CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) gestionó que dos hondureños, detenidos de manera indebida por policías municipales en Tijuana, fueran reintegrados con sus respectivas familias. En un comunicado, el organismo detalló la detención de una persona migrante quien, tras acudir a una tienda de abarrotes en compañía de su esposa y sus dos hijas menores de edad, fue detenida por elementos policiales, conducida a la Estancia Municipal de Infractores de Tijuana y presentada ante dos jueces municipales. Visitadores adjuntos de la CNDH acudieron a la Estación Migratoria de esta ciudad para observar que las autoridades respetaran los derechos fundamentales de esa persona, recibiera trato digno y se le proporcionara información sobre su situación jurídica. Además, se solicitó verificar el contexto en que fue detenida y se expuso la vulnerabilidad que enfrentaría su familia en caso de que se le iniciara el trámite de deportación correspondiente. Ante ello, el Instituto Nacional de Migración (INM) reconsideró la situación y determinó su liberación, lo que facilitó su regreso al albergue y reintegración al núcleo familiar. El organismo conoció este caso durante los recorridos que visitadores adjuntos realizan diariamente en el albergue instalado en la Unidad Deportiva Benito Juárez de la ciudad fronteriza. En el segundo caso, relata la comisión, también se brindó acompañamiento y asesoría jurídica a un ciudadano hondureño quien refirió que su pareja fue detenida por personal de la Policía Municipal, lo que provocó que las hijas de dicha mujer, de cuatro y seis años de edad, quedaran en situación de indefensión. Ante ello, la CNDH solicitó al INM reconsiderar la detención de esa persona, con base en el principio del interés superior de la niñez y su derecho a la reunificación familiar, por lo que se le permitió salir de la estación migratoria y reintegrarse al albergue ubicado en la Unidad Deportiva con sus dos hijas y su pareja. Finalmente, la CNDH indicó que continuará con sus actividades de protección y asistencia a las personas de la caravana migrante, haciendo énfasis en que la única instancia facultada para verificar la situación jurídica de las personas extranjeras en nuestro país es el INM.