CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó verificar el servicio de atención médica a empleados y jubilados --a través de auditorías o servicios de inspección-- en las entidades de la administración pública federal que ofrecen la prestación a través de particulares. Como resultado de ese acto de fiscalización, los órganos internos de control (OIC) determinaron 59 observaciones que ya fueron notificadas a las autoridades para que en los próximos 45 días hábiles puedan ser aclaradas o, en su defecto, se determinen las responsabilidades administrativas de servidores públicos y de empresas participantes. En un comunicado, la dependencia precisó que las instituciones que participaron en este proceso de fiscalización fueron: el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Y entre los aspectos sometidos a revisión destacaron: el gasto de siniestralidad, gasto de administración del servicio, la aplicación de descuentos en medicamentos y servicios médicos, la aplicación de penalizaciones por incumplimientos, el número de derechohabientes, y altas y bajas del padrón de la prestación de servicio (personal activo, jubilado, pensionado y sus beneficiarios).