MÉRIDA, Yuc. (apro).- Activistas del Equipo Indignación y de Guardianes del Agua denunciaron que, por segunda ocasión consecutiva, la empresa “Producción Alimentaria Porcícola” impidió la inspección judicial a la mega granja porcina instalada en el municipio de Homún, en la principal zona de recarga de los cenotes. La diligencia fue ordenada por el Juzgado Cuarto de Distrito como parte del procedimiento del juicio de amparo interpuesto por representantes de un grupo de niños de Homún, cuyo derecho a un medio ambiente sano se ve amenazado y como parte del pueblo maya que representa la mega granja. La comunidad de Homún se opone a la operación de esa industria, con capacidad instalada para 40 mil cerdos, porque tanto la extracción de agua como la descarga que genera representan un riesgo de contaminación del agua, además de que entró en operación con permisos expedidos de manera irregular por las autoridades. Los activistas recordaron que este impopular proyecto se echó a andar sin aplicar la consulta libre, previa e informada a que tienen derecho los pueblos originarios cuando su territorio se ve afectado. Y explicaron que ayer la empresa también impidió la inspección solicitada en el incidente de incumplimiento de la medida cautelar decretada desde octubre pasado y que consistía en parar por completo las operaciones de la granja. “La empresa no ha cumplido la medida cautelar decretada y ha obstaculizado e impedido la inspección que determinaría que se encuentran incumpliendo la medida”, acusaron. De igual manera, denunciaron que semanas atrás la empresa ofreció una inspección judicial como parte del juicio de amparo, pero se desistió de ella. La diligencia de ayer se decretó desde el pasado miércoles 7, cuando Indignación, junto con representantes de los niños de Homún, interpusieron el incidente de incumplimiento de sentencia. “Desde entonces se programó para el día 26 de noviembre, es decir ayer, pero representantes de la empresa negaron la entrada a personal del juzgado aduciendo que no sabían de la diligencia, a pesar de que estuvieron presentes, pues incluso presentaron alegatos”. Los inconformes añadieron que este martes la inspección ocular de documentos inició a la hora acordada, 10:15 de la mañana. No obstante, se volvió a impedir el acceso a la mega granja. “A la granja se llegó a las 11:15, después de la inspección de documentos que formaba parte de la diligencia, pero representantes de la empresa impidieron nuevamente el paso aduciendo que no era la hora acordada y se expresaron con prepotencia hacia el personal del juzgado”. A principios de octubre, subrayaron, el Juzgado Cuarto de Distrito decretó la medida provisional, y el 9 de octubre otorgó la suspensión definitiva en tanto se resuelve el amparo para proteger derechos de la infancia. Posteriormente, el 23 del mismo mes, la juez Cuarta de Distrito otorgó un plazo improrrogable de cinco días hábiles para cumplir la suspensión, y explicó que consistía en la paralización completa de actividades de la mega granja porcícola y las sanciones de las que pueden hacerse acreedoras las autoridades que tienen la obligación de garantizar dicha suspensión. “El plazo improrrogable se cumplió el pasado 6 de noviembre. Empresa y autoridades se encuentran en desacato ante la orden del juzgado cuarto de distrito”, remataron.