OAXACA, Oax. (apro).- Organizaciones civiles advirtieron del riesgo de un posible ataque armado en contra de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar en vísperas de la elección municipal extraordinaria prevista para el próximo 9 de diciembre. Sus argumentos se basan en que “un grupo armado al servicio de la candidata del PRI, Teresita Luis, se encuentra en la comunidad y ha realizado amenazas e intimidado a integrantes de la Asamblea”. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-Dh) responsabilizaron a las autoridades estatales y municipales de un nuevo hecho de violencia que se pueda suscitar en la comunidad. Al tiempo que solicitaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que emita una Alerta Temprana para resguardar la seguridad de las personas defensoras de la Asamblea que han sido amenazadas y en general de toda la comunidad, ante la polarización que vive la comunidad y el ambiente de confrontación alentado por la propia candidata del PRI. También urgieron a atender la problemática de fondo en el municipio de San Dionisio del Mar y no sólo la cuestión electoral, ya que existen violaciones graves a los derechos humanos que no han sido atendidas adecuadamente desde 2012, cuando se rompió el tejido comunitario con la llegada de la empresa Mareña Renovable, que pretendía instalar un parque eólico en esa comunidad Ikoots. Detallaron, mediante un comunicado urgente, que durante la semana pasada la actual presidenta municipal con licencia y candidata del PRI, Teresita Luis, inició su campaña en la Agencia de Huamuchil con la presencia de un grupo de personas, presumiblemente armadas. Esas personas, procedentes de Juchitán, han sido señaladas de disparar contra integrantes de la Asamblea en marzo pasado y actualmente se dedican a coptar personas locales e intimidar mediante amenazas de muerte a integrantes de la Asamblea, lo que incrementa la tensión en el interior de la comunidad. Recordaron que el pasado 20 de noviembre, en conferencia de prensa, la candidata del PRI señaló a los integrantes de la Asamblea como “los actores de la violencia”, criminalizando y evitando mencionar el contexto en que se han dado diversos hechos en la comunidad. Luego el jueves 22 de noviembre llegaron dos personas a avisar al palacio municipal, que se encuentra tomado desde el 2012, por integrantes de la asamblea, que “se cuiden” porque en cualquier momento “los van a tronar”. Y la noche del 24, una moto desconocida estuvo pasando a las afueras del palacio municipal en una clara actitud de provocación, gritando, insultando y buscando una confrontación con los integrantes de la Asamblea. Aunado a lo anterior, existe la preocupación en la comunidad por la seguridad de niñas y niños que acuden a las escuelas ubicadas en la entrada del pueblo (kinder, secundaria, bachillerato), pues en la misma zona se ha ubicado la oficina del PRI donde se encuentran estas personas, un grupo de entre 15-20 individuos. La preocupación de padres y madres de familia deriva de que ellas mismas han estado diciendo en varios puntos de la comunidad que se encuentran armados. Así también, la candidata del PRI está haciendo visitas domiciliarias desde el 19 de noviembre, ofreciendo dinero a cambio de votos y, en el caso de la Agencia de Huamuchil, condicionando la electrificación de las colonias a cambio de sufragios, según testimonios. Es de mencionar que de los seis candidatos registrados para la elección municipal, solo Teresita Luis realiza campaña, evidenciando un uso faccioso de apoyos gubernamentales, de su actual puesto de presidenta y de los apoyos entregados durante el sismo a través de fundaciones como Azteca y Checo Pérez. Para la Asamblea de San Dionisio, la lista de pendientes es larga: falta de justicia para las personas heridas en Semana Santa, las inconformidades por la actuación parcial de la autoridad municipal, la falta de atención durante el sismo, la compra de votos, la falta de información sobre el ejercicio municipal y del Comisariado de Bienes Comunales. Por estas razones, han manifestado su desacuerdo con el proceso electoral en curso, al no existir las condiciones para una contienda equitativa ni para la reconstrucción del tejido social. Aclararon que la Asamblea no se niega a la realización de las elecciones municipales pero sí ha pedido que se den las condiciones para ello. Mencionaron que desde 2012, la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar tomó el palacio municipal por los malos manejos de la autoridad municipal y la falta de información a la comunidad del Proyecto Mareña Renovables, que fue ampliamente rechazado y el cual fue suspendido al ganar la comunidad el amparo que resguarda la Barra Santa Teresa, zona de pesca y lugar sagrado de las comunidades de la Zona Lagunar. Así también, el pasado 29 de marzo de 2018, integrantes de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar fueron agredidos por personas ligadas a la candidata del PRI con armas de fuego y heridas cinco personas; una de ellas estuvo grave en el hospital de Juchitán por una herida en el estómago, misma que aún se encuentra en recuperación. Los hechos fueron denunciados, pero hasta el momento no hay avances en las investigaciones. Cabe señalar que éste fue el segundo ataque armado contra la Asamblea de San Dionisio, el primero fue en 2014.