisión deberá dejar una fianza de 140 millones de pesos (40 millones de pesos por la acusación antes mencionada y otros 100 millones que le impuso un juez federal en agosto). También deberá presentarse cada 15 días ante un juzgado federal, portar un localizador electrónico y no salir del país.   Las tres denuncias Guillermo Padrés se entregó de manera voluntaria el 10 de noviembre de 2016, después de ocultarse públicamente durante 13 meses y 25 días, tras ser acusado de desvío de fondos públicos, operación de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero y evasión fiscal. El exgobernador reapareció esa mañana para entregarse en el Juzgado 12 del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México y declararse inocente de toda acusación. “Enfrentaré esto como siempre he enfrentado los retos y las luchas políticas, porque soy un perseguido político de un sistema que quiere emparejar cartones para tratar de omitir los señalamientos de corrupción que se les imputan y pretenden hacerlos repercutir a otro partido o persona para nivelar este asunto”, dijo Padrés al periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. “He pasado por una persecución política tremenda; se me han iniciado averiguaciones desde 2014, y en abril de 2015 me presenté en la Procuraduría General de la República (PGR) para saber de qué se me acusaba; no se me dio acceso al expediente; oía acusaciones diversas en los medios y de detractores políticos, pero nada concreto”, agregó. Lo cierto es que la PGR lo declaró prófugo de la justicia el 14 de octubre de 2016 al negarse a enfrentar las querellas: AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/13/2016, AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/8A/2015 y AP/PGR/ DGAP/ZNO-XIV/13A/2016. Sobre la primera denuncia AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/13/2016, interpuesta por Luis Miguel Vargas y Rebeca Villanueva, se señala que el exgobernador cometió los supuestos delitos de defraudación fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita por el crecimiento desmedido de 900% en el rancho Pozo Nuevo de Padrés, cuando fungía como gobernador, y la plantación de 300 hectáreas de nogal, como también se difundió en un reportaje presentado por Denise Maerker en Televisa. Con la querella AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/8A/2015 fue acusado de operar con recursos de procedencia ilícita, los famosos 8.8 millones de dólares, para crear el proyecto minero denominado Shirley, de la que nació la sociedad SWF SA de CV. De acuerdo con la versión del imputado y su abogado defensor, Antonio Lozano, el dinero en cuestión es producto de una inversión de 7.8 millones de dólares entre un número indefinido de inversionistas para la exploración y futura explotación de un predio minero denominado Shirley, bajo una concesión otorgada el 24 de septiembre 2007 y modificada el 15 de diciembre de 2010. Al cabo de unos años, los desconocidos “asociados” solicitaron a Padrés que presentara un esquema financiero que permitiera “salvaguardar el valor del dinero en el tiempo, en lo que se iniciaban los trabajos de exploración y explotación minera”. Entonces, el otrora gobernador panista, en su calidad de “beneficiario”, creó el 28 de marzo de 2011 el fideicomiso Phinius Trust, con el apoyo de las firmas Stichting Dolphinius y Citco Trustees. Después el 5 de abril de ese mismo año, ambas entidades citadas, crearon la sociedad Dolphinius CV, constituida en Ámsterdam. Del 8 de junio al 31 de agosto de 2012, cuando se registraron siete transferencias de los socios y luego la cancelación de este último fideicomiso, se generaron un millón de dólares en rendimientos financieros, lo que dio un total de 8.8 millones de dólares. Esta cantidad fue retirada por el propio Padrés –supuestamente como se señala en la demanda de amparo indirecto 846/2016, que consta de 491 hojas– por ser el beneficiario de los fideicomisos, y depositada posteriormente en las cuentas de la minera SWF SA de CV. Para probar su dicho, el investigado ofreció una copia certificada de la declaración fiscal de la minera en 2015, en la que incluye el pago de impuestos por el millón de dólares extra que se obtuvieron en réditos. Y la averiguación AP/PGR/DGAP/ZNO-XIV/13A/2016, es otra querella en la que se investiga los dos delitos anteriores: Pozo Nuevo de Padrés y los 8.8 millones de dólares.   Gobierno endeudado Pese a lo anterior, en la memoria sólo quedará el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a septiembre de 2015, cuando Padrés duplicó la deuda pública sonorense al pasar de 11 mil 258 millones a 23 mil 288 millones de pesos. Este incremento fue de 12 mil 30 millones, a un ritmo anual de 2 mil 5 millones; más de 167 millones mensuales, un total de 5.5 millones cada día. También están los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas de 2009 a 2015 que revelan que el gobernador sonorense sobre ejerció 62 mil 630 millones, acumuló 12 mil 897 observaciones de parte del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y tuvo al alcance de sus manos 336 mil 749 millones de pesos en presupuesto. Los señalamientos cuentan con sus respectivas carpetas de investigación que hasta ahora sólo han derivado en aseguramientos casi simbólicos de propiedades de Padrés.